Aquella tarde soleada del 18 de abril en la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, Venezuela; ocurrió uno de los hechos más jocosos que se hayan presentado en la historia contemporánea de aquel país. La presencia del presidente de Venezuela inaugurando un servicio de autobuses, habría convocado a miles de seguidores a contemplar dicho evento. Pero jamás se podrá olvidar que uno de sus mismos partidarios habría manifestado su descontento de una manera diferente a lo tradicional.
La señora Marleni Olivo tomó la iniciativa de arrojarle un mango (fruto de la Zona Intertropical de pulpa carnosa y dulce ) directamente a la testa de Nicolás Maduro, quien manejaba un autobús de la empresa que estaba inaugurando. En la fruta iba escrito el mensaje: "si puede, me llama". La persona estaba desesperada por conseguir una vivienda propia para sus familiares y amparada en las promesas gubernamentales, no habría obtenido ninguna opción habitacional hasta ese día. Por supuesto, y era de esperarse, el ejecutivo utilizó dicho momento para potenciar aun más su fama y popularidad al otorgarle "expeditamente" una solución a la familia de Olivo.
Lo que no sabía esta maracayera de nacimiento, es que su lanzamiento "fructífero" tendría consecuencias negativas para el Gobierno. Si bien es cierto que el presidente aprovechó el momento para regalarle la casa a la señora Marleni; nuevamente sale a la luz pública el gran problema que tienen los venezolanos para obtener casa o apartamento propio.
Al día de hoy, las promesas gubernamentales se han basado en poder cubrir el déficit habitacional que ya suman alrededor de 2.700.000, pero no han logrado cubrir prácticamente nada. Fuentes oficiales aseguran que para finales del 2015, podrán estar listas unas 200.000, pero la brecha del faltante será aun peor.
Para poder cubrir este gran problema, el ejecutivo nacional creó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para mediados del año 2011.
Con base en el Censo Nacional de ese año, 7,5 millones de venezolanos necesitaban vivienda y el GMVV estableció como meta la construcción de 3 millones de casas en el período de 2011 - 2019. Para lograr dicha meta, el GMVV debía edificar 333.000 residencias al año, cifra que se consideró inviable considerando que entre 1999 y 2009, el sector público construyó 293.000 viviendas y el privado 240.000 es decir, aproximadamente 26.000 y 21.800 por año, respectivamente.
Para el año 2015 se ha comprobado que las metas no serán viables debido a que se está muy lejos de cumplirla: solo se lograron construir 668.330 viviendas al 2014. Esto debido a que no se cuantificó el objetivo considerando los riesgos vinculados al financiamiento, la disponibilidad de materias primas y la disponibilidad de terrenos (de las 34.793 hectáreas necesarias para cumplir la meta, al 2012, solo había disponible el 22%), por mencionar algunos.
Por otro lado, la falta de construcción de viviendas también afecta la disponibilidad de aquellos que deseen obtener una. Tanto es así, que en estos momentos, nadie (ni gobierno ni empresa privada) se animan a construir inmuebles. El Gobierno no lo hace por la falta de conciencia de la realidad que está viviendo el país. Los empresarios señalan afinadamente que el problema radica en que algunos de los elementos que afectan la edificación de viviendas son la falta de materia prima y de garantías a la propiedad de las personas, así como la errónea valoración del costo de las casas y el bajo monto de los créditos hipotecarios. En su mayoría, factores económicos.
"El verdadero drama de nuestro país es que el Gobierno no quiere reconocer la grave situación que existe porque reconocerla sería admitir sus fracasos". Es la expresión del jerarca de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini. Y es que también, el problema no es solo la construcción. Al no existir oferta, la demanda agregada se desplaza colocando precios muy por encima de lo normal. Los problemas son muchos y los dilemas existen.
En primer lugar, existe el fantasma de la expropiación. Además de la incertidumbre del sector privado, la baja de los ingresos nacionales por la caída de los precios del petróleo en medio de la crisis financiera global también está impactando el ya alicaído ritmo de la construcción. Para dinamizar al sector, el Gobierno de Maduro decretó una cartera bancaria obligatoria con bajas tasas de interés para la compra y construcción de inmuebles.
Ante el persistente bajo ritmo de ejecución, el mandatario amenazó este año con expropiar las constructoras que detengan las obras por las nuevas leyes.
En segundo lugar, existe el gran dilema habitacional: Comprar, Alquilar o Invadir. La falta de viviendas, la inflación y la sensación de inseguridad jurídica que tienen muchos propietarios ha disparado los precios inmobiliarios, haciendo inaccesible la vivienda para muchos venezolanos.
Por ejemplo, un apartamento de dos habitaciones en una zona de clase media baja cuesta en torno a US$150.000, frente a un ingreso familiar medio de US$680 mensuales (Tasa Oficial del Tipo de Cambio)
Alquilar tampoco es una opción fácil. De cada 100 casas en el mercado, sOlo ocho son ofrecidas para la renta y las mensualidades superan los US$700 por apenas 50 metros cuadrados en una peligrosa barriada de la capital venezolana y no menos de US$1.500 en las zonas de clase media-alta.
En medio de todo el torrencial de problemas, cabe recordar que el Gobierno de Miraflores creó las misiones de Barrio Nuevo y Barrio Tricolor; donde el Estado entregaba a sus pobladores las materias primas necesarias para la construcción de las viviendas, contando con asistencia y maquinarias especializadas.
Pero como todas las cosas en Venezuela, sus habitantes hicieron caso omiso a este tipo de "misiones" y encontraron en la falta de soluciones; una oleada de ocupaciones ilegales de viviendas vacías y terrenos baldíos por parte de grupos que se identifican como partidarios de la revolución socialista de Chávez/Maduro, que en total han invadido unos 22.000 inmuebles en todo el país.
Pero en el camino existe una pequeña luz de solución para este problema. Y se trata básicamente de darle espacio a que los empresarios constructores sean parte importante de este desarrollo urbanístico dejándolos trabajar, otorgándole los permisos necesarios y la fácil obtención de divisas para la compra de materiales de construcción.
La señora Marleni nunca tuvo la intención de destapar todos estos "trapos sucios". Ella solo quería que le dieran su casita al igual que muchos venezolanos que han quedado en el olvido de aquellas falsas promesas por parte del gobierno nacional. Es lamentable que la única forma que le otorgó su vivienda, fuera gracias a la excelente puntería de pegarle un mango en la cabeza al conductor de un autobús.
*Analista Económico. Profesor Universitario.
