El conflicto generado a raíz de las pasadas elecciones en Honduras ha dado de qué hablar, y con razón, ya que su compleja conformación ha dificultado a muchos definir su postura al respecto. El tema no es un claro blanco o negro, y confunde el tener como antecedente más cercano el golpe de Estado del 2009. Además, se suman otros factores como la lucha del "Imperio" vs Socialismo del Siglo XXI, la ausencia de reformas institucionales que se tendrían que haber implementado y no se hicieron, egos y prepotencia, la falta de credibilidad aumentada por el juego político y la eterna deuda por desmembrar la corrupción sistemática que ataca a todos los partidos en contienda.
Permítanme hacer una aclaración: esto es un análisis de realidad política y no uno legal, y sobre todo, no es un debate sobre si la reelección es legal en Honduras o no. En la política, lo que se percibe en el imaginario público puede ser tan importante como la legalidad del caso.
Veamos el escenario de una nueva elección. No era previsible en el análisis pre electoral, que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cometería una imprudencia tan grande, que crearía un precedente con posibilidad de afectar los procesos electorales de todos los países miembros de dicha organización.
El Sr. Almagro, en su comunicado de prensa del pasado domingo 17 de diciembre (Día D + 22) argumentó más allá de las conclusiones del segundo reporte preliminar de la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la OEA liderada por el ex presidente boliviano Jorge Quiroga y recomendó que en Honduras se realicen nuevas elecciones para salir del problema en que se encuentra.
La propuesta suena como una salida viable que está incluida en la Constitución de la República de Honduras (siempre y cuando no se declare un ganador antes de la fecha de toma de posesión), solo hasta que se considera el escenario para una nueva elección con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) desacreditado. Veamos por qué.
Si la posición de la OEA es que se debe repetir la elección, bajo la razón de que el sistema de recolección y transmisión de datos del TSE así como el papel jugado por los magistrados del mismo fue débil y de baja calidad, entonces es obligatorio volver a hacer la elección completa, tanto presidencial como de diputados y alcaldes, ya que todas ocurrieron bajo el mismo sistema. Y si ahora es tan obvio que el sistema era frágil, en todo caso pudieron advertirlo al inicio del proceso de observación cuando realizaron la inspección previa a la elección, a menos que en ese tiempo anduvieran únicamente de turismo electoral. Todavía no hemos escuchado a los participantes de las contiendas de diputados y alcaldes manifestarse sobre este escenario, en el que 128 diputados electos (de 128 en total en el congreso) y 298 alcaldes (de 298 municipios que hay en el país), estarían perdiendo sus victorias. Representantes de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) han dicho no a una nueva elección general.
Además, ya que está altamente cuestionado el TSE y sus integrantes, para una nueva elección sería necesario elegir un TSE nuevo y modificar su composición para volver a tener confianza en un proceso electoral nuevo. Si no, en nada estamos. Luego, ese nuevo TSE necesitará implementar un nuevo sistema de transmisión que no tenga los errores que la OEA dice que tiene el actual. El problema es que los miembros del TSE son nombrados por el Congreso de la República, lo que nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Serían los miembros de este congreso (cuyo mandato termina en la segunda quincena de enero de 2018) o los miembros del congreso recién electos, los que deberían escoger al nuevo TSE? ¿Hay tiempo para que lo haga este congreso? Si lo hace el siguiente congreso, y se tiene que repetir todo el proceso electoral, ¿sería necesario alargar la estadía en el congreso de los actuales propietarios? Mientras tanto, el Ejecutivo estaría en control del Consejo de Ministros de la actual administración, lo cual dudo que a los principales partidos de oposición les parezca una buena idea, porque seguramente volverían a argumentar que ellos fueron los responsables del fraude anterior y deben salir del gobierno. A propósito del fraude, cabe aclarar aquí que tanto la Misión de la OEA como la respectiva de la UE han dicho que todavía no han encontrado dicho fraude en el proceso electoral, seguimos esperando pruebas que le darían vuelta al resultado, y si las hay por favor que las presenten para poder aclarar el fraude y determinar a los culpables.
Si se nombra un TSE provisional, escogido por árbitros internacionales dada la desconfianza en los actores locales para nombrar a uno nuevo utilizando las institucionalidad establecida, ¿quién los escogería? ¿OEA? ¿ONU? ¿Unión Europea? (¿y por qué no el Vaticano, la FIFA, el Dalai Lama…?) Después de decidir quién los escoge tenemos que tener respuesta para lo siguiente: ¿Qué pasa ahora con la soberanía de Honduras? Tener un panel extranjero para un proceso civil de hondureños, vendría a debilitar aún más la institucionalidad nacional, al no permitir que seamos los hondureños quienes confiemos en hondureños para solventar nuestros problemas. Es como si los hermanos en una casa tuvieran la costumbre de solventar sus diferencias pidiendo que sean sus padres los que tomen la decisión final, aun siendo adultos. Ya es tiempo de que esos hermanos puedan arreglar sus diferencias entre ellos mismos…los muchachos ya están grandes (en el 2021 cumplimos 200 años de independencia).
Entonces, cualquiera sea el camino para volver a realizar las elecciones, pareciera que en forma realista, estaríamos a 8-12 meses de tener un nuevo resultado.
Ahora, regresando al precedente creado por el Sr. Almagro: debió haber consultado a la Asamblea General de la OEA para dar su "recomendación". Aunque tenga la potestad para hacer lo que hizo, era mejor tener el apoyo explícito de sus miembros (que son sus jefes y todos tienen elecciones también). Almagro disparó desde la cadera y ahora se tiene que enfrentar a la incómoda situación que gobiernos miembros de la OEA, como Estados Unidos, Guatemala, México y Colombia, reconozcan el resultado del proceso electoral. En el 2009, el entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, tuvo la deferencia de consultar con su Asamblea, logrando consolidar la posición de su organización.
Entre los reconocimientos al resultado comunicado por el TSE, se ha sumado el gobierno de España, que aunque no es miembro de la OEA, si lo es de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y su posición tiene mucha relevancia en la región. Si se siguen sumando más países americanos, cada reconocimiento es una bofetada a la credibilidad del Sr. Almagro, que apenas viene entrando a un ciclo electoral donde cambiarán prácticamente un tercio de las administraciones de los miembros de la OEA, con procesos electorales que ahora pueden ser desestimados al tener diferencias exiguas, aunque no se presenten las pruebas concluyentes del fraude y con una nueva definición muy ambigua de qué es un sistema de transmisión robusto y qué no lo es. Ni se diga del efecto que puede tener esto sobre la relación doméstica en Uruguay del Sr. Almagro con el expresidente Mujica en relación a su futuro político.
Volver a hacer la elección no es una mala ruta, pero por problemas de tiempo, desconfianza y la imposibilidad práctica de ejecutar la logística necesaria, no es una opción correcta. Ahora, la OEA deberá ver cómo limpia su cara al tomar una decisión política y no la de un agente externo a la altura de lo esperado. En esta situación, no esperemos encontrar una respuesta que nos deje felices a todos; más bien se trata de hallar la que nos deje menos molestos, y eso debe incluir la obligación a llevar a cabo las reformas electorales pendientes: plebiscito para la reelección, reglamentarla en caso de ser aprobada, segunda vuelta electoral, ciudadanización del TSE y las mesas electorales y otras cuantas acciones más relacionadas con corrupción y generación de confianza.
*Director ejecutivo Fundación Eléutera
