Testigos criteriados presentados por la Fiscalía General de la República en el caso contra del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, confirman que desde la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial (Capres) se desviaron -de forma ficticia- US$191 millones, entre los años 2004-2009.
Según el Ministerio Público, todo se hizo de forma premeditada y se detalla que 'más de US$191 millones se sustrajeron en efectivo y que es un mecanismo que se utiliza por los investigados, no solo en este caso, sino también en otros, porque con el retiro en efectivo se le pierde la pista, diferente a un cheque que si se quiere trasladar tiene la firma de endoso y DUI".
Para hacer el desvío de los fondos el expresidente Saca, supuestamente, acudió a sus más cercanos secretarios y también a empleados encargados de las finanzas, porque el plan era sustraer el dinero del Tesoro Público de Casa Presidencial y argumentar la discrecionalidad en su uso.
La Fiscalía sostiene que en materia de fondos públicos, en los gastos no opera la discrecionalidad. "En fondos públicos opera la legalidad y debe estar determinado, si no cualquier persona hace del dinero lo que ellos quieren, tiene que aplicarse toda la normativa de contabilidad gubernamental y todas las normas de transparencia" señaló uno de los fiscales.
Los testigos han dicho a la Fiscalía que la forma ficticia de sustraer el dinero era hacer ver que Casa Presidencial contrató sociedades para diversos servicios, pero eso nunca ocurrió.
Los testimonios se refuerzan con informes del Ministerio de Hacienda que lleva el registro de las contrataciones institucionales del Estado y donde se le hace ver al Ministerio Público que no existen contrataciones de sociedades a favor de la Presidencia.
Pero además del supuesto traslado ficticio de dinero, la Fiscalía menciona que se abrieron 14 cuentas bancarias a nombre de élmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez para alimentarlas con fondos de la cuenta subsidiaria de Capres.
Posteriormente, ese dinero fue transferido a empresas del expresidente y de César Funes, con la colaboración de Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero institucional de Capres.
Mario Machado, abogado del expresidente Saca, dijo que eso no es cierto y que incluso la Fiscalía no tiene una cuantía real de lo que ellos califican como gastos legales e ilegales.
"Explicaría que si la tesis de la Fiscalía es real, durante los períodos del 2004 al 2009, no se pagó ningún servicio de la presidencia, lo cual es falso, eso no es cierto", sostuvo Machado.
