La elección del consorcio formado por FCC y la brasileña Norberto Odebrecht para construir la Línea 2 del Metro de Panamá ha provocado reacciones contrarias en distintos ámbitos del país centroamericano.
Ambas empresas ganaron el pasado jueves el concurso con un precio de US$1.857 millones, ligeramente por encima del presupuesto oficial y casi US$200 millones más que la oferta planteada por la UTE (unión temporal de empresas) que integraban dos constructoras chinas y Corsán Corviam.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel Saint Malo de Alvarado, afirmó en Twitter que el resultado de la licitación 'deja en evidencia la necesidad de revisar las leyes de contratación pública'. A las críticas de la política, que horas más incidió en que el proceso había sido 'serio y transparente', se han sumado las del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), que cuestiona el proceso que se siguió para la adjudicación y también pide que se reforme la Ley de Contrataciones Públicas, según publicó La Prensa.
Movin recuerda que en febrero ya advirtió públicamente sobre 'la metodología utilizada por el Gobierno nacional para la adjudicación de dicha licitación, ya que existía un riesgo de que el Estado adjudicara dicha licitación a un oferente, sin obtener el precio más bajo ofrecido entre los participantes. El resultado reveló que nuestra preocupación se hizo realidad'.
Movin lamenta, en un comunicado, que la licitación se adelantó sin haberse realizado 'una auditoría financiera seria, completa e independiente de la Línea 1 del Metro de Panamá', con 'adendas (sobrecostes)' por más de US$600 millones que 'nunca fueron sometidas a licitaciones públicas'.
El próximo viernes, las autoridades panameñas, en todo caso, prevén confirmar la adjudicación.
