Por tercera vez en lo que va de año, un grupo de unos 800 migrantes, la mayoría venezolanos, pero también cubanos y centroamericanos, salió el sábado caminando de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, con dirección a Estados Unidos aunque su marcha quedó prácticamente desactivada a los pocos kilómetros.
El mismo sábado por la mañana las autoridades pusieron a su disposición autobuses para trasladarlos a un municipio, 40 kilómetros al norte de Tapachula, donde supuestamente tramitarán sus permisos migratorios el lunes. “Se les va a dar el apoyo para regularizarlos”, expresó Hugo Cuéllar, representante del Instituto Nacional de Migración (INM).
Todos aceptaron la propuesta de forma voluntaria con lo que, se concrete o no, el efecto inmediato fue evitar que los migrantes caminaran por la carretera.
Los migrantes aprovecharon las festividades de la Semana Santa para echarse a caminar portando cruces en recuerdo de los primeros viacrucis que por estas fechas hacían migrantes y activistas para evidenciar los peligros de la ruta.
De esas caminatas reivindicativas surgieron a partir de 2018 las marchas multitudinarias que aquel año llegaron hasta la frontera con Estados Unidos y que, posteriormente, fueron disueltas por las fuerzas de seguridad ya en el sur.
Los migrantes retomaron la formación de caravanas más pequeñas desde el año pasado debido a que la presión migratoria en Tapachula no ha parado de crecer. Muchos dicen sentirse como presos en esta ciudad debido a la lenta tramitación de sus solicitudes de asilo —la oficina que las tramita está desbordada— y se quejan de que no consiguen trabajo en el sureño estado mexicano de Chiapas para poder mantener a sus familias.
Desde finales del año pasado, el INM cambió de estrategia y con el fin de descongestionar el sur de extranjeros empezó a trasladar a migrantes en autobuses a otros estados para gestionar ahí sus permisos.
