Uber opera en El Salvador en una especie de limbo legal. La situación ya había sido anticipada por la Superintendencia de Competencia (SC) que en septiembre reveló que un mes antes emitió una opinión en la que sugirió a las autoridades competentes normar este tipo de servicios.
Tras seis meses de su llegada al mercado local, la comunidad de usuarios y conductores de Uber sigue creciendo, pero no se despeja el hecho de que la ley local está desfasada para incluir actividades de este tipo.
La empresa reveló hoy que cuenta con 1.000 socios conductores quienes prestan servicios a una comunidad que ya alcanza los 33.000 usuarios.
Sin embargo, la normativa actual contempla servicios privados bajo las figuras de transporte de personal, aeroportuarios, escolares, turismo y ejecutivos, considerados como 'Servicios de oferta libre o expresos'.
De acuerdo con la SC, los servicios de transporte ofertados en plataformas digitales no constituyen una modalidad de transporte dentro de la lista cerrada, por tando sugirió al Viceministerio de Transporte (VMT) iniciar con las discusiones para ampliar la ley e incluirlo.
Pedro Noubleau, coordinador del área de opiniones de la SC, explicó que en el mundo la llegada de servicios disruptivos como Uber está moviendo a las autoridades a atualizar sus legislaciones y que El Salvador no debería ser la excepción.
En Centroamérica, el último caso de este tipo ocurrió en Panamá, donde las autoridades ya normaron al servicio y exigen, por ejemplo, que los choferes sean panameños y tengan una licencia especial, además de solo aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito. Mientras que las autoridades de la ciudad de Londres decidieron quitar los permisos para la plataforma por considerar que genera riesgos para la seguridad.
A dos meses del pronunciamiento de la SC, la polémica surgió tras declaraciones del viceministro de Transporte, Nelson García, quien señaló a Uber -una de las tres aplicaciones que brindan este tipo de servicios- de violar las leyes nacionales y sostuvo que esta debe cancelar su operación.
García confirmó en una entrevista a Radio 102.9 que se han reunido con representantes de Uber en busca de una solución, pero argumentó que la experiencia de la plataforma es muchos lugares es que 'han llegado a violar la ley'.
El funcionario dijo además que han decomisado vehículos. Sin dar más detalles -de números de unidades, ni casos en particular- mencionó que personal de la institución ha solicitado el servicio y se ha procedido al decomiso.
'Todo ciudadano que se inscriba a Uber y que realice esa función está expuesto a que le decomisen sus vehículo', recalcó García.
El VMT se ampara en el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial que permite el decomiso de automotores no autorizados para prestar el servicio de transporte público. En el caso de los taxis el permiso incluye trámites y una placa yespecial, de vehículo de 'alquiler', mientras que los autos enlistados en Uber tienen una 'particular'.
Sin embargo Uber no es la única plataforma de este tipo operando en El Salvador. Inversionistas locales pusieron en marcha a Vamos, además está Better Ride que estaría en proceso de implementación.
Vamos inició operaciones en febrero y en ese momento los desarrolladores de la app dijeron que entraban con 161 conductores.
El Ministerio de Economía sale en defensa de Uber
Al final de la tarde del jueves, la polémica se reforzó con un comunicado emitido por el Ministerio de Economía. La cartera de Estado salió en defensa de la plataforma.
El ministro Tharsis López, se reunió con representantes de Uber y su equipo técnico y anunciaron que 'acordaron trabajar en coordinación con el VMT para regularizar sus operaciones mediante reforma de ley'.
'Toda actividad económica debe estar registrada y ordenada en el país y por lo tanto es necesario apoyar a quienes forman parte de esta plataforma electrónica que facilita el transporte de miles de personas en El Salvador, como lo hace en diversos países el mundo y estimula el crecimiento del comercio', dijo López.
Uber por su parte reaccionó hoy a la situación. Julie Robinson, vocera de Uber para Centroamérica y Caribe, dijo que la empresa está en disposición de impulsar esfuerzos para regulaizar su operación.
"Queremos reiterar nuestro compromiso tanto con los usuarios como con los socios conductores no solo en El Salvador, sino en las más de 600 ciudades y 77 países en los que operamos', dijo.
'Creemos firmemente en la necesidad de la creación de marcos regulatorios innovadores, inclusivos y que diferencien los servicios brindados a través de plataformas tecnológicas de los servicios tradicionales, como ha sucedido en las más de 132 jurisdicciones a nivel global', añadió la ejecutiva.
La SC ha reiterado que El Salvador debe replantear algunas normativas, además de las plataformas de transporte, la masificación de las tecnologías ha ampliado la gama de servicios que se pueden solicitar mediante smartphones.
Uno de ellos es el de mensajería, el cual también ha ganado poularidad, pero tampoco es cubierto por las normas locales.
