Franklin Corella, diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), propone cobrar un 5% a los servicios de transporte que ofrecen empresas como Uber para crear un fondo nacional de movilidad colaborativa que permita financiar iniciativas de transporte público.
La propuesta forma parte del proyecto de ley de movilidad colaborativa que presentará el legislador oficialista la mañana de este jueves en un foro que se realizará en la Asamblea Legislativa.
Corella explicó que el proyecto de ley pretende regular empresas como Uber que ofrecen servicios de movilidad colaborativa.
'Es necesario crear una regulación que garantice seguridad para la empresa, para sus choferes socios y para sus usarios', dijo Corella.
En la propuesta se crearían dos modalidades: la movilidad colaborativa abierta y la movilidad colaborativa cerrada.
Las empresas interesadas en brindar una plataforma o red en la que se enlace a choferes con usuarios tendrán que inscribirse en una oficina nacional de movilidad colaborativa que será adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); para después registrar a sus conductores o socios en un registro nacional que será controlado por la oficina de movilidad colaborativa.
La propuesta de ley propone cobrar el 5% de cada servicio de transporte que ofrecen empresas como Uber, para crear un fondo nacional de movilidad colaborativa.
El 20% de ese fondo nacional servirá para financiar la modernización del transporte público y el restante 80% se destinará para dotar de recursos a proyectos concursados de transporte.
Otra de las propuestas que incluye el proyecto de ley es obligar a las empresas como Uber a firmar contratos formales con sus conductores socios para establecer una serie de responsabilidades laborales.
El texto propuesto por Corella establece que los conductores tendrán que contar con vehículos cuya antigüedad no supere los diez años. También tendrán que contar con pólizas de seguros que cubran al pasajero, al conductor y al vehículo.
'No se puede bloquear o cerrar un modelo como la movilidad colaborativa, porque es un fenómeno que cada día cobra más fuerza en el mundo y porque es algo que se debe regular para el beneficio de todas las partes', comentó Corella.
El proyecto de ley que presentarán Corella la mañana de este jueves atizó los ánimos de los taxistas quienes hoy toman las calles con manifestaciones en el parque Central de San José y en las principales rutas del país.
Uber opera en Costa Rica desde el 21 de agosto del 2015 sin ninguna regulación y sin ningún permiso del Gobierno. Incluso el Consejo de Transporte Público (CTP) calificó el servicio de transporte como ilegal.
La relación entre Uber y sus choferes socios no implica ningún contrato formal. La empresa que provee la plataforma de conexión entre usuarios y conductores cobra el 25% de cada servicio y ofrece convenios con aseguradoras para que sus socios obtengan pólizas a precios más bajos.
