La evolución tecnológica, la hiper-conectividad, el anonimato en el manejo profesional o empírico de programas creados y/o utilizados para la comisión de delitos en el ciberespacio, y la utilización del delito informático dirigido contra personas individuales e infraestructuras políticas y económicas. Son algunos de los conceptos que merecen un estudio especializado con un enfoque complementario a partir de la Criminología. Ante cada innovación tecnológica crece en paralelo la conducta antisocial que la utiliza para su beneficio y en detrimento de terceros. De ahí la importancia de la Criminología como parte integrante de la especialización de los operadores de Justicia penal con el objetivo de implementar políticas de persecución penal que contrarresten la acelerada expansión de los delitos informáticos. La perfilación en el ámbito del ciberdelito es un elemento analítico esencial para obtener y clasificar la información ligada al comportamiento y las motivaciones del ciberdelincuente.
La ciberdelincuencia es una amenaza silenciosa de rápida expansión y generadora de daños de gran impacto. Esta realidad exige la armonización de normas jurídicas entre los países de la región centroamericana, lo mismo que la actualización constante en la materia, incluyendo aspectos importantes para la detección temprana de las redes organizadas de cibercrimen o individuos actuando en solitario. El análisis de la incidencia delictiva permite identificar las motivaciones detrás del ciberdelito, sean estas políticas, económicas o sexuales. Existen actualmente algunas iniciativas de monitorización y recolección de datos sobre la ciberdelincuencia en países de la región Centroamericana que merece la pena destacar, como el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (OGDI) o la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ). Pero el sistema de justicia penal de nuestros países necesita revisar su plan de estudios y abrir paso a la especialización a partir de la Criminología para conducir políticas de persecución penal contra el ciberdelito a través de la perfilación y el análisis geográfico y estadístico de la incidencia delictiva. No cabe duda que actualmente el cibercrimen es el negocio ilegal más lucrativo, sofisticado, creativo y difícil de detectar al que se enfrentan los investigadores y que la multiplicidad de acciones delictivas por medios tecnológicos contrasta con la dificultad de encasillar al delincuente informático bajo un solo perfil, especialmente porque las acciones obedecen a una amplia variedad de motivaciones.
Sin embargo, la perfilación del ciberdelincuente resulta más fácil de asimilar desde un punto de vista criminológico porque nos permite extraer características concretas de la motivación y la acción vinculadas al objeto o al medio de la acción delictiva que permiten establecer dos categorías delictivas:
i) un primer grupo al cual pertenece el ciberdelito como objeto de la acción y en el que podemos incluir delitos como Destrucción de registros informáticos, Uso de Programas Destructivos o Acceso y uso no autorizado de información;
ii) y un segundo grupo en el que el ciberdelito se convierte en el medio facilitador en la comisión de otros delitos graves, como podrían ser las actividades delictivas derivadas del uso de la tecnología y que se ejecutan en concurso como el fraude de pago, el ataque a infraestructuras críticas o la distribución de pornografía infantil. En cualquiera de los casos, acciones delictivas como medio o como objetivo del ciberdelito requieren una constante revisión de la base de datos policial o judicial a nivel nacional y regional para analizar la información estadística de incidencias y coincidencia de perfiles.
Pero además de esta categorización, la elaboración de bases de datos y el estudio de los rasgos coincidentes relacionados al perfil del ciberdelincuente ayudan a identificar las motivaciones del delincuente en la comisión de delitos ciberdependientes, sea que éstos se utilicen como medio para la comisión de otros tipos penales en concurso o sean independientes en sí mismos, facilitando así la elaboración de políticas preventivas o de persecución penal. Cuando identificamos las motivaciones del sujeto, sean éstas intrínsecas o extrínsecas, debemos tener presente que el ciberdelito es actualmente una actividad empresarial altamente lucrativa en su vertiente individual u organizada y además se ha convertido en un entorno de mercado con sus propias regulaciones, lo que también encierra motivaciones particulares (ascenso en el ránking reputacional virtual). En el contexto de una política criminal nacional, el ranking reputacional de los infractores es relevante porque los niveles de conocimiento adquiridos a lo largo del tiempo pueden ser indicativos del nivel de sofisticación, planificación y tipo de motivación del infractor, ya seda que actúe en solitario (lone rangers), sea parte de una organización u ofrezca un servicio (crime as a service).
En la región centroamericana estamos apenas iniciando el camino hacia la prevención, investigación y sanción del ciberdelito. La participación de nuestros países en las propuestas de cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia no solamente afianza relaciones internacionales, sino que exige resultados. Cada línea de actuación que implementa nuestro sistema de justicia penal en relación con políticas de persecución penal contra el cibercrimen debe planificarse como una verdadera estrategia de seguridad nacional donde se invierten recursos en conocimiento. Por ello adquiere relevancia integrar la Criminología en la currícula universitaria y/o formativa de los operadores de justicia penal de cada país de la región, que facilite la creación de unidades especiales contra el ciberdelito o refuerce las ya existentes con personal cualificado para el análisis de información, elaboración de perfiles e implementación de mecanismos de prevención e investigación en delitos informáticos.
Biografía:
Silvia Sánchez Barahona es Abogada Penalista y ex Fiscal de la República de Nicaragua (2002-2011). Posee un Título de Experto en Teoría General del Delito (2019) y un Título de Experto en Análisis de Inteligencia para la Seguridad (2020), ambos por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Actualmente cursa el Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal Económico en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido invitada como ponente en el I Congreso Iberoamericano de Criminología, Victimología y Política Criminológica organizado por la Universidad San Martín de Porres y la Asociación Ama Hucha de Perú; también participó como ponente invitada al Seminario Sobre el Derecho Humano al Agua organizado por la Universidad Tecnológica de la República de El Salvador. Otras participaciones de carácter formativo han sido el Primer Congreso Internacional en Ciencias Criminológicas, Forenses y Seguridad organizado por la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas de México y el Webinar "Cybersecurity and Human Rights" organizado por el Consejo de la Unión Europea.
