Diversos gremios de consumidores y del sector agropecuario del país, cerraron filas y respaldaron la decisión del Gobierno de Panamá de inhabilitar 26 plantas costarricenses que procesan productos cárnicos y lácteos, debido a que las autoridades del hermano país no entregaron a tiempo la documentación requerida para continuar con la renovación de los permisos sanitarios.
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Tras la decisión de Panamá, autoridades de Costa Rica notificaron al Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que Panamá bloquea el ingreso de productos costarricenses de origen animal desde hace más de tres meses al mercado panameño.
Respaldo total al Gobierno
Frente a estas diferencias entre Costa Rica y Panamá, la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche de Panamá (COOLECHE, R.L.) manifestó su respaldo a la posición del Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Desarrolllo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), para proteger nuestra seguridad alimentaria y garantizar la producción nacional."(COOLECHE) es un actor indispensable del sector primario, nuestros asociados representan más del 60% de la producción de leche a nivel nacional con grandes oportunidades y potencial de aumentar los volúmenes de producción de leche", asegura esta organización.
Señalan que es ahora durante esta crisis mundial que se debe apoyar a nuestros productores, por lo que solicitaron al Gobierno establecer una política de Estado que desarrolle la productividad y sostenibilidad del agro panameño, promoviendo la competencia y estableciendo una balanza comercial más equilibrada con nuestra región, buscando los mejores intereses para nuestro país.
Mientras que la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), presidida por Pedro Acosta Isturaían comunicó su respaldo a las decisiones tomadas por el Gobierno de Panamá, tras considerar que solo se debe permitir la entrada de productos cuya inocuidad sanitaria esté garantizada y que cumplan con el etiquetado.
"Sabemos que son momentos muy difíciles y toda decisión tiene consecuencias, por lo que es indispensable consolidar procesos simples, transparentes, pero científicamente sólidos, para que quienes estén interesados en cumplir los requisitos existentes y vigentes en este y otros temas, puedan acercarse con confianza a realizar las inversiones y gestiones ante las autoridades competentes, que les permitan aumentar la oferta de sus productos", destaca la organización.
Precisamente, según Uncurepa, por la naturaleza de las circunstancias actuales, "rechazamos todos los actos de desinformación y búsqueda de protagonismo e intereses individuales, mediante ataques, manipulación y la búsqueda de división entre los distintos actores de la economía nacional".
Mientras que la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) en un comunicado indicó que ante los vaticinios infundados y tendenciosos vertidos por los procesadores de leche y derivados lácteos de Costa Rica, de que la decisión adoptada por la Aupsa de inhabilitar los registros de las plantas que exportan leche y derivados lácteos estará provocando una gran escasez de leche en nuestro país, fueron enfáticos en asegurar que la producción nacional de leche y productos lácteos de muy alta calidad es más que suficiente para satisfacer los más de cien litros per cápita anuales que se consumen en Panamá.
"Consideramos, y por eso respaldamos el proceder de la Aupsa y de las demás autoridades involucradas, que la seguridad sanitaria y la salvaguarda del patrimonio agropecuario nacional, solo se garantiza a través del cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias, siguiendo celosamente los protocolos y estándares establecidos para la evaluación de las condiciones sanitarias en las que operen étas plantas y su sistema sanitario".
Por su parte, el sector cafetalero nacional representado por la Asociación Nacional de Beneficiadores y Exportadores de Café de Panamá (A.N.B.E.C), presidida por Norberto A. Suárez hizo público su apoyo y respaldo a las acciones tomadas por el Gobierno panameño en las que, defendiendo legítimamente los mejores intereses del consumidor panameño y de los productores nacionales afectados por una larga cadena de eventos comerciales desproporcionados, instan a las autoridades a mantener la postura adoptada haciendo cumplir el derecho de garantizar a la población nacional de obtener productos alimenticios de calidad, proteger igualmente la economía de los sectores productivos nacionales, además de cuidar el patrimonio fito y zoosanitario de la República de Panamá".
