Resultado de un diagnóstico socioeconómico y de las finanzas públicas centroamericanas en los últimos veinte años, el Icefi ha identificado desafíos estructurales que deben ser atendidos.
1. La insuficiencia del gasto público para garantizar, promover y proteger los derechos de la población consagrados en las constituciones políticas y en las leyes específicas vigentes en la región, que favorecen la igualdad de género. El Instituto considera que el gasto es insuficiente, entre otros, para poner fin a la pobreza, reducir la violencia, garantizar el acceso a la educación y permitir que los Estados provean los bienes y servicios necesarios para el cuidado y atención de la primera infancia, la población con discapacidad, la población adulta mayor y en general personas en situación de dependencia.
Esto afecta con mayor severidad a las niñas, adolescentes y mujeres debido a la desigualad de género, ya que son las mujeres quienes por medio de los trabajos no remunerados cubren la ausencia e ineficacia de los Estados en la provisión del bienestar, lo cual explícita e implícitamente condiciona su incorporación al mercado de trabajo, al mundo político y en general el disfrute de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
2. La captación de recursos necesarios para una sociedad igualitaria debe realizarse de forma justa, dado que los sistemas tributarios privilegian a los impuestos regresivos, lo que resultan contrarios a la igualdad de género al afectar en mayor medida a las mujeres, quienes a su vez son la mayoría en los segmentos de ingresos más bajos. El Instituto promueve la reforma de los sistemas tributarios centroamericanos a fin de elevar la importancia de los impuestos progresivos y equitativos, los cuales gravan más que proporcionalmente a los ingresos más altos, por lo que son más justos desde una perspectiva fiscal, social y de género. Además, promueve reformas que: mejoren las administraciones tributarias para reducir la evasión y elusión tributarias; transparenten el uso de los recursos públicos y que persigan y castiguen conforme a la ley la corrupción; que eliminen incentivos fiscales opacos e inefectivos.
3. La falta de compromiso por parte de los Estados de avanzar hacia la transversalización de la igualdad de género en los presupuestos públicos, por lo que deben reconocer la no neutralidad de esos presupuestos frente a la desigualdad de género. Recomienda avanzar en incrementar los recursos y redoblar esfuerzos para destinarlos a garantizar derechos y oportunidades para hombres y mujeres en igualdad de condiciones, logrando su incorporación equitativa en los ámbitos productivos y reproductivos. El Icefi considera que estas acciones no son solo un asunto de justicia, sino también serían una contribución efectiva a mitigar, y ojalá eliminar los impactos negativos de la desigualdad de género sobre el crecimiento económico, el desarrollo y las finanzas públicas.
El Icefi recomienda además a los Estados aumentar, transparentar y mejorar la producción de estadísticas, a fin de evidenciar la realidad de los hogares y de las relaciones de género en los ámbitos productivos y reproductivos. Considera que se debe avanzar, como mínimo, en la desagregación por sexo de los indicadores presupuestarios medidos en términos de número de personas.
Finalmente, Instituto reitera su compromiso de promover una política fiscal inclusiva y sensible al género, planteando recomendaciones técnicas para avanzar en los próximos años en la eliminación de los estos tres desafíos. Subraya además que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un momento propicio para renovar los esfuerzos políticos para superar estos desafíos, y con ello dar pasos decisivos para avanzar hacia el alcance de un acuerdo político fiscal, integral y con visión de largo plazo que permita la sostenibilidad fiscal al tiempo, y con ello viabilizar fiscalmente alcanzar los ODS2030 y, sobre todo, la igualdad de género.
