A mediados de la década de los ´90, la corrupción era para muchos un tabú y no existía ninguna convención universal dedicada a combatirla y medirla. Peter Eigen, al ser testigo del impacto de la corrupción durante su trabajo en países de áfrica del Este, en el Banco Mundial, decidió retirarse y afrontar el tema con un grupo de nueve colegas creando la hoy respetada organización sin fines de lucro - Transparency International - cuya sede se sitúa en Berlín.
La corrupción impide una distribución equitativa de recursos entre la población, frena la eficacia de las políticas sociales e impide el desarrollo humano. A su vez, afecta al crecimiento económico y desarrollo sostenible e igualdad a largo plazo.
La organización presenta cada año, un índice y además le otorga una puntuación a cada país, cuya escala va del 0 al 100. El 0 equivale al nivel más alto de percepción de corrupción y 100 representa el nivel más bajo de percepción de la corrupción. En 2014, fueron evaluados unos 175 países. El índice está encabezado por los países cuyos sectores públicos son los menos corruptos: Dinamarca y Nueva Zelanda con 92 y 91 puntos respectivamente. Los últimos de la lista, es decir, donde la percepción de la corrupción es más alta, son Somalia y Corea del Norte, ambos con 8 puntos.
Alejandro Salas, director regional de la organización para las Américas, reflexiona sobre el hecho de que en América Latina no se han registrado movimientos significativos de mejora con respecto al año pasado y que la calificación promedio otorgada a los países es de 40, indicando que la corrupción es sistémica e impregna a los estados.
Muchos analistas de la región, sostienen que los países son más o menos corruptos dependiendo del modelo político-económico del estado. Los datos nos muestran que esta tesis no es válida y que existen altos niveles de corrupción tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, indistintamente. Lo que si parece ser evidente es que los países con menos corrupción son aquellos que tienen instituciones republicanas más sólidas.
Entre los países mejores puntuados en América Latina encontramos a Barbados (17), Uruguay (21), Chile (21) y Bahamas (24). Mientras que los que cuentan con mayor percepción de corrupción son Venezuela (161), Haití (161), Paraguay (150) y Nicaragua (133). Costa Rica se encuentra en el puesto número 47 del índice de Transparency, Brasil en el 69, El Salvador en el 80, Colombia y Panamá en el 95, Bolivia y México en el 103, Argentina en el 107, Ecuador en el 110, Guatemala en el 115 y Honduras en el 126 - entre otros-.
Las reacciones y respuestas que aparecen frente al índice de Percepción de la Corrupción cada año, son de lo más variadas. Muchos reflexionan sobre la necesidad de verdaderas reformas estructurales que sean efectivas y que incluyan los puntos claves a trabajar. Otros dudan de la fiabilidad del resultado ya que el índice mide fundamentalmente la percepción frente a la corrupción y unos pocos hasta celebran que su país no haya bajado en la escala.
Para Salas es cínico plantear como un triunfo que en América Latina el nivel de corrupción no haya empeorado. Más bien se trata - argumenta - de un año perdido en el proceso de fortalecimiento de las instituciones del estado y en la mejora de la calidad de vida de los habitantes.
El informe pone de relieve los ejemplos de Brasil y México. Brasil ha estado sujeto en el último período a escándalos causados por los miles de millones de dólares desaparecidos de la empresa estatal Petrobras. Mientras tanto en México, estalló el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, evidenciando que la corrupción permite a bandas criminales penetrar en las instituciones públicas. Ambos países, en lugar de implementar un uso positivo y satisfactorio de su influencia como potencias geopolíticas, muestran retrocesos en términos de transparencia.
En América Latina, como indica el informe, la corrupción parece ser sistémica y estar enraizada en el estado e ir adquiriendo un nuevo carácter. El caso de México y los hechos ocurridos en Ayotzinapa son un ejemplo en ese sentido.
Podemos pensar en formas de corrupción tradicionales o clásicas y otras de nuevo tipo. Las tradicionales son aquellas de carácter sistémico, políticos que una vez en el poder usurpan recursos del estado, arreglos entre políticos y empresariado, tráfico de influencia arreglos en licitaciones,- entre otros. Las nuevas formas de corrupción también están enraizadas en el estado pero el componente diferente y nuevo es el inmenso poder que tienen las organizaciones criminales de nuestro continente, particularmente el narcotráfico.
Lo sucedido en Ayotzinapa nos habla de una forma de corrupción no tradicional caracterizada por la permeabilización del narcotráfico en la política. Cuando el Alcalde de Iguala se tenía que enfrentar a una - movilización de estudiantes - la respuesta que utilizó fue el uso de instrumentos propios del narcotráfico, el sicariado. Para esta nueva forma de corrupción necesitamos ser especialmente cuidadosos. La clase política latinoamericana tendrá que estar atenta y alerta a las fuentes de financiamiento que recibe para desarrollar la política. Es indispensable impedir que el narcotráfico financie a los políticos. De esta forma se potenciarán los mecanismos de transparencia dentro de los sistemas políticos y empresariales para evitar el lavado de dinero.
Salas, no se reduce a culpabilizar a los tradicionales responsables de la corrupción como lo son los políticos, funcionarios y empresarios, lo hace también con la misma sociedad civil.
La responsabilidad de los ciudadanos consiste, según Transparency, en la participación activa de la sociedad en la lucha contra la corrupción como un tema clave. Muchas veces - plantea el informe - la misma sociedad es cómplice de la falta de transparencia en los estados. Esto se manifiesta de diferentes modos, señala. Por ejemplo, cuando no se denuncian transacciones corruptas; cuando se premian a políticos corruptos con el voto argumentando que roban pero al menos desarrollan acciones sociales y cuando la apatía y la inacción permeabilizan la sociedad y el mismo nihilismo se apodera de las personas.
Transparency propone diferentes acciones para contrarrestar el fenómeno de la corrupción. Las claves de esta lucha radican principalmente en cuatro puntos y se plantea que la sociedad civil debe ser partícipe en la implementación de dichas medidas. En primer lugar, es fundamental poner un alto a la impunidad de forma efectiva ante los escándalos de corrupción a través de la justicia. En segundo lugar, es necesario hacer de conocimiento público el financiamiento de la política y de donde proviene el dinero que mantiene a los partidos políticos. En tercer lugar es importante suprimir el clientelismo político. Las políticas sociales deben obedecer al criterio de necesidad y no a criterios partidarios. Por último es imprescindible crear registros públicos donde los ciudadanos puedan ver quiénes son los dueños de las empresas y así prevenir y evitar que los corruptos se escondan detrás de grupos secretos y se desarrolle el lavado de dinero.
Finalmente Salas insta a la sociedad civil a tomar parte activa en la lucha contra la corrupción y plantea que la pasividad, apatía y nihilismo han traído como consecuencia la falta de avances en las políticas contra la corrupción en América Latina. Plantea además, que no es razonable ni creíble que le pidamos a quienes se benefician de la corrupción que hagan algo por eliminarla.
*Analista internacional
Twitter: @ulricanagle
