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Acuerdo Trans-Pacífico entra en su recta final

Estados Unidos, Japón, Chile, México, Perú y otros siete países de la región Pacífico se reúnen esta semana en Hawái para pulir los últimos detalles de un acuerdo de libre comercio, cuyos esperados beneficios económicos generan polémica.

2015-07-27

Por: AFP

Al igual que su similar europeo llamado TTIP, que también genera debates, el 'Trans-Pacific Partnership' o TPP es acusado a menudo de negociarse tras bastidores con la meta no confesa de favorecer a las multinacionales.

Los doce países que se reúnen a partir de este martes en la isla estadounidense del Pacífico aseguran por el contrario que este acuerdo impulsará el crecimiento en la región y obligará al gigante chino, fuera de las negociaciones, a una mayor apertura de su economía.

'Si nosotros no escribimos las reglas del comercio mundial, ¿adivinen qué? Lo hará China. Y lo hará de manera que saldrán favorecidas las empresas y los trabajadores chinos', había declarado en mayo el presidente estadounidense, Barack Obama, ferviente promotor de este tratado.

Tras años de discusiones, Washington y sus aliados, que representan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, esperan que la ronda de Hawái culmine con un acuerdo o, por lo menos, defina las bases de un compromiso a corto plazo.

A principios de julio el gobierno australiano decía que esperaba un acuerdo 'en las próximas tres o cuatros semanas'.

Ardua batalla

Estados Unidos puso todo en la balanza para hacer avanzar las negociaciones, que buscan reducir las barreras aduaneras y reglamentarias a fin de acelerar el intercambio.

Tras una ardua batalla en el Congreso, que llevó en parte contra sus propios aliados demócratas, Obama obtuvo a fines de junio mayores poderes para negociar, lo que impedirá a los legisladores estadounidenses modificar un eventual acuerdo.

Para los demás países TPP ubicados en el continente americano (Perú, Chile, Canadá, México), en Asia (Brunéi, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam) y Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), los desafíos también son grandes.

Japón, tercera economía mundial, espera que este acuerdo lo ayude a aprobar reformas internas poco populares para liberalizar el sector agrícola. Vietnam espera por su parte conquistar nuevos mercados que hoy le cierran las puertas.

Por su parte, Chile anunció hace una semana que buscará 'negociar constructivamente', pero que no quería un TPP 'a cualquier costo'.

'Son las negociaciones comerciales más importantes que tuvimos en los últimos veinte años', explicó a la AFP Peter Petri, autor de un estudio sobre el TPP para el centro de reflexión Peterson Institute con sede en Washington.

'Traerá importantes beneficios indirectos en cuanto a la manera en que las reglas comerciales en el mundo serán reformuladas', añadió.

Y es precisamente lo que teme la sociedad civil: que este Tratado Trans-Pacífico acarree un desajuste general en detrimento de los derechos medioambientales y sociales.

'Es evidente que el TPP no generará empleos, como tampoco protegerá el medio ambiente, ni garantizará una buena calidad de las importaciones', indicó uno de los principales sindicatos estadounidenses, el AFL-CIO, al temer que las multinacionales sean los 'principales beneficiarios'.

Según documentos confidenciales publicados por el sitio WikiLeaks, el TPP, que se negocia desde 2009, podría permitir a inversores demandar a Estados Unidos ante la justicia, desembocar en un aumento de los precios de los medicamentos y reforzar la protección de la propiedad intelectual en detrimento de los consumidores.

'La gente pagará más por sus medicamentos o productos protegidos por patentes. Es lo mismo que un alza de los impuestos', asegura Dean Baker del centro de reflexión progresista Center for Economic and Policy Research.

Estas críticas son similares a aquellas que recibe el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos y Europa negocian con dificultades desde julio de 2013.

Un eventual acuerdo sobre el Trans-Pacífico parece más cercano. Pero para el gobierno de Obama, el tiempo se agota.

Con elecciones presidenciales previstas en noviembre de 2016, cualquier retraso podría comprometer la ratificación del acuerdo por parte del Congreso.

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