Navas, junto con Bryan Ruiz (Alajuelense) y Celso Borges (Deportivo La Coruña), habían demandado a los dirigentes Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román por decir en una entrevista que los jugadores amenazaron con perder juegos para despedir al entonces seleccionador tico, el colombiano Jorge Luis Pinto en 2014.
Archivo E&N: Keylor Navas y la oportunidad profesional
La presunta amenaza habría ocurrido en una reunión de la que 'no hay actas, no se transmitió, tan solo estaban los futbolistas y los directivos', consideró el tribunal, según publica el diario La Nación en su página de internet.
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La demanda de Navas se basa en una entrevista que en 2018 concedió Gutiérrez, donde contó de las presuntas intenciones de los jugadores a su retorno del Mundial Brasil-2014, contra su entrenador.
Según La Nación, el tribunal consideró que los dirigentes incurrieron en un 'error de prohibición', es decir, actuaron pensando que los comentarios que hicieron no eran ilegales. Las afirmaciones de los dirigentes fueron ratificadas en el juicio por el expresidente del fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, quien mencionó una supuesta cláusula en el contrato que permitía despedir a Pinto si perdía 3 juegos consecutivos.
Li llegó a decir que Navas y sus colegas amenazaron con perder esos tres juegos. Por su parte, el DT colombiano, quien declaró vía internet como testigo en el juicio, contó que Li le advirtió de las intenciones de los jugadores. Pero, según el portal crhoy.com, negó haber firmado un contrato con esa cláusula.
Finalmente, el tribunal accedió al contrato original, y no halló lo aseverado por Li.
'Lo que desmiente a Li es la existencia de la cláusula y tal cláusula no existía en el contrato', determinó el tribunal, que recomendó procesarlo por 'mentir bajo juramento'. El exjefe del fútbol costarricense ya estuvo involucrado en un escándalo de corrupción que afectó a la FIFA, y en 2017 quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la institución.
Pese a perder el proceso, el tribunal recomendó que Navas y sus colegas reciban el equivalente a US$5.000 cada uno, como reparación civil, mucho menos de los casi 60.000 que habían solicitado inicialmente.
