Argentina: acusan a Presidenta de encubrir atentado de Irán

La dura denuncia de 300 páginas del fiscal Alberto Nisman constituye el último pleito de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios con la justicia argentina.

Nisman pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) de Kirchner, de Timerman, del diputado oficialista Andrés Larroque y de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, por 'acordar la impunidad de Irán' en este caso.

La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía y calificada como algo 'ridículo' por el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.

El fiscal de la causa AMIA presentó la denuncia al considerar que en 2011 se empezó a 'negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía', según se lee en el documento, confirmaron fuentes de la fiscalía a la AFP.

De acuerdo con la denuncia de Nisman enviada al juzgado federal del magistrado Ariel Lijo, el gobierno de la presidenta Kirchner ideó un 'sofisticado plan delictivo' destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.

El fiscal calificó de 'maniobra' la estrategia del gobierno que llevó a que se firmara en 2013 un Memorando de Entendimiento con Teherán con la participación del canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque y el dirigente comunal oficialista Luis D'Elía.

Tras la repercusión de la denuncia, el fiscal Nisman fue citado para el próximo lunes por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para que responda sobre su investigación en el Congreso.

'Un vuelco inesperado', cautela

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), organización a con 140 instituciones judías de la nación sudamericana, expresó su 'conmoción y sorpresa' por esta denuncia contra el gobierno argentino y convocó el jueves a una reunión extraordinaria.

'Hemos recibido con honda preocupación esta noticia. Para la DAIA, la causa AMIA es una cuestión de Estado. La preocupación que tenemos pasa porque hay un fiscal, que hemos visto en los títulos, en una situación que para nosotros es un vuelco inesperado', dijo su titular Julio Schlosser.

Sergio Bursten, viudo de una las víctimas del atentado de 1994, criticó al fiscal que a su juicio se prestó para una 'operación política' e indicó que la denuncia era: 'Meter información adentro de la licuadora, batirla, tirar todo para arriba, faltándole el respeto a las víctimas y a la investigación'

Otros líderes de la comunidad judía en Argentina no quisieron opinar por ahora sobre la denuncia que acusa al gobierno de decidir, negociar y organizar 'la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, con el propósito de fabricar la inocencia de Irán'.

Fernández, secretario general de la Presidencia, atribuyó la denuncia a problemas internos dentro de la secretaría de Inteligencia.

'La presidenta tiene la potestad de firmar tratados y el Congreso debe aprobarlos. Es un sinsentido lo que está sucediendo (...) ¿Por qué no llamó a indagatoria a todos los senadores y diputados que lo votamos?', se preguntó el exsenador, en referencia al acuerdo.

Nisman sostuvo que existen pruebas que indican que la posición oficial fue motivada 'por el petróleo iraní' porque 'se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado'.

El 18 de julio pasado se conmemoraron 20 años del ataque en pleno centro de Buenos Aires. Kirchner no ha asistido a los actos de aniversario de la AMIA desde 2011.

La firma de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como 'inconstitucional' por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, integrada por unos 300.000 miembros, la mayor de América Latina.

El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de 'encubrimiento agravado' de la llamada 'conexión local', que dio la logística para perpetrar el atentado.