Por estrategiaynegocios.net
Muchas cosas se han dicho sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria impulsado por el Gobierno de Xiomara Castro, en Honduras. Los analistas coinciden en que los escenarios “apocalípticos” a los que se suele hacer referencia no representan una amenaza seria a la estabilidad económica a corto plazo.
Pero eso no significa que la ley esté libre de problemas, ya que, de hecho, adolece de falta de garantías a la seguridad jurídica cuando deja a la discrecionalidad de un funcionario el mantenimiento o la revocación de beneficios fiscales que, en principio, tendría que proteger.
Uno de los justificantes que se utilizan para promover la aprobación de la ley es que se presenta como una solución para los abusos en que se incurre a través de los regímenes fiscales especiales, en los cuales, señalan sus productores, a menudo se producen situaciones que llevan a que cierto número de contribuyentes incumplan sus obligaciones tributarias, situación que se ha mantenido por décadas.
“El problema de los abusos es que vivimos en un país donde es fácil dejar de cumplir las obligaciones tributarias. Entonces, el problema es que la capacidad estatal de controlar los abusos ha sido, diríamos, curiosamente, débil”, opina el analista Rodulio Perdomo.
El analista observa además que países como Honduras son objeto de escrutinio por parte de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en cuanto a legislación tributaria.
“En buena medida la Ley de Justicia Tributaria es una respuesta a ese llamado de atención de la Ocde, que tenemos que hacer los cambios para que no sea Honduras considerada un paraíso fiscal”, dice Perdomo.
Otro de los argumentos que los detractores de la ley utilizan para justificar su postura es que, con la eliminación de los beneficios fiscales que se prevé en la ley, se ponen en riesgo las inversiones, la competitividad del país y los empleos.
Cabe señalar que, si bien la ley sí pretende derogar la mayoría de los regímenes fiscales especiales y reducirlos a poco más de dos (llamados Rinde y Régimen de Zonas Francas), también incluye en su artículo 13 que “los obligados tributarios que están liberados de forma total o parcial del pago de la obligación tributaria continuarán gozando hasta su finalización del beneficio de exoneración otorgado conforme a la ley que le dio origen”.Pero otros analistas llaman la atención hacia la otra cara de la moneda.
“Si la ley solo incluyera ese artículo, yo creería que hay un nivel de confianza mayor, porque muchos de (los beneficios existentes), sus periodos van a expirar dentro de una cantidad considerable de tiempo”, señala Aníbal Cálix, del portal Mi Empresa, pero agrega que “la ley también más adelante dice que estos beneficios pueden ser eliminados mediante una acción administrativa; no como ahorita, que se le quitan a usted solo si es vencido en juicio”.
De acuerdo con Cálix, se necesitan salvaguardas adicionales en la ley que impidan dejar a la discreción de un funcionario el mantenimiento o la revocación de los beneficios fiscales otorgados.
“Yo veo una debilidad, y eso hay que ponerlo sobre la mesa: la competitividad no se logra solamente con exoneraciones fiscales. Desarrollo económico no se logra solamente regulando las exoneraciones. Es un paso, pero no es lo único”, indica Rafael Delgado, presidente del capítulo sampedrano del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).
Este economista mira que el proyecto de ley tiene espacio para mejora en el sentido de que se agreguen disposiciones bien claras y precisas sobre las cosas adicionales que hay que hacer para generar competitividad.
“No solo se trata de recortar y regular mejor las exoneraciones fiscales, sino de crear una política integral que tenga otros instrumentos para generar competitividad, para atraer inversión nacional y extranjera, para crear empleo y para generar ingresos adicionales en la población. Entonces, yo creo que de eso se trata: un poquito más de valor para no quedarnos solamente en la eliminación de lo que ya existía, sino en la creación de nuevas herramientas” legales que sustituyan lo que se pretende eliminar, postula Delgado.
Con información de La Prensa
