Por Reuters
La minera canadiense Tahoe Resources dijo el viernes que despidió a un tercio de los trabajadores en su mina El Escobal en Guatemala, la tercera mayor productora de plata del mundo, paralizada judicialmente por denuncias de ambientalistas.
La compañía está a la espera de una resolución de la máxima corte del país sobre sus operaciones en los yacimientos Juan Bosco y El Escobal, detenidas desde julio de 2017 en los tribunales por una organización ambientalista que denunció por no haber consultado los proyectos a las comunidades de la zona.
'La falta de resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad durante 140 días y 249 (días) sin operar ha obligado a la empresa a llevar a cabo el despido de 250 colaboradores más', dijo en un comunicado la Minera San Rafael, filial guatemalteca de Tahoe.
La firma dijo que con este nuevo despido de 250 personas ha reducido en un 50 por ciento su plantilla desde enero, mientras los jueces deciden si la empresa cumplió con los requisitos previstos por la ley, que incluyen el visto bueno de los habitantes de las zonas afectadas.
Según la minera, las comunidades sí fueron consultadas sobre los proyectos.
'Creo que es una medida de presión para la Corte de Constitucionalidad. Es un forma de vitimizarse', dijo Kelvin Jiménez, representante legal de la comunidad indígena que pide ser consultada por la minera.
El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), la organización ambientalista que denunció a Tahoe, dijo que la Corte de Constitucionalidad está a la espera de los informes de dos universidades sobre el impacto social y ambiental de la operación para dar su resolución.
'(Esta semana) La Corte dio 15 días hábiles a las universidades para que entreguen sus informes', dijo Rafael Maldonado, uno de los abogados de CALAS.
La minera canadiense Tahoe Resources dijo el viernes que despidió a un tercio de los trabajadores en su mina El Escobal en Guatemala, la tercera mayor productora de plata del mundo, paralizada judicialmente por denuncias de ambientalistas.
La compañía está a la espera de una resolución de la máxima corte del país sobre sus operaciones en los yacimientos Juan Bosco y El Escobal, detenidas desde julio de 2017 en los tribunales por una organización ambientalista que denunció por no haber consultado los proyectos a las comunidades de la zona.
'La falta de resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad durante 140 días y 249 (días) sin operar ha obligado a la empresa a llevar a cabo el despido de 250 colaboradores más', dijo en un comunicado la Minera San Rafael, filial guatemalteca de Tahoe.
La firma dijo que con este nuevo despido de 250 personas ha reducido en un 50 por ciento su plantilla desde enero, mientras los jueces deciden si la empresa cumplió con los requisitos previstos por la ley, que incluyen el visto bueno de los habitantes de las zonas afectadas.
Según la minera, las comunidades sí fueron consultadas sobre los proyectos.
'Creo que es una medida de presión para la Corte de Constitucionalidad. Es un forma de vitimizarse', dijo Kelvin Jiménez, representante legal de la comunidad indígena que pide ser consultada por la minera.
El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), la organización ambientalista que denunció a Tahoe, dijo que la Corte de Constitucionalidad está a la espera de los informes de dos universidades sobre el impacto social y ambiental de la operación para dar su resolución.
'(Esta semana) La Corte dio 15 días hábiles a las universidades para que entreguen sus informes', dijo Rafael Maldonado, uno de los abogados de CALAS.
