Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net
Un juez inhabilitó el miércoles, a pedido del Ministerio Público, al Movimiento Semilla, partido al que está inscrito Bernardo Arévalo, el segundo candidato a la presidencia más votado, quien pasa a segunda vuelta, según los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio oficializados apenas ayer por el Tribunal Supremo Electoral.
Mientras ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala oficializaba los resultados de las elecciones generales 2023 y confirmaban que la segunda vuelta se llevará a cabo el 20 de agosto, surgió una nueva resolución judicial que pone en vilo el proceso. La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala informó que el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, de Arévalo.
Sin embargo, bajo amparo de la Corte Constitucional, la segunda vuelta sigue en pie para el 20 de agosto con Torres y Arévalo como candidatos.
Frente a ello, todo el liderazgo empresarial guatemalteco advirtió que no se puede suspender a ningún partido después de la convocatoria a una elección. La pregunta que más se repite es: ¿Se celebrará la segunda vuelta el 20 de agosto? Los empresarios han acuerpado la declaratoria del TSE demandando que sí se cumpla el proceso con los dos candidatos declarados ganadores.
“Es imperativo respetar la decisión de la máxima autoridad electoral y la voluntad de los guatemaltecos”, destacó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), entidad cúpula del empresariado guatemalteco. Por su parte, la Cámara del Agro advirtió: “Los guatemaltecos estamos llamados a defender los fundamentos del sistema democrático”.
“Los recientes sucesos provocan inestabilidad en el proceso electoral, lo cual puede tener efectos perjudiciales en la democracia del país”, advirtieron los empresarios agrupados en la Cámara Americana de Comercio de Guatemala (Amcham).
Mientras, el Consejo Nacional Empresarial fue más específico y rechazó “las acciones del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el Juzgado Séptimo Penal contra el proceso electoral”. Recordaron que según el artículo 92 de la Ley Electoral, que es de rango Constitucional, no se pueden suspender partidos en época de campaña. Y reclamaron: “Dejen que los guatemaltecos decidan en las urnas”.
¡Respeto a la decisión de los votantes!
Ante el panorama de incertidumbre, los empresarios, agrupados en las diversas cámaras del país emitieron sus posturas.
Los posicionamientos del empresariado, frente a la segunda decisión judicial que impacta la continuidad de la segunda vuelta electoral (la primera fue un fallo de la Corte de Constitucional pidiendo la revisión de resultados, que retrasó la proclamación de los ganadores de la primera vuelta), se dieron a través de comunicados oficiales.
El Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) manifestó que “Es imperativo respetar la decisión de la máxima entidad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas” el 25 de junio, en la primera vuelta presidencial.
Las declaraciones del CACIF, que se declara en sesión permanente para monitorear el desarrollo de la crisis surgida tras la resolución judicial, fueron emitidas mediante un comunicado de prensa en donde aseguraron que el Artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “establece claramente” que “No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, dice el documento.
Por su parte, la Cámara del Agro, indicó que el TSE ya convocó para la segunda vuelta conforme al calendario establecido. “Es imperativo respetar y proteger el sistema de elecciones libres y democráticas en el país, haciendo valer el voto emitido por los ciudadanos”, detallaba por medio de un comunicado.
A este llamado se sumó la Cámara Guatemalteca de la Construcción, quienes agregan que “es imprescindible que no sea perturbado el resultado electoral con actos o resoluciones que no están apegadas a derecho”.
La Cámara de Comercio también emitió un comunicado en donde exigen certeza jurídica electoral y su apoyo para “la certeza jurídica propia a los principios de nuestra República”.
Igualmente, Fundesa indicó que se debe respetar el debido proceso y el estado de derecho, por lo que pidió a “todas” las autoridades que “no se dejen llevar por presiones políticas o de ninguna índole que conlleve a que se debilite el estado de derecho en nuestro país”.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) fue más allá, además de sumarse a los llamados de las otras gremiales, dijo “exhortamos a prepararnos para asistir a las urnas el 20 agosto”.
Por su parte, la Fundación Libertad y Desarrollo sentenció que “el orden Constitucional guatemalteco está en peligro”. Planteó que “la Corte Constitucional tiene hoy una nueva oportunidad para hacer valer la Constitución. Guatemala ha superado graves crisis constitucionales en el pasado y lo hará también en 2023”.
Otras reacciones
¿Sigue en pie la segunda vuelta para el 20 de agosto? “No conocemos el alcance de la decisión jurídica”, dijo Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE respecto a la suspensión de la personalidad jurídica del partido político. De confirmarse, por lo que siguen con el calendario electoral como está y debería realizarse el balotaje en un mes.
La incertidumbre generada por estos actos, alertó a la comunidad internacional, quienes, como el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, dicen estar preocupados por el panorama de incertidumbre, que amenaza la estabilidad democrática del país centroamericano.
“Estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del @MPguatemala (Ministerio Público) a la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes”, escribió en un tuit Nichols.
