A pocas horas de comenzar el proceso de negociación entre el gobierno y la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), algunos sectores se muestran optimistas y consideran que es factible la suscripción de un acuerdo con este organismo multilateral, pero surgen dudas sobre su sostenibilidad.
En la actual situación financiera del país, el principal compromiso es la contención del gasto y el incremento de las recaudaciones tributarias para lograr la meta de déficit fiscal de -5,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para la Administración Central, inferior al registrado en 2013, el que fue de -7,9%.
Para el sector público combinado se estima en -5,6%.
Entre las ventajas identificadas por los analistas de lograrse un acuerdo con el FMI destaca el apoyo financiero, la oportunidad de mayor inversión extranjera, la apertura de otros organismos de financiamiento, la reestructuración de la deuda pública y advierten que en caso de no firmarse se cierran las puertas de los organismos multilaterales, pues el acuerdo es visto como una garantía y señal de control de los objetivos económicos.
Un acuerdo "stand by", permitiría al gobierno acceder a un préstamo de unos US$170 millones para apoyo presupuestario, lo cual reduciría la presión para la contratación de más deuda, la que ascendió a US$2.755,2 millones a junio de 2014.
También se mejoraría la calificación de riesgo país.
Estos desembolsos están sujetos a revisiones trimestrales de las metas indicativas establecidas en los programas, para asegurar su cumplimiento, según las reglas del organismo.
La duración es flexible y generalmente abarca un período de 12 a 24 meses, pero no mayor de 36 meses.
Las últimas dos cartas de intenciones firmadas con el FMI duraron 18 meses, pero tanto la administración de Manuel Zelaya Rosales como de Porfirio Lobo Sosa, no cumplieron las metas indicativas establecidas en el programa.
Con estos antecedentes la mayor duda es la sostenibilidad y la observancia de los objetivos pactados.
El gabinete económico asegura que ha trabajado en la preparación de la propuesta del programa a presentar al FMI desde hace meses y que solo restaba la actualización de los resultados macroeconómicos al mes de agosto y la formulación del proyecto de Presupuesto General de la República.
Dicha propuesta está fundada en el tamaño de la economía, en una meta de ingreso razonable a fin de reducir el déficit fiscal de manera gradual, según autoridades del Banco Central de Honduras (BCH).
En contraste, economistas consideran que el gobierno no cuenta con un plan alterno, solo espera adecuarse a las metas que el organismo establezca, las que no necesariamente reflejan la capacidad real del país para cumplirlas.
Medidas a cumplir
En términos generales, las recomendaciones o metas siempre son las mismas, reducir los desequilibrios macroeconómicos, fortalecer las finanzas del sector público mediante la contención del gasto corriente, manejo de la deuda, sanear las empresas públicas, control de la inflación, reducir el déficit externo, política cambiaria coherente.
Sobre esta última variable, tipo de cambio, el gobierno sostiene que una depreciación acelerada de la moneda no es tema de discusión.
En el primer semestre de 2014 el FMI realizó la revisión de las variables macroeconómicas en base al Artículo IV del Convenio Constitutivo de la institución y el mismo fue aprobado por el directorio del organismo.
Esta revisión dio como resultado una expectativa de crecimiento económico de 3%, la previsión del aumento temporal de las presiones inflacionarias, aunque espera que se mantenga bajo control.
A lo anterior se suman las medidas para reducir el déficit fiscal y la posible reducción del déficit en cuenta corriente del sector externo.
En cuanto al crecimiento proyectado, economistas son del criterio que el país registra una desaceleración y que el mismo sería menor al 3%.
El propio FMI redujo la proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe en 0,5%, ubicándolo en un 2%, la menor tasa en cinco años.
Esto traería una menor recaudación tributaria, la que a junio presenta un desfase de unos 1.200 millones de lempiras, aunque las autoridades esperan cumplir la meta de recaudación fijada en cerca de 69.000 millones de lempiras.
Por el lado del gasto, en el primer semestre el presupuesto pasó a 187.494,9 millones de lempiras, frente al monto aprobado de 183,746.3 millones, para un incremento de 3.748,7 millones.
A pesar del incremento las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) anunciaron una reducción del gasto en el primer semestre, por el orden de unos 6.900 millones de lempiras, el cual es resultado de la baja inversión pública y de la postergación del pago de compromisos.
Tales cifras no necesariamente se mantendrán a final de año.
Los gobiernos generalmente acumulan parte de sus gastos y esperan cumplir con los compromisos a más tardar en diciembre y, en caso de no lograrlo, pasa a deuda flotante.
El gobierno anunció que el presupuesto de 2015 será menor, aunque no precisó en qué porcentaje.
Otra de las debilidades para alcanzar el acuerdo y sostenerlo en el mediano plazo, es el déficit generado por las empresas públicas, principalmente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Al respecto el gobierno ha avanzado en aspectos como la aprobación de 3 fideicomisos y la Ley de la Industria Eléctrica, pero falta el nombramiento de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE), la cual está en proceso.
El resultado financiero de la ENEE en el primer semestre de 2014 muestra un empeoramiento, con pérdidas de unos 2.500 millones de lempiras, al menos un 13,8% mayor a las del primer semestre de 2013.
El gerente de la ENEE, Emil Hawit, durante su comparecencia ante el Congreso Nacional, indicó que la deuda real al 20 de agosto con las empresas térmicas asciende a 6.803 millones de lempiras.
También se constituyó el fideicomiso para que administre el flujo de efectivo, inversión y garantía de Hondutel, la reducción de sus pérdidas y la capitalización del BCH mediante la emisión de bonos para cubrir la pérdidas cuasifiscales de 2008 a 2011.
En tanto, las pérdidas cuasifiscales hasta 2006 se permutarán de forma gradual, con la emisión de bonos, a razón de 3.000 millones de lempiras a partir de mayo de 2014 hasta mayo de 2017.
Aunque el FMI se muestra satisfecho por las reformas, el organismo señala que no son suficientes.
Esto implica que de lograrse el acuerdo, incluirá si no más impuestos, otras medidas para reducir el gasto público y garantizar la sostenibilidad, advirtieron funcionarios.
