POR AFP
El gobierno de Alejandro Giammattei dijo este martes que no tiene nada que ver con la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, conocido por sus críticas al Ejecutivo.
“Somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de la autonomía del ente investigador y de la división de los tres poderes del Estado de Guatemala”, dijo a periodistas Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
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“En tal virtud, el Organismo Ejecutivo no tiene ninguna injerencia de las decisiones judiciales ni en las investigaciones del Ministerio Público”, indicó el funcionario.
Zamora fue capturado el viernes en su residencia, allanada al igual que la sede del periódico, en el que se denuncian presuntos casos de corrupción de Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras.
Desde el diario se acusa al gobierno de haber ordenado el arresto de ambos en represalia por el contenido de sus informaciones.
Zamora, que cumple prisión preventiva, tenía previsto declarar ante un juez el lunes, pero la cita fue suspendida por el retraso del envío del expediente al juzgado que ventila la acusación y fue trasladada para este miércoles.
El Ministerio Público acusa a Zamora de lavado de dinero en un caso bajo reserva y sostiene que la detención es en “su calidad de empresario” y no de periodista, afirmación que rechaza el diario y el gremio de prensa.
Esa versión fue puesta en entredicho la víspera por periodistas después de que fueran congeladas bajo orden judicial las cuentas bancarias del diario, una petición que surgió de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ente a cargo de las investigaciones.
Por el proceso contra Zamora también fue detenida Samari Gómez, auxiliar fiscal de la FECI, señalada de revelación de información confidencial o reservada.
La detención de Zamora ha provocado una ola de llamados a respetar la libertad de expresión y alertas de ataques contra medios independientes.
“Los ataques al diario El Periódico y la detención de Zamora son acciones de un estado autoritario que no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló el lunes en un comunicado la ONG Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
