Por EFE
Los propulsores esperan que la protesta se prolongue un mes, durante el cual llaman a los nicaragüense a no consumir los combustibles de la estatal Distribuidora Nacional de Petróleos (DNP), y así evitar que el Gobierno destine 'unos 4,6 millones de dólares mensuales para reprimir al pueblo'.
La DNP es la empresa encargada de distribuir el petróleo que Nicaragua importa con facilidades de pago desde Venezuela, que en años recientes aportó varios miles de millones de dólares al Gobierno del presidente Daniel Ortega. En julio pasado, el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, renunció a la gerencia de DNP luego de que Estados Unidos le aplicó la Ley Global Magnitsky, dirigida a personas implicadas en 'graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en la corrupción'.
El Gobierno de Ortega ha sido responsabilizado de 'más de 300 muertos', así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Organismos humanitarios locales calculan el número de muertos hasta en 512, con 459 'presos políticos', mientras que el Gobierno reconoce 199 fallecidos y más de 200 reos 'golpistas' y 'terroristas'.
Ortega no reconoce los señalamientos de la Ancudh ni de otros organismos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril a raíz de unas reformas de la seguridad social que finalmente fueron anuladas, lo que no desactivó la crisis, que incluye el pedido de renuncian de los gobernantes.
Los propulsores esperan que la protesta se prolongue un mes, durante el cual llaman a los nicaragüense a no consumir los combustibles de la estatal Distribuidora Nacional de Petróleos (DNP), y así evitar que el Gobierno destine 'unos 4,6 millones de dólares mensuales para reprimir al pueblo'.
La DNP es la empresa encargada de distribuir el petróleo que Nicaragua importa con facilidades de pago desde Venezuela, que en años recientes aportó varios miles de millones de dólares al Gobierno del presidente Daniel Ortega. En julio pasado, el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, renunció a la gerencia de DNP luego de que Estados Unidos le aplicó la Ley Global Magnitsky, dirigida a personas implicadas en 'graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en la corrupción'.
El Gobierno de Ortega ha sido responsabilizado de 'más de 300 muertos', así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Organismos humanitarios locales calculan el número de muertos hasta en 512, con 459 'presos políticos', mientras que el Gobierno reconoce 199 fallecidos y más de 200 reos 'golpistas' y 'terroristas'.
Ortega no reconoce los señalamientos de la Ancudh ni de otros organismos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril a raíz de unas reformas de la seguridad social que finalmente fueron anuladas, lo que no desactivó la crisis, que incluye el pedido de renuncian de los gobernantes.
