Por: AFP
'Recurrimos ante su autoridad para solicitar de manera formal los estudios técnicos ambientales y sociales que respaldan decisiones anunciadas a la fecha', expresa una carta enviada a Ortega por organismos y profesionales ambientalistas.
La carta está firmada por organismos como el Centro Humboldt, la Academia de Ciencias de Nicaragua y el director del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (Cira), Salvador Montenegro, y reconocidos ambientalistas del país.
Ortega aseguró el martes ante el Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que el canal garantizará los aspectos ambientales y sociales y que tomará en cuenta la opinión de comunidades que sean desplazadas por la obra.
La empresa china Canal Development Investment Co. (HKND), concesionaria de la obra, anunció a comienzos de julio la ruta seleccionada para la construcción de vía que unirá el océano Pacífico y el mar Caribe con una extensión de 278 kms, entre ellos 105 kms a través del lago Cocibolca.
El lago Cocibolca, la segunda reserva de agua dulce del continente después del Titicaca, es la mayor preocupación de los ambientalistas, que temen un daño irreversible a su biodiversidad y calidad de agua.
En enero, Ortega y el presidente de HKND, el empresario chino Wang Jing, anunciaron que a finales de este año dará inicio la construcción de la obra cuyo costo estimado es de US$40.000 millones.
Los ambientalistas exponen a Ortega que, dada la envergadura de la obra y su importancia para el desarrollo futuro del país, 'debe ser analizada cuidadosamente'.
Para eso proponen 'elaborar un informe técnico' con base en los estudios de factibilidad que HKND aún no presenta para dar un carácter 'eminentemente público' a la información relacionada con el canal.
Representantes de HKND han dicho que los estudios de impacto ambiental, social y económico estarán finalizados en octubre.
No obstante, los ambientalistas han expresado dudas de la fiabilidad de los estudios debido a que no serán sometidos a la aprobación de organismos independientes que analicen las conclusiones de los inversionistas.
'Recurrimos ante su autoridad para solicitar de manera formal los estudios técnicos ambientales y sociales que respaldan decisiones anunciadas a la fecha', expresa una carta enviada a Ortega por organismos y profesionales ambientalistas.
La carta está firmada por organismos como el Centro Humboldt, la Academia de Ciencias de Nicaragua y el director del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (Cira), Salvador Montenegro, y reconocidos ambientalistas del país.
Ortega aseguró el martes ante el Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que el canal garantizará los aspectos ambientales y sociales y que tomará en cuenta la opinión de comunidades que sean desplazadas por la obra.
La empresa china Canal Development Investment Co. (HKND), concesionaria de la obra, anunció a comienzos de julio la ruta seleccionada para la construcción de vía que unirá el océano Pacífico y el mar Caribe con una extensión de 278 kms, entre ellos 105 kms a través del lago Cocibolca.
El lago Cocibolca, la segunda reserva de agua dulce del continente después del Titicaca, es la mayor preocupación de los ambientalistas, que temen un daño irreversible a su biodiversidad y calidad de agua.
En enero, Ortega y el presidente de HKND, el empresario chino Wang Jing, anunciaron que a finales de este año dará inicio la construcción de la obra cuyo costo estimado es de US$40.000 millones.
Los ambientalistas exponen a Ortega que, dada la envergadura de la obra y su importancia para el desarrollo futuro del país, 'debe ser analizada cuidadosamente'.
Para eso proponen 'elaborar un informe técnico' con base en los estudios de factibilidad que HKND aún no presenta para dar un carácter 'eminentemente público' a la información relacionada con el canal.
Representantes de HKND han dicho que los estudios de impacto ambiental, social y económico estarán finalizados en octubre.
No obstante, los ambientalistas han expresado dudas de la fiabilidad de los estudios debido a que no serán sometidos a la aprobación de organismos independientes que analicen las conclusiones de los inversionistas.
