Por: Agencia AFP
El gobierno de Costa Rica envió este martes al Congreso su tercera versión de un plan de alzas generalizadas de impuestos al consumo, ahora consensuada con sectores opositores, en procura de reducir un déficit que orilla el 5,5% del Producto Interno Bruto.
La lucha por una reforma fiscal ha consumido el primer año y medio del gobierno de la Presidente Laura Chinchilla, cuyo partido Liberación Nacional (en su origen socialdemócrata) dispone solamente de 24 de los 57 legisladores del congreso unicameral.
La meta es recaudar al menos 900 millones de dólares adicionales (un 2% del PIB) lo que equivale a unos 1.000 dólares anuales por cada familia costarricense.
Esta nueva versión incorporó como parte de una negociación con el principal partido de oposición (el centroizquierdista Acción Ciudadana, 11 escaños), algunas exenciones en impuestos al consumo, compensadas con tributos a empresas extranjeras y el concepto de 'renta mundial' para gravar ingresos en otros países.
El gobierno negoció además el apoyo de dos diputados evangélicos y de cuatro legisladores de un partido que defiende los derechos de los minusválidos, para reunir los 38 votos que requiere sacar el proyecto mediante el trámite de 'vía rápida', y lograr su aprobación antes de fin de año.
'No tenemos dudas con respecto a los partidos que nos apoyan en esta reforma' dijo el ministro de la presidencia Carlos Benavides, acerca de este tercer intento de conseguir fondos.
'El nuevo proyecto toma en cuenta aspectos fundamentales. Se impulsó un proyecto progresivo (...) y pueden contar con nuestro voto' dijo el diputado Manrique Oviedo, líder de la bancada parlamentaria del PAC.
Sin embargo casi tres cuartas partes de los recursos fiscales adicionales provendrán de generalizar a casi toda la actividad económica el impuesto a las ventas, con un alza de alicuota de 13 a 14%, exceptuando un puñado de 200 productos y servicios.
Para compensar esas mermas negociadas, se introdujeron en el proyecto el concepto de 'renta mundial', tributos sobre transferencias financieras, giros de utilidades y aplicación progresiva del impuesto a las ganancias a las empresas instaladas en zonas francas.
'La intención de eliminar incentivos aprobados hace muy poco tiempo es una muy mala señal para la inversión extranjera' se quejó días atrás la directora de la oficina de promoción de inversiones en Costa Rica (Cinde), Gabriela Llobet.
Las zonas francas han sido el principal motor de la inversión extranjera en Costa Rica y en las empresas allí instaladas laboran 60.000 personas, casi un 5% de la fuerza laboral del país.
La oposición más feroz a la reforma viene de filas del Movimiento Libertario, tercera fuerza parlamentaria con 9 escaños, y que rompió su alianza parlamentaria con el gobierno a comienzos de año precisamente a causa de los intentos de reforma fiscal.
Los libertarios han acusado al gobierno de limitarse a proponer alzas de impuestos sin atacar el problema del gasto, que además de financiar la quebrada seguridad social, afronta los salarios de un gigantesca burocracia repleta de altos funcionarios de carrera que cobran muchos miles de dólares mensuales.
A aquellas críticas y ante lo que parece una inevitable aprobación de la reforma, los libertarios sumaron ahora su oposición a la vía rápida, algo legal pero 'ilegítimo, pues no permite la publicidad en el debate, como se lo merece el pueblo', dijo el diputado Carlos Góngora en el plenario legislativo.
