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Guatemala: activistas apoyan pruebas psiquiátricas a Ríos Montt

Tribunal guatemalteco ordenó el ingreso del exdictador para determinar su capacidad mental para enfrentar juicio por genocidio.

2015-07-24

Por: AFP

Activistas humanitarios celebraron este viernes la decisión de un tribunal guatemalteco de ingresar a un hospital psiquiátrico al exdictador Efraín Ríos Montt, para someterlo a nuevos estudios que determinen si cuenta con la capacidad mental para enfrentar un juicio por genocidio.

'La decisión demuestra una certeza jurídica porque podrá determinar si Ríos Montt recibe medicamentos para mantenerlo dopado a propósito para decir que padece demencia', dijo a la AFP Mario Polanco, director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo, creado por familiares de desaparecidos durante los 36 años de guerra civil, entre 1960 y 1996.

El Tribunal B de Mayor Riesgo ordenó el jueves el ingreso de Ríos Mont al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora a solicitud de la Fiscalía, que cuestionó un informe del Instituto Forense que lo declaró incompetente para enfrentar el juicio.

El exjefe de facto permanecerá en ese centro del 25 de julio al 3 de agosto para una nueva evaluación psiquiátrica.

La decisión se tomó en el inicio del segundo juicio por genocidio contra Ríos Montt, pero la solicitud de la Fiscalía de internarlo en el centro médico impidió abrir el debate oral y público.

El general de 89 años enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen, de 1982 a 1983.

De victimario a víctima

Aunque Polanco expresó su satisfacción por los nuevos estudios, consideró como un riesgo para la salud del exdictador el traslado al centro médico debido a su estado delicado por su avanzada edad.

'Si llega a sufrir alguna lesión será responsabilidad del Estado y pasará de victimario por su pasado a víctima', afirmó el activista.

En tanto, la máxima dirigente de la Fundación de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elena Farfán, indicó a la AFP que los nuevos análisis médicos determinarán si 'recibe medicamentos para mantenerse somnoliento'.

No obstante, Farfán estimó que como ser humano también se debe 'cuidar la salud, sin importar lo que hizo en su tiempo'.

'Es una decisión apegada a derecho en el sentido a que ha sido la defensa que ha dicho que el general Ríos Montt no puede enfrentar este proceso por demencia senil', afirmó a la AFP el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Francisco Soto, uno de los querellantes en el caso.

Sin embargo, los activistas estimaron que si la evaluación revela la incapacidad del exdictador, el caso quedará en la impunidad.

Tribunal parcializado

Por su parte, la defensa criticó la decisión del tribunal y la calificó de parcializada porque rechazó la petición de internar al militar en un hospital privado.

'La resolución es atropellante y evidencia la falta de imparcialidad, porque estamos proponiendo un hospital psiquiátrico (privado) donde pueden llegar las partes procesales y no entendemos porque no permiten trasladarlo', lamentó a la AFP el abogado defensor Jaime Hernández.

'La decisión es evidencia de la parcialidad porque no se está juzgando realmente conforme a la ley. Hoy por hoy podemos decir que ellos se salieron con la suya ilegalmente', agregó.

Junto a Ríos Montt será procesado el exjefe de inteligencia de su gobierno de facto, José Rodríguez, quien llegó a la sala de audiencias en silla de ruedas debido a que fue operado de la rodilla izquierda.

El exdictador volvió a comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión dictada el 10 de mayo de 2013 alegando errores procesales, por lo que ordenó repetir el juicio.

El pasado 5 de enero se intentó realizar la audiencia, pero la defensa del militar pidió separar del caso a la jueza Jeannette Valdez, integrante del tribunal, por haber opinado sobre el genocidio en una tesis académica en 2004.

El régimen de Ríos Montt es considerado el más sangriento del conflicto armado que dejó en Guatemala 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996, según un informe de la ONU.

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