Esa es la tesis que maneja el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, según consta en el expediente penal que arman las autoridades judiciales y del cual, tiene una copia. En el proceso una persona de apellidos Arce, se encargaba tanto de entregar los sobornos, como de crear las facturas falsas a nombre de una empresa, según el expediente judicial.
"Todas las empresas que contratan los servicios de Arce, desde MECO, Cacisa, Constructora Herrera, LGC, Montedes, etc., constantemente le van a solicitar a Arce la confección de facturas por prestación de servicios profesionales, facturados a nombre de la empresa en cuestión, la cual fue constituida por el mismo Arce", según el expediente. Por otra parte, la empresa MECO es señalada por pagar dádivas de hasta $60 mil por ocultar fallas viales en la edificación de proyectos de infraestructura vial, o bien, por ocultar las inconsistencias de las mezclas asfálticas.
La constructora MECO y la empresa fiscalizadora Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), se encuentran el ojo de la tormenta por estos hechos. Los supuestos sobornos se habrían otorgado entre el 2018 y el 2020 en la construcción del proyecto de Garantías Sociales.
Asimismo, se habrían simulado óptimas condiciones para cumplir con las exigencias de los carteles de licitación en obras ejecutadas en Guápiles, Nicoya y San Carlos.
Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende
Un año de prisión preventiva es lo que solicitó la Fiscalía en contra de varias personas investigadas por el caso "Cochinilla", el cual, está relacionado con una supuesta red de sobornos para la adjudicación de millonarios contratos de infraestructura vial.
El otorgamiento de lotes, viajes, carros y hasta favores sexuales a unos 20 funcionarios públicos del Conavi, está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.
En principio, los funcionarios habrían colaborado con el otorgamiento irregular de contratos de obra pública con importantes empresas desarrolladoras del sector privado por un valor de ¢78 mil millones. Por esta razón, el OIJ realizó varios allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y el Conavi, además de las empresas a inicios de semana.
Peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias serían algunos de los delitos que se están investigando.
