Políticos e investigadores de toda América Latina exigieron este jueves (22.12.2016) más información sobre el gigante de la construcción brasileña Odebrecht, un día después de que admitió una década de pagos de sobornos en la región. El hecho de que la compañía accediera a pagar al menos US$3.500 millones a los fiscales de Estados Unidos, Brasil y Suiza, la mayor sanción jamás en un caso de sobornos foráneo, implica el reconocimiento por parte de Odebrecht de haber pagado a funcionarios para conseguir contratos de construcción en 12 países, exponiéndose de forma potencial a nuevas acusaciones.
El país más implicado en los presuntos pagos de la constructora es Venezuela, donde Odebrecht gastó US$98 millones entre 2006 y 2015 en 'pagos corruptos a funcionarios gubernamentales', según los documentos de la Justicia estadounidense. Los países laltinoamericanos afectados son Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
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País por país
En Venezuela, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará una investigación sobre los sobornos de la empresa brasileña a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015 por unos US$98 millones. Así lo informó el jefe del panel legislativo, Freddy Guevara. Señaló que la comisión iniciará el procedimiento, utilizando como base el expediente divulgado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el informe, la constructora recibió los contratos para la construcción de importantes obras en distintas regiones en Venezuela, las cuales permanecen inconclusas a pesar de haber recibido los recursos para su realización. Mencionó los casos de dos líneas de trenes subterráneos en las afueras de Caracas, un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el Río Orinoco y la línea 5 del Metro de Caracas, entre otras.En Guatemala, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que pedirá apoyo a Estados Unidos para investigar el supuesto pago de millonarios sobornos a varios funcionarios en el país. 'Tenemos que solicitar otra asistencia legal en este caso a Estados Unidos', manifestó Aldana. Según el informe, entre los años 2013 y 2015, que coinciden mayormente con el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, la constructora dio unos US$18 millones a funcionarios guatemaltecos para obtener contratos de obras públicas, con los que obtuvo US$34 millones en beneficios.
En Ecuador, el Gobierno se deslindó de responsabilidades en los supuestos sobornos de la empresa brasileña y señaló que no tiene en la actualidad relación con la constructora. 'Odebrecht no tiene actualmente obras a ejecutar con el Gobierno central', dice un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación', que advirtió que sí hay un contrato vigente, pero es con la municipalidad de la capital para la construcción del Metro de Quito, por un monto de US$1.534 millones.
Mientras tanto, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, firmó esta mañana ante los medios una solicitud al Gobierno de Estados Unidos para que envíe información sobre la denuncia del Departamento de Justicia de ese país sobre los sobornos en Ecuador, calculados en unos US$33,5 millones. Mera dijo que el Gobierno ecuatoriano 'no puede descartar que haya habido pagos'. 'No vamos a proteger a nadie, vamos a favorecer esta investigación y debe caer caiga quien caiga', aseguró el funcionario. El vocero recordó que, ante deficiencias en la central hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, el Gobierno en 2008 expulsó a la compañía y ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios. Hubo 'una muy mala relación con Odebrecht ', puntualizó Mera, por lo que la Cancillería brasileña retiró a su embajador en Quito, comentó.
Colombia, Perú y Panamá
Por su parte, la Fiscalía colombiana inspeccionó varias entidades públicas con el objetivo de recabar pruebas acerca del escándalo. Para este fin, se conformó un equipo especial de fiscales e investigadores adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción. El Gobierno de Colombia solicitó ayer al Departamento de Justicia de Estados Unidos toda la información que involucre a funcionarios y contratos del país con los sobornos pagados por Odebrecht, al tiempo que pidió a la Fiscalía que investigue los hechos.
El presidente del Perú, por su parte, Pedro Pablo Kuczynski, declaró que no tuvo nada que ver con los sobornos. Durante una visita de trabajo a Yurimaguas, el mandatario dijo a la prensa: 'Yo lo puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada, aunque todo eso se tiene que investigar, obviamente'. El jefe de Estado agregó que los mandatarios que estuvieron en el Ejecutivo peruano en el periodo en que ocurrieron los hechos deberían dar las explicaciones. 'Esto tiene que verlo la Fiscalía y tendrán que averiguar y se tendrá que traer a la gente de Odebrecht para que explique a quién se le pagó esa plata', añadió.
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El Gobierno de Panamá expresó su 'total respaldo a las investigaciones' judiciales panameñas por el pago de sobornos en el país, y aseguró que hará que la empresa cumpla 'estrictamente los contratos pactados' con 'total transparencia' de obras ahora en construcción. Odebrecht está involucrada en grande proyectos de infraestructura en Panamá, como la Línea 2 del Metro, por más de US$1.857 millones; la renovación de la ciudad de Colón, por US$537 millones, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de US$800 millones, de acuerdo a los datos oficiales. 'Sobre las obras que realiza actualmente la empresa en Panamá, el Gobierno continuará velando por los intereses del Estado haciendo que se cumplan estrictamente los contratos pactados a partir de las licitaciones públicas desarrolladas en total transparencia', indicó, sin más precisiones, el Ejecutivo de Juan Carlos Varela.
