La Asamblea Legislativa de El Salvador acordó por mayoría acudir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para dirimir el conflicto jurídico con el órgano judicial del país.
Por: Prensa Latina
Los promotores de la iniciativa invocaron el artículo 22 literal F del Estatuto de la CCJ, de la cual El Salvador es adherente, que expresa que esta podrá conocer y resolver conflictos de poderes entre los órganos de los estados miembros.
La controversia entre las partes se agravó desde el pasado día 4, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales las elecciones de cinco magistrados hechas en 2006 y de otros tantos el 24 de abril último.
Según las sentencias, una misma legislatura no puede elegir dos tercios de los 15 jueces de la Corte, como hicieron las correspondientes a los períodos 2003-2006 y 2009 a 2012.
Las bancadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y los partidos Concertación Nacional (CN) y de la Esperanza (PE), advirtieron la noche del jueves que los fallos con inconstitucionales e invaden prerrogativas del parlamento.
Agregaron que el argumento de los magistrados de la Sala no está escrito en el texto de la carta magna de 1983.
La Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votó en contra de llevar al asunto a la CCJ e insistió en acatar las sentencias.
La posición de Arena es compartida por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y un movimiento que creó en su congreso anual de febrero pasado, denominado Aliados por la Democracia.
En su resolución, el parlamento también se pronunció por iniciar un proceso interno de entendimiento para buscar un acuerdo para superar la crisis.
El presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, dijo el domingo pasado que los diputados no tienen otra alternativa que cumplir los fallos y rechazó la competencia de la CCJ en la pugna.
Otros magistrados, entre ellos Rosa María Fortín, presidenta de la Sala de lo Penal, aseguran que las sentencias de la Sala son inconstitucionales.
El próximo día 30 vence el mandato de nueve años de los cinco jueces cuyos relevos fueron elegidos el pasado 24 de abril, mientras los cinco escogidos en 2006 paralizaron sus labores desde la semana pasada.
En la práctica, de no encontrarse una solución a la crisis, la Corte Suprema quedará con solo los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional a partir del 1 de julio venidero.
