Por estrategiaynegocios.net
Siguiendo de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos y su planteamiento sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), Costa Rica inicia el proceso para definir las metas de recolección de RAEE y así estimular el cumplimiento de esta responsabilidad.
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Esta establece que quien realiza la producción o importación de mercancías es responsable de estas hasta luego de su vida útil, cuando se convierten en residuos, y deben brindar a los consumidores facilidades para la recuperación y gestión siguiendo las mejores prácticas para la protección de salud pública y el ambiente.
Autoridades del Ministerio de Salud, en conjunto con el Comité Ejecutivo para la Gestión Integral de los RAEE (CEGIRE), avanzan en establecer las metas de recolección graduales a los importadores y productores de este tipo de residuo, que deben estar organizados en Costa Rica en las llamadas ¨Unidades de Cumplimiento¨ para cumplir esa responsabilidad de recolección y gestión integral de los RAEE y brindar solución a los consumidores para que sean más responsables y conscientes con sus residuos.
El desarrollo de esta normativa para los residuos de manejo especial es uno de los imperativos a cumplir para mejorar los sistemas de gestión de residuos y combatir los grandes problemas de contaminación terrestre y marina, así como proteger la salud de las personas.
Para establecer técnicamente los volúmenes de RAEE a recuperar, se contó con el apoyo técnico del Proyecto de Residuos Electrónicos en América Latina (PREAL) y se tomaron en cuenta múltiples variables, entre ellas, aspectos de viabilidad técnica, económica y operativa.
Además, en aspectos económicos, el aprovechamiento de los materiales valiosos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocido como Minería Urbana, podrían ser utilizados también como una alternativa para la reactivación económica y generación de empleos, como bien lo señala el Monitoreo Regional de Residuos Eléctricos y Electrónicos para América Latina 2022, que indica que la valorización de RAEE representa un total de US$1,7 mil millones para los 13 países analizados, y considerando a Costa Rica, el país tendría una oportunidad aproximada de US$87 millones.
“Actualmente, la mayor parte de esta materia prima se pierde en los rellenos sanitarios porque la disponemos con los residuos ordinarios de gestión municipal o es manejada de forma precaria o con tecnologías y prácticas deficientes, algunas en manos del sector informal, y se genera un riesgo para la salud de esos trabajadores y nosotros mismos, pues muchos de esos componentes son tóxicos y requieren manipulación especial”, señala el ingeniero Eugenio Androvetto, director de Protección – Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
En el año 2020, se estimó que el país generó alrededor de 68,000 toneladas de estos residuos y se conoce que solo el 8% es gestionado integralmente por gestores. De esas 68,000 toneladas, la mayoría son los aparatos pequeños, electrodomésticos que utilizamos y se generan como RAEE en nuestros hogares y solo el 9% es de computadoras, mouses y celulares, como muestra la siguiente gráfica.
Responsabilidad compartida y la economía circular
De acuerdo con el ingeniero Androvetto, los productores e importadores de estos aparatos, junto a las unidades de cumplimiento, necesitarán hacer una inversión que había estado siendo pospuesta desde el 2014 con la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Residuos 8839, esto a fin de que las personas consumidoras tengan la posibilidad práctica y reciban un servicio para entregar adecuadamente sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con la participación de los puntos de venta o en áreas específicas, a costo cero como dice la ley.
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Lo mismo debe extenderse a los municipios, para que integren RAEE en sus planes de gestión de cada cantón como un servicio a sus ciudadanos en alianza con los productores e importadores, como ya ocurre en algunas municipalidades.
La visión de las autoridades es que, en un horizonte de 20 años, el país esté recuperando y gestionando adecuadamente el 50% de sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, periodo en el cual se consoliden los procesos de economía circular en el país, para evitar la generación de residuos y mejorar la eficiencia en la producción, aprovechamiento de materiales y educación de los usuarios.
