El III Informe centroamericano de política fiscal parte de considerar tres componentes debidamente integrados: un diagnóstico de la situación actual como punto de partida, para luego plantear la situación objetivo que el Icefi considera que Centroamérica debe alcanzar como mínimo en materia de desarrollo sostenible hacia 2030, hasta finalizar con una propuesta de agenda de acciones dirigidas a cerrar la brecha entre la situación actual y la deseable.
El volumen II del Informe será presentado a fines de septiembre de 2021 y el volumen III al cierre de octubre del año en curso.
De acuerdo con la visión del Icefi, el diagnóstico contenido en el volumen I reconoce las complejidades y particularidades de la realidad centroamericana, incluyendo el análisis de la situación económica, el contexto ambiental, el contexto social, la desigualdad de género, el contexto político, el contexto fiscal y, a manera de conclusión, las tendencias socioeconómicas y políticas de la región.
En el diagnóstico económico, se reconoce la coexistencia de dos modelos: el primero, un capitalismo anacrónico basado en la agroexportación de productos primarios que utilizan de manera extensiva, inadecuada y poco sostenible los recursos naturales, y que requiere primariamente de mano de obra no calificada, con bajos salarios, y que se convierte en la principal explicación de la pobreza de la región y la exportación de mano de obra al resto del mundo; el segundo, un capitalismo moderno que trata de impulsar el fortalecimiento tecnológico y el incremento del tamaño del mercado interno, especialmente del sector de servicios.
El análisis del crecimiento económico de la región identifica la separación del ritmo de crecimiento a dos velocidades, por un lado, Panamá y Costa Rica, con mayor rapidez y bienestar creciente; por el otro, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con menor dinámica económica y descuido estructural del bienestar de las personas.
En el sector externo, el diagnóstico ve a Centroamérica como una región que continúa esforzándose por aprovechar las ventajas del comercio internacional, con una contribución aún exigua, pero creciente e influenciada por la comercialización de bienes de bajo valor agregado.
Las políticas centroamericanas para aprovechar el comercio internacional conducen a políticas de inversión y de atracción de inversión extranjera, cuyo análisis permite calificarlas como un sueño frustrado en la región.
Se analizan los esfuerzos centroamericanos por lograr una competitividad sistémica que, a juzgar por los resultados, han sido insuficientes, debido a las dificultades para potenciar la modernización tecnológica, la innovación y la transformación productiva.
Finalmente, al analizar la política monetaria y crediticia, se destaca la estabilidad como su principal objetivo, descuidando acciones que desde esta esfera podrían potenciar el crecimiento económico y el bienestar de la población.
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En el ámbito del contexto ambiental, el Icefi advierte que, si la región mantiene las tendencias en su desempeño ambiental, no solo existe un riesgo de menoscabar el crecimiento económico, sino además de reducir las posibilidades de mejorar el bienestar de la población.
El Informe analiza la pérdida acelerada y continua de bosques, los patrones de consumo ambientalmente insostenibles, la preocupación por el manejo del agua en la región y la vulnerabilidad al cambio climático.
Otro tema ambiental abordado es el desaprovechamiento de las energías renovables. Finaliza con el análisis de las industrias extractivas en la región, las que el Icefi califica como una apuesta equivocada, ya que su contribución fiscal y a la producción sigue siendo marginal, pero sobre todo porque se han convertido en un detonante de altos niveles de conflictividad socioambiental.
La sección dedicada al contexto social plantea que la realidad de Centroamérica muestra falta de desarrollo y cohesión social, persistiendo niveles elevados de pobreza y desigualdad.
En consecuencia, numerosos habitantes de la región, agobiados por la falta de recursos, el desempleo, salarios bajos y niveles altos de criminalidad, se han visto forzados a migrar: tan solo entre 2010 y 2019 la población centroamericana en Estados Unidos creció en 1.5 millones, al tiempo que ese país, junto a México, deportó a más de un millón de centroamericanos.
Otro hecho relevante es que gran parte del bono demográfico, potenciador de la capacidad productiva, ha sido exportado hacia los Estados Unidos.
El análisis parte de reiterar que la pobreza es un fenómeno multidimensional apremiante para la región, ya que más de 22.1 millones de sus habitantes viven en pobreza, esto es aproximadamente el 44.3% de su población.
Se estudia también la desigualdad, refiriendo que esta afecta en forma más severa a algunos grupos poblacionales por razones de edad, etnia, área de residencia y género, pero permite advertir que, aunque muy relacionadas, la pobreza y la desigualdad son fenómenos diferentes.
El Icefi insiste en que para comprender la desigualdad debe irse más allá de la distribución del ingreso, ya que también existen las relacionadas con el acceso a la infraestructura, a la educación, a servicios de salud, entre otros bienes y servicios públicos.
El Icefi resalta la precarización del empleo, ya que la mayor parte de países centroamericanos tiene dificultades para generar empleo formal y con salarios suficientes para superar la pobreza, pese a tasas de desempleo abierto relativamente bajas. Persiste una alerta creciente por la proliferación del empleo informal, que únicamente ofrece puestos de trabajo de muy baja productividad y en condiciones muy por debajo de las necesarias para un nivel de vida adecuado de los trabajadores.
La cuarta sección se dedica a reconocer la división sexual del trabajo como la base material, social, cultural y política de la desigualdad de género.
El documento estudia la realidad social y económica de las mujeres a partir del trabajo no remunerado y sus implicaciones en materia de ciudadanía social, especialmente porque en la región las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo no disfrutan de un trato igualitario con sus pares hombres, además de que su esfuerzo laboral no se compensa con menos horas en el trabajo no remunerado, ni disfrutan de la posibilidad de distribuir dichas tareas con los hombres en forma equitativa.
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Los problemas de la desigualdad de género también se analizan en el ámbito de la justicia en el acceso a la salud y la educación, y las importantes diferencias para el logro de la paridad entre hombres y mujeres en la participación económica y política.
El análisis del contexto político centroamericano permite identificar por lo menos cuatro factores que se consideran relevantes como condiciones necesarias para una agenda fiscal. El primero es el papel de las élites económicas, ya que a lo largo de la historia han ejercido influencia y control en las decisiones y configuración de la política fiscal para su propio beneficio.
El segundo factor es el debilitamiento de las instituciones en toda la región, en cuyo caso se aborda la situación de las entidades fiscalizadoras superiores, las auditorías internas, las administraciones tributarias y aduaneras, los entes de planificación, los sistemas de servicio civil y recursos humanos.
En el tercero, la preocupación en cuanto a que, pese a que las guerras cesaron, el derramamiento de sangre y la violencia continúan y se consolidan la desconfianza y la creciente ingobernabilidad.
El cuarto y último factor es el debilitamiento de la democracia y la participación ciudadana; analiza la evolución de los eventos electorales, la desconfianza creciente en las instituciones electorales, y la peligrosa tendencia de preferencias por retroceder a regímenes autoritarios.
La revisión del contexto fiscal, parte de reconocer a la política fiscal como débil y basada en la austeridad, con un rol histórico pasivo y alejado de los estándares que se requieren en contextos democratizadores.
Los principales rasgos de la política fiscal centroamericana giran en torno a la disponibilidad insuficiente de ingresos; sistemas tributarios injustos, con la prevalencia de tratamientos tributarios diferenciados y de impuestos regresivos; éxito limitado en el combate a la evasión y elusión fiscales; gasto público mal aplicado e ineficiente; deudas públicas crecientes y con altos costos; y, sobre todo, pocos resultados en materia de desarrollo social.
Lo descrito plantea la necesidad urgente de avanzar en el logro de grandes acuerdos sociales para los países de la región, que permitan reorientar la política fiscal y construir esquemas de bienestar para la población.
El análisis de los ingresos públicos incluye la evolución de la carga tributaria, de los tratamientos tributarios diferenciados y del gasto tributario, así como de las denominadas filtraciones ilegales o inesperadas, incluyendo la evasión, la elusión y la planificación fiscal agresiva que fomenta el incumplimiento tributario; asimismo, se abordan el contrabando y la defraudación aduanera, así como la relación entre los flujos ilícitos de capital y la tributación.
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El análisis del gasto público también concluye que este es insuficiente y se sustenta poco en una visión de desarrollo. Se contempla la evaluación de la evolución del saldo de la deuda pública empleando indicadores diversos, que ofrecen varias perspectivas para evaluar la importancia de su nivel.
Además, se abordan los esfuerzos a favor de la transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción, calificándolos de un camino recorrido a medias, debido a que estos siguen siendo insuficientes para derrotar la cultura de opacidad.
El documento finaliza con las conclusiones en las que se identifican las tendencias económicas y políticas de Centroamérica, que forman la base sobre la que descansa la formulación de la Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030 que presentará Icefi en los volúmenes posteriores.
Con los tres volúmenes de este informe, el Instituto invita a los centroamericanos a estudiar, reflexionar y crear las condiciones para que la política fiscal de los Estados centroamericanos, en alineación con otras políticas públicas, abone al cumplimiento de los principales objetivos de desarrollo sostenible, como resultado de renovados y amplios acuerdos políticos que permitan garantizar la democracia y el desarrollo.
