Por Crhoy.com
De financiar la contratación de consultores y campañas de publicidad, imagen y comunicación de la Presidencia en gobiernos anteriores, el millón de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le gira a Casa Presidencial pasó a usarse durante la actual administración para pagar los estudios de factibilidad del proyecto de tren eléctrico urbano, conocido como Tren Rápido de Pasajeros (TRP).
La contratación de esos servicios, informó el Ministerio de Planificación (Mideplan), se realizó a través del Sistema de Compras Públicas (Sicop), para garantizar la transparencia en la contratación de las empresas consultoras.
En ese manejo de los recursos también hay otra diferencia pues hasta el periodo de Luis Guillermo Solís (2014-2018) el US$1 millón proveniente del Banco se manejó al margen de los controles públicos; casi con un uso discrecional, como ocurrió en gobiernos anteriores.
Ahora, el gobierno de Carlos Alvarado rechaza la tesis de que los recursos que facilita ese banco regional multilateral a Casa Presidencial no son fondos de carácter público y los emplea de acuerdo con los esquemas que fija la legislación de contratación pública.
"Todo (el US$1 millón) se ha invertido en la contratación de los estudios de factibilidad del tren eléctrico urbano (…)", respondió Mideplan.
Para zanjar la polémica que manchó el US$1 millón proveniente del BCIE anteriormente, el gobierno de Alvarado tomó la decisión de incorporar el dinero en el presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
"(Los recursos) fueron ratificados mediante control de legalidad por la Contraloría General de la República", amplió Mideplan al consultársele sobre el destino que ha tenido el dinero durante el actual Gobierno.
El TRP fue una de las principales promesas de campaña del presidente Carlos Alvarado en materia de infraestructura pública. Las proyecciones dicen que el valor de la obra sería superior a los US$1.200 millones y su desarrollo lo coordina Claudia Dobles, arquitecta y primera dama de la República.
En julio pasado, el Gobierno presentó un informe elaborado por dos empresas privadas que concluyeron que el proyecto ferroviario generará "grandes oportunidades" en lo ambiental y en lo social, entre estas están la mejora en la calidad del aire, desarrollo de áreas verdes y será una fuente de empleo y un mecanismo de integración urbana.
Durante la administración de óscar Arias (2006-2010) trascendió que el $1 millón de los recursos que giró el BCIE se usó para contratar 84 asesorías, en distintas áreas en las que la Presidencia carecía de apoyo, sin que mediaran contratos con el BCIE, lo cual, según los diputados de la época, afectaba el interés público, pues no había garantía de eficiencia y calidad en el trabajo de los consultores contratados.
La plata se utilizó durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) para financiar estrategias de comunicación de la Presidencia de la República en diversas temáticas.
A pesar de que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) criticaron con dureza el uso que hicieron los gobiernos de Liberación Nacional (PLN) de los dineros del BCIE, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís el uso discrecional no varió y esa administración optó por entregar la administración de los recursos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), como organismo de ejecutor externo.
Esa decisión levantó fuertes críticas en el Parlamento, que incluso interpeló en el plenario al entonces ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, acerca del uso que se le pretendía dar al dinero que el BCIE entregó libre de controles que sí hay sobre los recursos presupuestados.
Ese gobierno alegó que el uso del dinero se hizo respetando la Ley y bajo supervisión de la Auditoría de Casa Presidencial y de la Contraloría General de la República.
De financiar la contratación de consultores y campañas de publicidad, imagen y comunicación de la Presidencia en gobiernos anteriores, el millón de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le gira a Casa Presidencial pasó a usarse durante la actual administración para pagar los estudios de factibilidad del proyecto de tren eléctrico urbano, conocido como Tren Rápido de Pasajeros (TRP).
La contratación de esos servicios, informó el Ministerio de Planificación (Mideplan), se realizó a través del Sistema de Compras Públicas (Sicop), para garantizar la transparencia en la contratación de las empresas consultoras.
En ese manejo de los recursos también hay otra diferencia pues hasta el periodo de Luis Guillermo Solís (2014-2018) el US$1 millón proveniente del Banco se manejó al margen de los controles públicos; casi con un uso discrecional, como ocurrió en gobiernos anteriores.
Ahora, el gobierno de Carlos Alvarado rechaza la tesis de que los recursos que facilita ese banco regional multilateral a Casa Presidencial no son fondos de carácter público y los emplea de acuerdo con los esquemas que fija la legislación de contratación pública.
"Todo (el US$1 millón) se ha invertido en la contratación de los estudios de factibilidad del tren eléctrico urbano (…)", respondió Mideplan.
Para zanjar la polémica que manchó el US$1 millón proveniente del BCIE anteriormente, el gobierno de Alvarado tomó la decisión de incorporar el dinero en el presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
"(Los recursos) fueron ratificados mediante control de legalidad por la Contraloría General de la República", amplió Mideplan al consultársele sobre el destino que ha tenido el dinero durante el actual Gobierno.
El TRP fue una de las principales promesas de campaña del presidente Carlos Alvarado en materia de infraestructura pública. Las proyecciones dicen que el valor de la obra sería superior a los US$1.200 millones y su desarrollo lo coordina Claudia Dobles, arquitecta y primera dama de la República.
En julio pasado, el Gobierno presentó un informe elaborado por dos empresas privadas que concluyeron que el proyecto ferroviario generará "grandes oportunidades" en lo ambiental y en lo social, entre estas están la mejora en la calidad del aire, desarrollo de áreas verdes y será una fuente de empleo y un mecanismo de integración urbana.
Durante la administración de óscar Arias (2006-2010) trascendió que el $1 millón de los recursos que giró el BCIE se usó para contratar 84 asesorías, en distintas áreas en las que la Presidencia carecía de apoyo, sin que mediaran contratos con el BCIE, lo cual, según los diputados de la época, afectaba el interés público, pues no había garantía de eficiencia y calidad en el trabajo de los consultores contratados.
La plata se utilizó durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) para financiar estrategias de comunicación de la Presidencia de la República en diversas temáticas.
A pesar de que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) criticaron con dureza el uso que hicieron los gobiernos de Liberación Nacional (PLN) de los dineros del BCIE, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís el uso discrecional no varió y esa administración optó por entregar la administración de los recursos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), como organismo de ejecutor externo.
Esa decisión levantó fuertes críticas en el Parlamento, que incluso interpeló en el plenario al entonces ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, acerca del uso que se le pretendía dar al dinero que el BCIE entregó libre de controles que sí hay sobre los recursos presupuestados.
Ese gobierno alegó que el uso del dinero se hizo respetando la Ley y bajo supervisión de la Auditoría de Casa Presidencial y de la Contraloría General de la República.
