El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves (31.03.2022)la resolución Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, en la que establece la creación de un mecanismo de personas expertas internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua, después de más de tres años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país y tres resoluciones para apoyar una salida pacífica.
La resolución que fue presentada por la delegación de Chile, con el respaldo de Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, y Canadá; finalmente fue aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra.
Mientras la Procuradora General de la República, Wendy Morales, rechazó la resolución sobre Nicaragua argumentando que la misma es producto de una “valoración instrumentalizada” y “derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas” que no respetan la autodeterminación de los pueblos.
“No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido”, dijo Morales a través de videollamada.
Sin embargo, el mecanismo estará vigente por un año y será integrado por un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serán nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos con el mandato realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018 y sus causas estructurales.
Asimismo, los expertos deberán recopilar, preservar y analizar la información y potenciales evidencias; y, cuando sea posible, identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de promover la rendición de cuentas.
También emitirán recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, proporcionarán orientación sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, para lo que colaborarán con la Oficina de la Alta Comisionada, el Estado de Nicaragua, organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos pertinentes de la ONU y la sociedad civil.
Preocupación por los presos políticos
En la resolución el Consejo de Derechos Humanos también expresa “su grave alarma” por la muerte del preso político Hugo Torres Jiménez, el pasado 12 de febrero de 2022, mientras se encontraba en custodia del Estado de Nicaragua.
Asimismo condenó las detenciones arbitrarias, en el contexto electoral, de aspirantes presidenciales, líderes políticos, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas, líderes campesinos, líderes estudiantiles y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y expresó su preocupación por la integridad de los presos políticos, las condiciones de detención y las condiciones de salud.
Por esas razones, el Consejo recordó al Estado de Nicaragua que las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela), establecen que las sanciones disciplinarias y las medidas restrictivas no incluirán la prohibición del contacto con la familia y que el contacto con la familia solo podrá restringirse durante un período limitado y en la medida estrictamente necesaria para el mantenimiento de la seguridad y el orden.
Por otra parte indicó “su grave preocupación” por los informes sobre juicios políticos, que se han celebrado sin respetar las garantías procesales, incluidos los derechos a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, a una audiencia justa y pública por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial, y a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar la defensa”.
Tras aprobarse la resolución, el Colectivo 46/2, una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses, manifestaron su optimismo con el trabajo que pudiesen realizar los expertos internacionales a pesar que no cuentan con el beneplácito del Gobierno de Nicaragua.
“Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos. Cuatro resoluciones fueron adoptadas y las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de derechos humanos,” alertó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
