La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó este lunes una ley que aumenta los castigos para el delito de trata de personas y actividades relacionadas y que además crea una financiación y una red para luchar contra ese flagelo.
Por: Agencias
La Presidencia indicó en un comunicado que Chinchilla firmó la Ley contra la trata de personas y actividades conexas, la cual fue aprobada por unanimidad en el Congreso en octubre pasado.
'Dicha ley contempla una mejor definición del delito como tal, así como penas más graves entre las que destaca una pena máxima de hasta 16 años de prisión en caso que las condiciones de agravamiento incluyan personas menores de edad', señaló la Presidencia.
En Costa Rica la trata de personas ya era castigada con penas de hasta 15 años de cárcel, pero la nueva ley amplía el alcance de estos castigos y aumenta algunos con reformas al Código Penal.
Por ejemplo, el castigo por promover, facilitar o favorecer la venta de un menor de edad será de entre 8 a 16 años de cárcel y de 4 a 8 años a quienes transporten personas indocumentadas, con documentos falsos o que evadan controles migratorios.
El dueño de algún establecimiento que facilite la trata de personas o tráfico de inmigrantes recibirá una pena de 3 a 5 años de cárcel, mientras para los promotores de turismo sexual será de 4 a 8 años y para los traficantes y compradores de órganos de 8 a 16.
El castigo para quienes sometan a otros a trabajos que violentan los derechos humanos será de 4 a 8 años de prisión y de 6 a 12 años si la víctima es menor de edad.
Otro punto de la ley establece un cobro de un dólar en el impuesto de salida que se paga en los aeropuertos del país, con el fin de crear un fondo que financiará la prevención, persecución e investigación de la trata de personas y la atención e integración social de las víctimas.
Además, se crea la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), en la cual participan funcionarios de 22 instituciones, cuya secretaría técnica está en manos de la Dirección General de Migración.
