POR AFP
El gobierno de Chile ordenó una investigación sobre una “falla de seguridad” detectada en los correos electrónicos de la cúpula militar, y dispuso por esto el regreso de urgencia de la ministra de Defensa, que se encontraba en Estados Unidos.
El Ministerio de Defensa Nacional dijo la noche del miércoles que ante “la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto”, el presidente Gabriel Boric instruyó el regreso de la ministra Maya Fernández, quien lo acompañaba en un viaje oficial con motivo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, “para liderar la respuesta frente a estos hechos”.
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“El Gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal”, agregó el breve comunicado de prensa.
Fernández iba a participar el miércoles en un homenaje que el Gobierno chileno organizó para su abuelo, el depuesto mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), por los 50 años de su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero debió volver a Chile tras conocerse el hackeo.
De acuerdo con el diario El Mercurio, la información sobre el hackeo fue difundida en plataformas que divulgan las actividades de piratas electrónicos.
En ellas, el grupo identificado como “Guacamaya” habría divulgado documentos reservados de la Defensa chilena que abarcarían unos cinco años, en la primera de varias revelaciones que se vendrían para gobiernos latinoamericanos.
Según este medio, entre los archivos difundidos se encontrarían algunos relacionados con los hechos ocurridos tras las masivas manifestaciones sociales que estallaron en Chile el 18 de octubre de 2019, que se extendieron por varias semanas y se saldaron con una treintena de muertos.
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Varios informes de organismos internacionales dieron cuenta de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de la policía y también de las Fuerzas Armadas, que colaboraron en labores de seguridad por nueve días en que el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia.
