Por José A. Barrera - Revistaeyn.com
El gobierno panameño se prepara para iniciar con el cierre total de operaciones de Cobre Panamá, así lo confirmó el presidente Laurentino Cortizo en un mensaje a la nación, donde apareció junto a miembros de su gabinete.
La empresa, que administra la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, cesará operaciones luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que el contrato de operaciones, en favor de la canadiense First Quantum Minerals, es inconstitucional.
"Pueblo panameño. En reiteradas ocasiones he expresado mi convicción de que la justicia es la columna vertebral de la democracia. Todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que son finales, definitivas y obligatorias", dijo el presidente Cortizo en un mensaje a la nación, donde apareció junto a miembros de su gabinete, los ministros Héctor Alexander (Economía y Finanzas); Milciades Concepción (Ambiente); Doris Zapata (Trabajo y Desarrollo Laboral); Roger Tejada (Gobierno) y Federico Alfaro Boyd (Comercio e Industrias).
Destacó que tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia procederá de inmediato a su publicación en Gaceta Oficial e iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina.
Cortizo añadió que "por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa".
EL LARGO CAMINO DE COBRE PANAMÁ
La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de un contrato que se remonta a 1997, cuando el Estado firmó un acuerdo con la sociedad minera Petaquilla Minerals S.A., un acuerdo que fue cuestionado por ambientalistas.
En 2014, Petaquilla Minerals vendió la operación a una filiar de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) que en 2017 recibió una prórroga para mantener la operación por 20 años, pese a que la Corte Suprema declaró el contrato de 1997 como inconstitucional.
Pese al vacío, FQM siguió invirtiendo en el territorio y para 2019 comenzó a exportar cobre a partir de una producción anual de 300.000 toneladas de concentrado de cobre que disparó rápidamente a la mina como la mayor exportadora del país (representan el 75 % de las exportaciones panameñas).
Pese a que en 2021, el gobierno de Cortizo decidió negociar un nuevo contrato con FQM, el acuerdo finalmente se logró en agosto de 2023, lo que desató una ola de protestas que han paralizado al país.
FQM sostiene que sus inversiones en el territorio suponen los US$10.000 millones y pese a que suavizó su discurso, esta semana advirtió que puede activar un arbitraje internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
¿Arbitraje contra Panamá en camino?
En los últimos días la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) informó que las implicaciones de un arbitraje pueden poner suponer un grave impacto para el país.
La entidad dijo que si el país pierde, el Estado tendría que pagar US$50.000 millones.
"La contribución económica de Cobre Panamá supera los US$50 millones por semana, equivalente al 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá. Además, empleamos directamente a más de 7.000 personas y 33.000 de manera indirecta", dijo FQM en un comunicado.
La empresa también destacó que aporta casi US$20 millones por semana gracias a los acuerdos que tiene con proveedores locales.
En su último comunicado, FQM dijo que la empresa se mantiene atenta al inicio de un diálogo constructivo que permita definir un curso de acción, pero a partir de medidas que "satisfagan" las demandas de la población, pero que también tomen en cuenta los "intereses y expectativas legítimas que emergen de una inversión realizada de buena fe en Panamá hace más de 20 años".
