La situación de Arias es particular. En 2014, la Fiscalía General (manejada por Jorge Chavarría Guzmán) solicitó la desestimación del caso al considerar que no existían pruebas, sin embargo en noviembre del año pasado la fiscala Navas ordenó reactivar el caso para determinar la posibilidad de plantear una acusación.

Arias nunca fue imputado por el otorgamiento de la concesión minera, ni por la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto. De hecho, la fiscalía de Chavarría lo separó de la causa que se siguió contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles (2006-2010). Esto, pese a que el expresidente y Dobles firmaron el decreto de conveniencia nacional.

Solo Dobles fue acusado y- posteriormente- condenado en enero de 2015. Cabe señalar que para que un decreto tenga validez jurídica debe contar con la firma del mandatario.

La sentencia contra Dobles fue anulada y se está a la espera de una audiencia preliminar para establecer si el caso va nuevamente a juicio.

"Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen. Para justicias el tiempo. Lo que faltaba en este proceso era que sentarán en el banquillo de los acusados a todos. A todos los responsables de esa barbaridad. Siempre denunciamos y señalamos que el principal responsable era el presidente Arias, pero que nunca había sido llamado a rendir cuentas a la justicia", dijo Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio (FA), quien lideró la causa contra el proyecto minero.

La Fiscalía General indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá definir en los próximos días si presenta una querella contra el expresidente. Una vez que se cumpla el plazo establecido por ley (13 días), enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José para solicitar la audiencia preliminar.

"Toda la vida nos quejamos de que el prevaricato solo lo podrían haber cometido las 2 personas que firmaron el decreto (Dobles y Arias, en este caso) ¿Cómo es posible que solo llevaran a juicio a uno? Nunca entendimos cómo algo tan básico como eso se pasara por alto", reprochó el exlegislador Araya.

Arias insiste en su inocencia

El expresidente fue indagado por la Fiscalía General el 8 de noviembre del año pasado. En esa oportunidad, aseguró que "colaboraría con la investigación, seguro de que al final del camino prevalecerá la verdad y se confirmará su plena inocencia".

En el primer juicio el exministro Dobles fue condenado a 3 años de prisión con ejecución condicional de la pena. En tanto, 4 exfuncionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) -también imputados- resultaron absueltos. Ahora, podrían regresar al banquillo de los acusados.

En 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a Infinito Gold Mining debido a irregularidades en el decreto de conveniencia nacional que dio pie a la iniciativa.

Posteriormente, la empresa entabló un arbitraje internacional y demandó un pago de $321 millones al Estado costarricense como indemnización por el fracaso con el proyecto.

Cronología:

18 de diciembre de 1999: La compañíacanadiense Infinito Gold obtuvo derecho para operar.

2005: La empresa se adjudicó el permiso de exploración minera.

Octubre de 2008: En el segundo mandato (no consecutivo) de óscar Arias, se decreta conveniencia nacional e interés público del proyecto.

Noviembre de 2010: El Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión de Infinito.

Noviembre de 2010: El exministro de Ambiente Roberto Dobles es investigado por presunto prevaricato en otorgamiento de conveniencia nacional.

Octubre de 2014: La Fiscalía General desestima la denuncia contra el expresidente Arias.

Enero de 2015: El exministro Dobles fue condenado a 3 años de cárcel por delito de prevaricato.

Diciembre de 2015: Un tribunal anula la sentencia contra Dobles y ordena fijación de fecha para nuevo juicio.

Noviembre de 2017: Emilia Navas, fiscal general reabre expediente para aclarar papel de Arias en decreto de conveniencia nacional para proyecto.

Noviembre de 2017: Arias acude a una indagatoria a la Fiscalía General, luego afirma que es inocente y que nunca actuó al margen de la ley.

Agosto de 2018: La Fiscalía General acusa al exmandatario por un presunto delito de prevaricato.