Las denuncias en los medios sobre el supuesto uso de sociedades "offshore" por parte de personalidades a nivel mundial para ocultar o lavar dinero, evidenciadas con documentación obtenida de un bufete panameño dedicado a la creación de este tipo de empresas, plantean un desafío mayúsculo en un país que introdujo reformas que le permitieron celebrar en febrero pasado la salida de la "lista gris" de países o territorios con tareas por cumplir en la lucha contra el lavado de dinero y para evitar el financiamiento del terrorismo.
Los documentos publicados el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) revelan la supuesta existencia de una amplia red de corrupción internacional que habría permitido a personalidades desviar y lavar dinero a través de sociedades "offshore" o anónimas.
En el medio de esta "tormenta" de repercusión mundial está la actuación del bufete panameño Mossack y Fonseca, de cuyos archivos habrían surgido las luces sobre esta supuesta estructura ilegal internacional en la que se hacer referencia a políticos como los primeros ministros de Rusia, Vladimir Putín; del Reino Unido, David Cameron y a deportistas como el jugador argentino Lionel Messi, entre otros.
Al escándalo se le ha dado el nombre ‘Panamá Papers’ (o ‘Papeles de Panamá’), lo que ha acentuado la preocupación sobre el impacto de esta oleada informativa mundial en un país como Panamá, que en febrero pasado había festejado la decisión en el Grupo Financiero Internacional (GAFI) en Paris de excluirlo de una "lista gris" de países con tareas por cumplir en la lucha contra el lavado de dinero y para prevenir el financiamiento del terrorismo, y tras un proceso de ajustes en su legislación.
El gobierno de Panamá, del presidente Juan Carlos Varela, manifestó que "cooperará vigorosamente" con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso que se desarrolle algún proceso judicial, en relación con la publicaciones mundiales que mencionan a Mossack Fonseca, y cuyo miembro fundador Ramón Fonseca Mora ha considerado injustificados los señalamientos, subrayando que todas las personas que aparecen mencionadas en la información no son socios directos de la firma, sino bancos, abogados, fiduciarias a los cuales ellos le venden las sociedades y luego ellos las revenden.
"No tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en el manejo de la estructura legal, nosotros hacemos la parte jurídica solamente. Formamos la sociedad y punto", afirmó en entrevista el domingo con el telecanal panameño TVN.
Hay no obstante una corriente fuerte en Panamá que llamó la atención sobre el hecho que constituir sociedades no es un hecho malo en sí mismo, ya que es un mecanismo de uso en las economías del mundo.
El abogado panameño Miguel Antonio Bernal aseguró en entrevista con Estrategia & Negocios que la información divulgada es un duro golpe y que es casi irreparable, y que amerita de los panameños un decidido accionar para que la cosas tomen otro rumbo y se aprenda a respetar las normas internacionales.
Consideró esenciales la transparencia y la rendición de cuentas, además de la armonización de la legislación panameña con un sinnúmero de acuerdos internacionales en los que Panamá se ha quedado rezagada.
"Puede ser que la ley de sociedades en Panamá no haya cambiado, pero el mundo si ha cambiado", sostuvo.
Bernal opinó que si bien no tiene nada de malo ni ilegal desde la perspectiva panameña vender sociedades anónimas, apuntó que si deja mucho que desear a quién se le venden y cómo se venden. Previó que la información divulgada afectará hasta el turismo, entre otras consecuencias.
Consideró necesario hacer un alto respecto a algunas prácticas que se han venido dando.
El economista Adolfo Quintero, en cambio, cree que si las autoridades panameñas enfrentan con claridad y transparencia la situación que responde a una firma de abogados, no tendrá ningún efecto negativo sobre Panamá.
Explicó que con las reformas legales implementadas se le está exigiendo más a las firmas de abogados, contadores o agentes financieros.
Quintero reconoció que la información divulgada cuestionando la operación de las sociedades puede afectar a quienes están decidiendo en dónde invertir o hacer sus depósitos.
El economista apuntó que las informaciones señaladas no empañan lo logrado al salir de la lista del GAFI, pero que obliga a Panamá como país a ser mucho más cuidadoso.
También subrayó que la creación de sociedades es una posibilidad dentro del mundo comercial mundial, y que no es nada nuevo ni pecaminoso, pero que lo importante es que haya más cuidado de parte de las autoridades y para corregir vulnerabilidades.
Con lo ocurrido va a haber mucho más cuidado en la compra de sociedades en otros países, dijo Quintero.
El abogado José Alberto álvarez consideró por su parte posible, a través de la televisión local, que se dé ahora la cancelación de personas que iban a venir a Panamá a crear sociedades.
Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), opinó que el ministerio Público, que según trascendidos investigará a Mossack Fonseca, debe investigar si hay delitos que podrían enmarcarse en el lavado de dinero.
Ataque
El diputado José Luis Varela, del oficialista Partido Panameñista, aseguró que se hizo en la Asamblea Nacional de Diputados el trabajo que permitió adelantar de 2018 a 2016 la entrada en vigor de la norma para que no hubiese acciones al portador en el país, que se conociera el cliente final y que Panamá saliera de la lista del GAFI.
"Más bien que un ataque al gobierno y a la firma de Fonseca Mora, esto lo vemos como un ataque a la República de Panamá, y deploramos a la personas que están tratando de sacar provecho político de esto, de atacar al gobierno y al señor Fonseca Mora", sostuvo. Agregó que esto es un ataque al sistema financiero panameño.
La privada Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) deploró por su parte el impacto ocasionado a nivel local e internacional por la información denominada "Panamá Papers" e hizo un llamado a las autoridades panameñas a liderar un movimiento internacional para defender a Panamá.
En un comunicado se consideró inadmisible que habiendo más de 20 países mencionados, se le haya bautizado con el nombre de Panamá a este reporte, poniendo en entredicho la reputación de Panamá, utilizando como fundamento documentos privados sustraídos de su fuente en forma ilegal.
Se subrayó luego que "la incorporación y venta de sociedades anónimas es una actividad lícita, y que el rol del agente residente y la obligación de conocer a su cliente son aspectos regulados por nuestra ley".
"Además, el propio marco legal exige que se cumpla con el proceso de debida diligencia, procesos de "conoce tu cliente", y, más recientemente, el establecimiento de un sistema de trazabilidad de las acciones al portador, a través de un sistema de custodia de dichos instrumentos el cual está en proceso de implementación" se apuntó.
El gremio luego remarcó que en Panamá "hemos dado pasos significativos" reforzando el marco regulatorio e institucional para la prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo, y de la proliferación de armas de destrucción masiva, al igual que en materia de transparencia, lo que llevó al país a lograr la salida de la lista gris del GAFI.
Se apuntó que la CCIAP rechaza cualquier actividad ilícita, y reconoce las fortalezas del sistema financiero y legal panameño, y que se indicó cuenta con mecanismos de cooperación e intercambio de información, tanto en materia de blanqueo de capitales, como ya se ha mencionado, como en materia tributaria, a través de la red de más de treinta convenios fiscales que permiten el intercambio de información entre autoridades competentes.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) señaló que tras conocer que la Procuraduría General de Panamá ha admitido e iniciado una profunda investigación sobre los 'Panama Papers', reitera que esta denuncia en medios internacionales afecta al país, toda vez que hace unos meses logró el país salir de la "lista gris" del GAFI, gracias a la aprobación de 7 leyes que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de los servicios financieros no tradicionales, firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado del centro financiero panameño.
Se agregó que la salida de la lista se logró gracias al trabajo tesonero de todos los sectores económicos del país, y que los panameños tienen que defender las leyes y su jurisdicción, sin importar quienes sean las personas involucradas, pues la justicia debe ser igual para todos y si algunas personas utilizan los instrumentos legales para fines ilícitos, deben ser investigadas y sancionadas.
Se agregó que todos los panameños deben proteger el Sistema Financiero de Panamá, principalmente porque se ha trabajado mucho en fortalecerlo a través de la adopción de acuerdos internacionales que mantienen su estabilidad y solidez.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, subrayó que defenderá con fuerza su imagen internacional y su récord de reformas por hacer cada vez más sólidos y transparentes los servicios financieros y legales del país.
Aseguró que en los primeros 21 meses de su Gobierno se han tomado medidas sin precedentes para fortalecer la transparencia de los servicios financieros y legales de Panamá.
"Somos un país aliado en la lucha por la transparencia del sistema financiero y damos la bienvenida a cualquier publicación que proteja los sistemas financieros de Panamá y del mundo, para que no puedan ser usados en ningún momento en actos ilícitos", expresó Varela.
