Por AFP
En marzo del 2016, tras la masacre de 11 trabajadores a manos de pandilleros, el gobierno lanzó la ofensiva con medidas extraordinarias para cortar la comunicación de dirigentes detenidos de las llamadas maras con el exterior en seis presidios, mientras la policía emprendió la búsqueda de 100 de los cabecillas más peligrosos.
"Hay que reconocer que hubo un giro a partir de las medidas extraordinarias, que son una parte importante para contener el aumento de los homicidios, las extorsiones y otras formas de delinquir", declaró a la AFP el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano.
La ofensiva contra las pandillas, que suman unos 70.000 personas, de las cuales 16.000 están encarceladas, se vio fortalecida en el terreno con la creación de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, cuyo desplazamiento obligó a los cabecillas a refugiarse en áreas rurales o emigrar a países vecinos.
El martes, el director de la policía, Howard Cotto, reveló la reducción en 61 por ciento de los homicidios en lo que va del año.
Desde el 1 enero hasta el 20 de marzo, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad, el país registró 722 homicidios, una cifra inferior a las 1.854 muertes violentas en igual período del año pasado.
En ese mismo período, la fiscalía registró la denuncia de 588 desaparecidos, en su mayoría atribuidas a las violentas pandillas que en muchos casos entierran a sus víctimas o las abandonan en bolsas en plena vía pública.
En el 2016 hubo 5,278 homicidios, 20.7 por ciento menos que en el 2015, mientras que la cifra de desaparecidos en ese año fue de 3,330.
Pese a la reducción, El Salvador tiene una tasa de 81.2 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, muy superior al promedio mundial de 6.7 por cada 100.000 establecido por la Organización Mundial de la Salud.
En la búsqueda de los cabecillas de pandillas, Cotto informó que 66 de los 100 más buscados están "fuera de circulación, que han sido detenidos o han fallecido en enfrentamientos con la policía.
Pero mientras la policía celebra el éxito de su campaña, analistas y organismos humanitarios alertan que el combate de la criminalidad repercute en un aumento de las violaciones a los derechos humanos.
"El país está entrando en un estado cada vez más crítico y cada vez es más evidente una guerra social que nadie sabe a dónde nos va a llevar", advirtió a la AFP el criminólogo Carlos Carcash.
Las dudas de Carcash están centradas en los enfrentamientos armados entre efectivos de seguridad y las pandillas, presentadas por las autoridades como "grupos fortalecidos con capacidad de enfrentar a la policía".
"Tengo la impresión de que probablemente estos enfrentamientos, que son casi provocados por la presencia policial en ciertas áreas, da oportunidad a los grupos pandilleros de prepararse militarmente para lo que podría ser una fase más violenta de respuesta", advirtió Carcash.
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) se sumó a las críticas y denunció desapariciones y la posible existencia de grupos de exterminio social.
"Hay situaciones que no son transparentes en cuanto a algunos enfrentamientos, algunas capturas, ejecuciones sumarias, tortura y hacinamiento en las cárceles", reflexionó el coordinador de la CDHES, Miguel Montenegro.
Insistió en que "los hechos de criminalidad que cometen las pandillas son una realidad que debe combatirse siempre y cuando se respeten la seguridad de la población y los derechos humanos".
Como ejemplo de ejecuciones extrajudiciales, Montenegro mencionó el caso de cuatro jóvenes que en la zona costera del departamento de La Libertad fueron secuestrados y luego asesinados en diciembre pasado. Los testigos acusan a efectivos del ejército del múltiple crimen.
En marzo del 2016, tras la masacre de 11 trabajadores a manos de pandilleros, el gobierno lanzó la ofensiva con medidas extraordinarias para cortar la comunicación de dirigentes detenidos de las llamadas maras con el exterior en seis presidios, mientras la policía emprendió la búsqueda de 100 de los cabecillas más peligrosos.
"Hay que reconocer que hubo un giro a partir de las medidas extraordinarias, que son una parte importante para contener el aumento de los homicidios, las extorsiones y otras formas de delinquir", declaró a la AFP el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano.
La ofensiva contra las pandillas, que suman unos 70.000 personas, de las cuales 16.000 están encarceladas, se vio fortalecida en el terreno con la creación de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, cuyo desplazamiento obligó a los cabecillas a refugiarse en áreas rurales o emigrar a países vecinos.
El martes, el director de la policía, Howard Cotto, reveló la reducción en 61 por ciento de los homicidios en lo que va del año.
Desde el 1 enero hasta el 20 de marzo, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad, el país registró 722 homicidios, una cifra inferior a las 1.854 muertes violentas en igual período del año pasado.
En ese mismo período, la fiscalía registró la denuncia de 588 desaparecidos, en su mayoría atribuidas a las violentas pandillas que en muchos casos entierran a sus víctimas o las abandonan en bolsas en plena vía pública.
En el 2016 hubo 5,278 homicidios, 20.7 por ciento menos que en el 2015, mientras que la cifra de desaparecidos en ese año fue de 3,330.
Pese a la reducción, El Salvador tiene una tasa de 81.2 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, muy superior al promedio mundial de 6.7 por cada 100.000 establecido por la Organización Mundial de la Salud.
En la búsqueda de los cabecillas de pandillas, Cotto informó que 66 de los 100 más buscados están "fuera de circulación, que han sido detenidos o han fallecido en enfrentamientos con la policía.
Pero mientras la policía celebra el éxito de su campaña, analistas y organismos humanitarios alertan que el combate de la criminalidad repercute en un aumento de las violaciones a los derechos humanos.
"El país está entrando en un estado cada vez más crítico y cada vez es más evidente una guerra social que nadie sabe a dónde nos va a llevar", advirtió a la AFP el criminólogo Carlos Carcash.
Las dudas de Carcash están centradas en los enfrentamientos armados entre efectivos de seguridad y las pandillas, presentadas por las autoridades como "grupos fortalecidos con capacidad de enfrentar a la policía".
"Tengo la impresión de que probablemente estos enfrentamientos, que son casi provocados por la presencia policial en ciertas áreas, da oportunidad a los grupos pandilleros de prepararse militarmente para lo que podría ser una fase más violenta de respuesta", advirtió Carcash.
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) se sumó a las críticas y denunció desapariciones y la posible existencia de grupos de exterminio social.
"Hay situaciones que no son transparentes en cuanto a algunos enfrentamientos, algunas capturas, ejecuciones sumarias, tortura y hacinamiento en las cárceles", reflexionó el coordinador de la CDHES, Miguel Montenegro.
Insistió en que "los hechos de criminalidad que cometen las pandillas son una realidad que debe combatirse siempre y cuando se respeten la seguridad de la población y los derechos humanos".
Como ejemplo de ejecuciones extrajudiciales, Montenegro mencionó el caso de cuatro jóvenes que en la zona costera del departamento de La Libertad fueron secuestrados y luego asesinados en diciembre pasado. Los testigos acusan a efectivos del ejército del múltiple crimen.
