Por El Diario de Hoy
Las cuentas bancarias personales y de las empresas del expresidente Elías Antonio Saca y la exprimera Dama, Ana Ligia de Saca registran 131 millones 807 mil 102.76 dólares, de acuerdo a un examen financiero que realizó la Fiscalía General.
El hallazgo financiero forma parte de la acusación presentada en los tribunales y que tiene al exgobernante detenido en el penal de Mariona junto a varios de sus exfuncionarios, y a su esposa y 16 personas más enfrentando un proceso judicial por lavado de dinero.
En este último caso, la Fiscalía ha acusado a la exprimera Dama y 16 personas más porque supuestamente lavaron 22 millones de dólares que habrían sido desviado durante la gestión presidencial de Saca.
Ayer, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra la señora de Saca y las otras 16 personas acusadas. La investigación fiscal señala que Saca y Ana Ligia tenían en sus diferentes cuentas bancarias montos millonarios que no coinciden con los ingresos generados por sus empresas y que luego del informe de la Sección de Probidad aprobado por la Corte Plena y dio paso a iniciar un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito. La alerta fue el aumento patrimonial no justificado del expresidente Saca, no logró desvanecer US$2.224.389,64 y su esposa, US$589.608,42, así como US$1.745.623,59, esta última cifra fuera de su período presidencial.
En total, Saca no pudo justificar la legalidad de ingresos por US$3.970.013,23 y Ana Ligia, US$589.608,42. Entre ambos acumulan US$4.559.621,23, no pudieron demostrar cómo fueron obtenidos legalmente.
El informe de Probidad dio paso a la Fiscalía General iniciará una serie de estudios financieros y requerimientos al sistema bancario del país. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General procedió a verificar las declaraciones de ingresos y utilidades de Saca, Ana Ligia y las siguientes empresas: Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión Usuluteca, Radiodifusión de El Salvador de El Salvador y, Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno FM, para lo que analizaron tres períodos (antes, durante y posterior al mandato de Saca).
En ese informe inicial las autoridades detectaron un "incremento significativo en los ingresos y utilidades en el período de gestión como Presidente de la República, a diferencia del comportamiento reflejado en los años 2010-2014, en los cuales las sociedades presentaron pérdidas en sus ejercicios, pero no así en sus ingresos".
La acusación contra Saca indica que "Saca González y su esposa presentaron un comportamiento ascendente hasta un 566% anual en comparación del período inicial con el final, lo que difiere en lo reportado por las Sociedades".
Según la investigación fiscal, todas las empresas registraban pérdidas en el período 2010-2014, que van desde -03 % hasta el -45 %; la empresa que más pérdidas registró fue Radiodifusión Usuluteca.
Según la Fiscalía, las Sociedades de Saca reflejaron aumentos significativos en sus promedios anuales de ingreso en un 172 % al año y sus utilidades aumentaron de un 2 % a un 28 %, "en el cual aunque los ingresos se mantienen arriba de los US$5,5 millones pro año (92% en relación al período Presidencial. Sus Sociedades presentaron pérdidas promedio por año, del 10%".
En la investigación financiera con los bancos la Fiscalía logró establecer que Saca, familiares y Sociedades lograron transacciones bancarias que sobrepasaron los 131 millones de dólares (Ver cuadro de cuentas bancarias a la derecha).
Empleados de Presidencia y publicistas
En la acusación contra Saca se establece casi un patrón que según la Fiscalía se ha usado para obtener los recursos de las arcas del Estado.
El primero, que exfuncionarios y exempleados de la Presidencia de la gestión de Saca recibieron cheques y transacciones de fondos de la cuenta del Estado.
Francisco Rodríguez Arteaga, Jefe Unidad Financiera de la Presidencia; Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero institucional; Pablo Gómez, empleado de la Presidencia. Así como los exfuncionarios Julio Rank y César Funes movilizaron fondos de la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para abonar a cuentas de Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez por un monto de US$246.224.272,72.
Las cuentas bancarias personales y de las empresas del expresidente Elías Antonio Saca y la exprimera Dama, Ana Ligia de Saca registran 131 millones 807 mil 102.76 dólares, de acuerdo a un examen financiero que realizó la Fiscalía General.
El hallazgo financiero forma parte de la acusación presentada en los tribunales y que tiene al exgobernante detenido en el penal de Mariona junto a varios de sus exfuncionarios, y a su esposa y 16 personas más enfrentando un proceso judicial por lavado de dinero.
En este último caso, la Fiscalía ha acusado a la exprimera Dama y 16 personas más porque supuestamente lavaron 22 millones de dólares que habrían sido desviado durante la gestión presidencial de Saca.
Ayer, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra la señora de Saca y las otras 16 personas acusadas. La investigación fiscal señala que Saca y Ana Ligia tenían en sus diferentes cuentas bancarias montos millonarios que no coinciden con los ingresos generados por sus empresas y que luego del informe de la Sección de Probidad aprobado por la Corte Plena y dio paso a iniciar un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito. La alerta fue el aumento patrimonial no justificado del expresidente Saca, no logró desvanecer US$2.224.389,64 y su esposa, US$589.608,42, así como US$1.745.623,59, esta última cifra fuera de su período presidencial.
En total, Saca no pudo justificar la legalidad de ingresos por US$3.970.013,23 y Ana Ligia, US$589.608,42. Entre ambos acumulan US$4.559.621,23, no pudieron demostrar cómo fueron obtenidos legalmente.
El informe de Probidad dio paso a la Fiscalía General iniciará una serie de estudios financieros y requerimientos al sistema bancario del país. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General procedió a verificar las declaraciones de ingresos y utilidades de Saca, Ana Ligia y las siguientes empresas: Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión Usuluteca, Radiodifusión de El Salvador de El Salvador y, Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno FM, para lo que analizaron tres períodos (antes, durante y posterior al mandato de Saca).
En ese informe inicial las autoridades detectaron un "incremento significativo en los ingresos y utilidades en el período de gestión como Presidente de la República, a diferencia del comportamiento reflejado en los años 2010-2014, en los cuales las sociedades presentaron pérdidas en sus ejercicios, pero no así en sus ingresos".
La acusación contra Saca indica que "Saca González y su esposa presentaron un comportamiento ascendente hasta un 566% anual en comparación del período inicial con el final, lo que difiere en lo reportado por las Sociedades".
Según la investigación fiscal, todas las empresas registraban pérdidas en el período 2010-2014, que van desde -03 % hasta el -45 %; la empresa que más pérdidas registró fue Radiodifusión Usuluteca.
Según la Fiscalía, las Sociedades de Saca reflejaron aumentos significativos en sus promedios anuales de ingreso en un 172 % al año y sus utilidades aumentaron de un 2 % a un 28 %, "en el cual aunque los ingresos se mantienen arriba de los US$5,5 millones pro año (92% en relación al período Presidencial. Sus Sociedades presentaron pérdidas promedio por año, del 10%".
En la investigación financiera con los bancos la Fiscalía logró establecer que Saca, familiares y Sociedades lograron transacciones bancarias que sobrepasaron los 131 millones de dólares (Ver cuadro de cuentas bancarias a la derecha).
Empleados de Presidencia y publicistas
En la acusación contra Saca se establece casi un patrón que según la Fiscalía se ha usado para obtener los recursos de las arcas del Estado.
El primero, que exfuncionarios y exempleados de la Presidencia de la gestión de Saca recibieron cheques y transacciones de fondos de la cuenta del Estado.
Francisco Rodríguez Arteaga, Jefe Unidad Financiera de la Presidencia; Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero institucional; Pablo Gómez, empleado de la Presidencia. Así como los exfuncionarios Julio Rank y César Funes movilizaron fondos de la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República para abonar a cuentas de Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez por un monto de US$246.224.272,72.
