Por La Prensa
Más del 80% de los conductores de Uber en Panamá y el 63% de los que manejan para la plataforma Cabify no cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 331, emitido el pasado 31 de octubre por el Gobierno, por medio del cual se regulan las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte.
Ambas compañías han mostrado su desacuerdo con la medida, ya que estiman que "afecta" directamente la libertad de los usuarios de poder movilizarse y además "limita" la posibilidad de los conductores de generar ingresos.
Julie Robinson, jefa de Comunicación de Uber en Centroamérica y el Caribe, precisó que de los 8.000 socios conductores que tiene la empresa en Panamá, 6.500 no cuentan con la licencia tipo E que se exige en la nueva normativa.
Las estadísticas de la compañía indican que el 31,11% declaró que ser conductor de la plataforma es su único ingreso.
A su vez, Thelma Britton, gerente sénior de Operaciones de Centroamérica y gerente de Uber Panamá, agregó que en la regulación no se tomó en cuenta ninguna de las recomendaciones realizada al Gobierno para la operatividad de las plataformas, por lo que la consideran "injusta".
Desde su punto de vista, el Decreto Ejecutivo 331 tiene un efecto directo sobre más del 50% de los aproximadamente 200.000 usuarios que tiene Uber en el país, que no podrán seguir usando la plataforma, porque no tienen acceso a pago electrónico.
Añadió que un equipo legal de la compañía se encuentra analizando la situación y que insistirán ante las autoridades del Gobierno para que realicen ajustes a la regulación en beneficio de los usuarios y conductores.
Por su parte, los representantes de Cabify rechazaron la normativa y mediante un comunicado expresaron que, con ella, tanto los usuarios como los conductores "verán comprometida su movilidad y posibilidad de generar ingresos".
NORMA SE MANTIENE
Sobre el tema, el Ministerio de Gobierno señaló que mediante el Decreto Ejecutivo 331 se han considerado los tiempos para cada proceso y que no se generen afectaciones para ninguna de las partes.
Sobre la adecuación de las licencias, el ministerio pidió a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre efectuar las diligencias necesarias para agilizar la sustitución de los documentos y que los choferes puedan continuar ofreciendo el servicio hasta que se realicen estos cambios.
Además, solicitó a las empresas operadoras y a las instituciones bancarias ofrecer al usuario todas las opciones posibles para el pago sin efectivo.
El Ministerio de Gobierno recordó que el decreto establece un periodo de adecuación de seis meses, que son prorrogables por seis meses más, de ser necesario.
La regulación de las plataformas digitales es una demanda que desde hace meses exigen los gremios de transporte del país, que las acusan de hacer "competencia desleal".
Más del 80% de los conductores de Uber en Panamá y el 63% de los que manejan para la plataforma Cabify no cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 331, emitido el pasado 31 de octubre por el Gobierno, por medio del cual se regulan las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte.
Ambas compañías han mostrado su desacuerdo con la medida, ya que estiman que "afecta" directamente la libertad de los usuarios de poder movilizarse y además "limita" la posibilidad de los conductores de generar ingresos.
Julie Robinson, jefa de Comunicación de Uber en Centroamérica y el Caribe, precisó que de los 8.000 socios conductores que tiene la empresa en Panamá, 6.500 no cuentan con la licencia tipo E que se exige en la nueva normativa.
Las estadísticas de la compañía indican que el 31,11% declaró que ser conductor de la plataforma es su único ingreso.
A su vez, Thelma Britton, gerente sénior de Operaciones de Centroamérica y gerente de Uber Panamá, agregó que en la regulación no se tomó en cuenta ninguna de las recomendaciones realizada al Gobierno para la operatividad de las plataformas, por lo que la consideran "injusta".
Desde su punto de vista, el Decreto Ejecutivo 331 tiene un efecto directo sobre más del 50% de los aproximadamente 200.000 usuarios que tiene Uber en el país, que no podrán seguir usando la plataforma, porque no tienen acceso a pago electrónico.
Añadió que un equipo legal de la compañía se encuentra analizando la situación y que insistirán ante las autoridades del Gobierno para que realicen ajustes a la regulación en beneficio de los usuarios y conductores.
Por su parte, los representantes de Cabify rechazaron la normativa y mediante un comunicado expresaron que, con ella, tanto los usuarios como los conductores "verán comprometida su movilidad y posibilidad de generar ingresos".
NORMA SE MANTIENE
Sobre el tema, el Ministerio de Gobierno señaló que mediante el Decreto Ejecutivo 331 se han considerado los tiempos para cada proceso y que no se generen afectaciones para ninguna de las partes.
Sobre la adecuación de las licencias, el ministerio pidió a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre efectuar las diligencias necesarias para agilizar la sustitución de los documentos y que los choferes puedan continuar ofreciendo el servicio hasta que se realicen estos cambios.
Además, solicitó a las empresas operadoras y a las instituciones bancarias ofrecer al usuario todas las opciones posibles para el pago sin efectivo.
El Ministerio de Gobierno recordó que el decreto establece un periodo de adecuación de seis meses, que son prorrogables por seis meses más, de ser necesario.
La regulación de las plataformas digitales es una demanda que desde hace meses exigen los gremios de transporte del país, que las acusan de hacer "competencia desleal".
