Por Siglo 21
Redes sociales han sido utilizadas por grupos criminales para aprovecharse de la información que allí se sube. En cuanto al delito de Violación a derechos de autor y derechos conexos se duplicó la cantidad de denuncias (23 en 2015 contra 47 en 2016).
Los datos del MP, indican que en 2015 hubo siete sentencias por Manipulación de Información, cuatro por Violación a derechos de autor y derechos conexos y 1 sentencia por Destrucción de Registros Informáticos.
En el 2016 a la fecha se ha sentenciado a tres personas por Manipulación de Información.
Las modalidades utilizadas
Existe ahora la necesidad de conocer más sobre las distintas modalidades de estas transgresiones, que se dan día a día, no solo en las redes sociales sino también dentro del ciberespacio de nuestro país y la manera de cómo contrarrestarlos bajo el ámbito jurídico y de investigación digital.
El hecho es innegable. El cibercrimen es un negocio muy rentable en el mundo. Tanto como para llegar a superar el billón de euros al año en 2019, según un estudio de la entidad Juniper Research sobre mercado digital. La discusión de gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanía se encuentran ante el dilema de si debe primar la seguridad nacional o el derecho a la intimidad.
El cibercrimen a la orden del día
El robo de identidad, falsificación de cuentas o datos, robo de recursos económicos a través de transacciones en línea y pornografía infantil, entre otros, son parte del cibercrimen.
Cada día más, la tecnología es parte de la vida cotidiana del guatemalteco. Un estudio de la empresa iLifebelt detalla que somos el país que presenta la mayor cantidad de perfiles de Facebook en Centroamérica y el Caribe, alcanzando más de 5.3 millones de usuarios.
Uno de los Ciberdelitos de mayor expansión en el país son las difamaciones por Internet (ciberdifamaciones), los acosos y extorsiones seguidos de las estafas electrónicas, que no siempre se denuncian, detalla el experto José Leonett Coordinador de REDLIF (Red Latinoamericana de Informática Forense REDLIF Guatemala / El Derecho Informático Iberoamérica /Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos).
Según Leonett, las extorsiones y amenazas son los más frecuentes, pues "los delincuentes se basan en el anonimato de ciertos portales o sitios de envío de mensajes de texto para cometer las fechorías y, las fuerzas de seguridad muchas veces no toman (por falta de ley al respecto) una ciberamenaza como un delito en contra de la vida de un cibernauta".
Las empresas privadas, vulnerables a este tipo de ataques no toman medidas eficientes, pues "este tipo de delito les es de total desconocimiento, tanto de empresas privadas como del sistema judicial".
Autoridades investigan
Sin embargo, se sabe que "se están elaborando muchas mesas técnicas, a nivel del gobierno, el MINGOB es una de las instituciones que está apoyando e impulsando la firma del Convenio de cibercriminalidad mundial conocido como convenio de Budapest. Por otro lado, el Ministerio Publico lleva un trabajo fuerte en las investigaciones de ciertos (no todos) los Ciberdelitos en el caso de pornografía y amenazas de muerte por Internet, así como el tema de trata de seres humanos, mientras el INACIF ya tiene creado su equipo y está dotado de equipos para comenzar a trabajar análisis científicos en cómputo forense.
La ventaja en que se pueden rastrear los delitos cometidos por medio de Redes Sociales pues las instituciones nacionales del gobierno ya cuentan con convenios que permiten solicitar a las grandes empresas mundiales que controlan la Big Data (Google, Facebook, etcétera), el solicitar por medio de un proceso entre ellos, la información concerniente a un perfil, cuenta, blog o correo electrónico de una persona que está cometiendo un delito informático.
De acuerdo con el director de REDLIF en cuanto a la legislación "solo tenemos un par de artículos en el Código Penal (Art. 274 y 275) sobre robo de información y propiedad intelectual, la ley de libre acceso a la información pública en el art. 30 sobre el habeas data y la protección de datos informáticos, la Ley de terminales móviles y la firma digital". Solo poseemos una iniciativa de ley que lleva dos lecturas en el Congreso que es la 4055, a la cual le están apuntando para su reforma antes de la firma del convenio de Budapest.
Leonett agregó que el MINGOB a través del viceministerio de tecnología a cargo del Lic. Walther Girón está trabajando fuertemente en impulsar y firmar el convenio de Budapest y de establecer una ley que regule y permita procesar a las personas que cometan cibercrímenes en el país. "Mi recomendación es estar atentos pues son mesas de gobierno abierto donde se pide la participación de muchos sectores para escuchar todos los puntos de vista y poder crear una ley que no solo criminalice, sino también proteja al usuario de sistemas tecnológicos".
Redes sociales han sido utilizadas por grupos criminales para aprovecharse de la información que allí se sube. En cuanto al delito de Violación a derechos de autor y derechos conexos se duplicó la cantidad de denuncias (23 en 2015 contra 47 en 2016).
Los datos del MP, indican que en 2015 hubo siete sentencias por Manipulación de Información, cuatro por Violación a derechos de autor y derechos conexos y 1 sentencia por Destrucción de Registros Informáticos.
En el 2016 a la fecha se ha sentenciado a tres personas por Manipulación de Información.
Las modalidades utilizadas
Existe ahora la necesidad de conocer más sobre las distintas modalidades de estas transgresiones, que se dan día a día, no solo en las redes sociales sino también dentro del ciberespacio de nuestro país y la manera de cómo contrarrestarlos bajo el ámbito jurídico y de investigación digital.
El hecho es innegable. El cibercrimen es un negocio muy rentable en el mundo. Tanto como para llegar a superar el billón de euros al año en 2019, según un estudio de la entidad Juniper Research sobre mercado digital. La discusión de gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanía se encuentran ante el dilema de si debe primar la seguridad nacional o el derecho a la intimidad.
El cibercrimen a la orden del día
El robo de identidad, falsificación de cuentas o datos, robo de recursos económicos a través de transacciones en línea y pornografía infantil, entre otros, son parte del cibercrimen.
Cada día más, la tecnología es parte de la vida cotidiana del guatemalteco. Un estudio de la empresa iLifebelt detalla que somos el país que presenta la mayor cantidad de perfiles de Facebook en Centroamérica y el Caribe, alcanzando más de 5.3 millones de usuarios.
Uno de los Ciberdelitos de mayor expansión en el país son las difamaciones por Internet (ciberdifamaciones), los acosos y extorsiones seguidos de las estafas electrónicas, que no siempre se denuncian, detalla el experto José Leonett Coordinador de REDLIF (Red Latinoamericana de Informática Forense REDLIF Guatemala / El Derecho Informático Iberoamérica /Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos).
Según Leonett, las extorsiones y amenazas son los más frecuentes, pues "los delincuentes se basan en el anonimato de ciertos portales o sitios de envío de mensajes de texto para cometer las fechorías y, las fuerzas de seguridad muchas veces no toman (por falta de ley al respecto) una ciberamenaza como un delito en contra de la vida de un cibernauta".
Las empresas privadas, vulnerables a este tipo de ataques no toman medidas eficientes, pues "este tipo de delito les es de total desconocimiento, tanto de empresas privadas como del sistema judicial".
Autoridades investigan
Sin embargo, se sabe que "se están elaborando muchas mesas técnicas, a nivel del gobierno, el MINGOB es una de las instituciones que está apoyando e impulsando la firma del Convenio de cibercriminalidad mundial conocido como convenio de Budapest. Por otro lado, el Ministerio Publico lleva un trabajo fuerte en las investigaciones de ciertos (no todos) los Ciberdelitos en el caso de pornografía y amenazas de muerte por Internet, así como el tema de trata de seres humanos, mientras el INACIF ya tiene creado su equipo y está dotado de equipos para comenzar a trabajar análisis científicos en cómputo forense.
La ventaja en que se pueden rastrear los delitos cometidos por medio de Redes Sociales pues las instituciones nacionales del gobierno ya cuentan con convenios que permiten solicitar a las grandes empresas mundiales que controlan la Big Data (Google, Facebook, etcétera), el solicitar por medio de un proceso entre ellos, la información concerniente a un perfil, cuenta, blog o correo electrónico de una persona que está cometiendo un delito informático.
De acuerdo con el director de REDLIF en cuanto a la legislación "solo tenemos un par de artículos en el Código Penal (Art. 274 y 275) sobre robo de información y propiedad intelectual, la ley de libre acceso a la información pública en el art. 30 sobre el habeas data y la protección de datos informáticos, la Ley de terminales móviles y la firma digital". Solo poseemos una iniciativa de ley que lleva dos lecturas en el Congreso que es la 4055, a la cual le están apuntando para su reforma antes de la firma del convenio de Budapest.
Leonett agregó que el MINGOB a través del viceministerio de tecnología a cargo del Lic. Walther Girón está trabajando fuertemente en impulsar y firmar el convenio de Budapest y de establecer una ley que regule y permita procesar a las personas que cometan cibercrímenes en el país. "Mi recomendación es estar atentos pues son mesas de gobierno abierto donde se pide la participación de muchos sectores para escuchar todos los puntos de vista y poder crear una ley que no solo criminalice, sino también proteja al usuario de sistemas tecnológicos".
