Por Agencias
La petición fue hecha al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una carta firmada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y entregada hoy por una delegación hondureña encabezada por el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez.
'Quiero nuevamente reiterar la solicitud pública de acompañamiento y apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) referente al proceso de depuración policial', señala la misiva publicada por Sánchez en su cuenta de Twitter.
El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía, que inició en 2011 pero sin los resultados esperados, tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y de The New York Times, en abril, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que habrían participado en el crimen en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González y en 2011 del exasesor antidrogas Alfredo Landaverde.
Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
Más de 620 altos oficiales y agentes han sido separados de la Policía de Honduras como parte de un proceso de depuración de la institución iniciado en abril pasado, según cifras de una comisión nombrada por el gobernante para ese proceso.
Desde que arrancó, la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras ha evaluado a 1.515 oficiales, de estos 628 han sido dados de baja, según un informe de ese comité divulgado el 20 de septiembre.
El gobernante hondureño señala en la carta que Almagro 'conoce la situación' de Honduras, así como 'los esfuerzos' que a diario se hacen en el país para 'construir una patria diferente' para que 'nos podamos acercar a la igualdad de oportunidades para el desarrollo de todas las familias hondureñas'.
Además pide apoyo a la OEA para que la Maccih acompañe el proceso de 'depuración y certificación del manejo de los centros penitenciarios'.
Hernández dijo el 16 de septiembre que enviará al Parlamento hondureño una iniciativa de ley para reestructurar el sistema penitenciario, con medidas que incluyen aislar a presos peligrosos, lo cual comenzó una semana después con el traslado de 37 presos a una cárcel de máxima seguridad en el occidente del país.
Según datos de las autoridades hondureñas, algunos reclusos dirigen desde las cárceles acciones como asesinatos, narcotráfico, extorsión y el asalto a bancos y otros negocios a través de llamadas y mensajes por teléfonos móviles. En las 24 cárceles de Honduras residen más de 17.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y más del 50 % no han sido sentenciados, según diversas fuentes oficiales y organismos defensores de los derechos humanos.
El gobernante hondureño agradece en su misiva a la OEA 'su enorme voluntad' para con Honduras, especialmente en materia de seguridad y combate a la corrupción.
