Desde la publicación en noviembre 2019 de mi columna titulada "¡Nos quedamos sin cortes!", he advertido sobre la preocupación que envuelve la elección de nuestras cortes. Desde ese momento estaba claro que había grandes riesgos en el proceso de nombramiento.
Esta semana surge la noticia que el exsecretario de la presidencia del gobierno de álvaro Colom, Gustavo Alejos, es acusado de sostener reuniones con diputados, abogados y jueces vinculados a los procesos de postulación de magistrados a nuestras Cortes de Apelaciones (CA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presuntamente incidir en tales decisiones.
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Desde el año pasado hemos sido testigos del errático proceso de nombramiento de los magistrados que integrarán dichas cortes y, ahora se adiciona la selección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Estas entidades defienden la prevalencia de la justicia en nuestro país. Su función no puede ser tomada a la ligera.
La CSJ es el órgano de más alta jerarquía del Organismo Judicial, aunque han abdicado dicho rol históricamente.
La CSJ tiene la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional en el país, "ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia". Por otro lado, las CA son el segundo órgano más importante en nuestra jerarquía, ya que son foros superiores a los juzgados de primera instancia, los de paz y los menores. Y, el TSE, también juega un rol fundamental, como máxima autoridad y tribunal en materia electoral, velando por elecciones libres e independientes.
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Tal y como mencioné la semana pasada, estas entidades son fundamentales en el balance de poderes para el funcionamiento de nuestra democracia republicana. Por tanto, las personas que integran dichas instituciones del Estado deben ser lo mejor de lo mejor.
Los procesos de nombramiento, sin duda, no son perfectos. Sin embargo, muchos de sus aspectos están definidos en nuestra Constitución. Nuestros próceres habrían creído que, metiendo a la academia a las comisiones de postulación, se le de daría un aire técnico a los procesos.
No obstante, nunca se habrán imaginado que acabarían politizando la academia. Además, el hecho que se nombre la totalidad de los magistrados cada 5 años y en forma simultánea, resulta exponiéndonos a un gran riesgo y vulnerabilidad.
En esta ocasión, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) debía jugar un rol crucial en el desarrollo del proceso para el CSJ y la CA. Esta entidad tenía la importante responsabilidad de realizar las evaluaciones técnicas pertinentes a los postulantes.
Pero no hicieron absolutamente nada, ni siquiera crearon el reglamento de evaluación, por pura irresponsabilidad y dejadez. Una de las mejoras que se habría pretendido en el proceso de elección de magistrados era la inclusión de una evaluación técnica.
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El desafortunado amparo que reclama el incumplimiento por parte del CCJ termina de arruinar el proceso, extendiendo los plazos más allá de lo que indica nuestra Constitución. No podemos postergar los nombramientos. Ya estamos a destiempo.
A la luz de las noticias y revelaciones recientes es importante, hoy más que nunca, que exijamos a nuestro Congreso que nombre magistrados idóneos e independientes. Todos sabemos la mala fama que tiene el Congreso, pero, lastimosamente, en ellos recae esta importantísima decisión. Ojalá hagan transparentes sus procesos de entrevistas y rechacen la tentación de 'negociar' listas o cupos.
Hoy se hacen evidentes los vicios que siempre temimos en estos procesos de postulación. Por ello, los ciudadanos debemos aferrarnos a nuestra función de veeduría ciudadana y acompañar muy de cerca a las postuladoras y a nuestro Congreso.
A lo largo de los últimos tres procesos, entes como Guatemala Visible, reconocidos por su independencia y por su rol en transparentar estos procesos, hoy a la luz de estos hechos, adquieren una nueva relevancia. Los exhorto a que, si tienen información relevante y verificable sobre la idoneidad de los candidatos que permita a nuestros diputados tomar mejores decisiones, la compartan a Guatemala Visible.
Como ciudadanos, magistrados, postuladores o diputados, sea quien sea, tenemos la obligación de denunciar cualquier presión para comprometer los nombramientos. Para ello contamos con plataformas como Crime Stoppers, o bien podemos abocarnos con el Ministerio Público. Debemos luchar por que los mejores profesionales lleguen a ocupar estas magistraturas, a pesar de los vicios del proceso.
La ley debe de ser aplicada con toda su fuerza para erradicar estas prácticas de tráfico de influencias con miras a tener injerencia sobre las cortes. Nadie, ni local ni extranjero, ni político ni civil, debe de tener injerencia sobre la justicia. Y aunque lleguen a ser magistrados por alguna artimaña, los magistrados deben rechazar dicha pretensión de injerencia. La dama de la justicia lleva sus ojos vendados justamente porque la justicia debe ser aplicarse a ciegas, sin injerencia alguna.
