Por estrategiaynegocios.net
El cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG) en Nicaragua ha dejado a 23,483 personas en el desempleo y pérdidas de US$255 millones, así como 3.4 millones de beneficiarios desatendidos, reveló un informe presentado por la Fundación del Río, que dirige el biólogo Amaru Ruiz.
El análisis de datos se realizó con base en un monitoreo de las cancelaciones de personalidad jurídica de ONG, que comenzaron en diciembre 2018. Se cuantificaron 58 gacetas que oficializan el cierre de las organizaciones, el 81 % de estas gacetas fueron solo en el año 2022.
El registro del Ministerio de Gobernación y del Estado de Nicaragua confirma que antes de 2018 existían 7,227 OSFL; con las cancelaciones hasta 2022, el espacio cívico de ONG se redujo en un 44.4 % de las personerías jurídicas existentes.
Los resultados arrojaron que el gobierno de Daniel Ortega ha utilizado cuatro tipos de instrumentos legales para cancelar los OSFL: Decreto de la Asamblea Nacional, Acuerdo Ministerial, Resolución Ministerial y mediante Ley Especial de Cambio de Régimen Jurídico.
Para la construcción de la muestra se seleccionaron los primeras 1,000 ONG nacionales canceladas, de estas el 53 % estaban activas; se tomaron solamente los activos que eran 537 organismos y se tomó como muestra representativa del 10 % (53 ONG). Los resultados de esta muestra evidenciaron que el impacto del cierre generó más de 2,000 personas en el desempleo, una pérdida de US$42 millones en ejecución anual en proyectos de desarrollo y la desatención de más de un millón de beneficiarios.
“Una estimación conservadora, utilizando la mediana de los datos obtenidos en el estudio del Diálogo Interamericano, nos arroja que el impacto del cierre de las 1,021 OSFL nacionales activas podría significar una pérdida de 23,483 personas en el desempleo, US$255 millones en ejecución anual de proyectos de desarrollo y la desatención de 3.4 millones de beneficiarios de estos proyectos”, explica el análisis.
El promedio de operación de las OSFL canceladas en el país era de 19 años y al menos el 39 % del total estaban activas al momento del cierre.
Desde 2018, se inició una persecución contra los organismos no gubernamentales, al punto de contabilizar 3,211 ONG canceladas, lo que representa una reducción del 44 % de las personerías jurídicas en Nicaragua. A muchas de estas además las ha confiscado.
El 38 % de las OSFL nacionales canceladas atendían temáticas de derechos humanos y el 74 % de las internacionales canceladas se dedicaban a la cooperación al desarrollo.
Con información de La Prensa
