El informe titulado "Ranking del riesgo en blanqueo de capitales y terrorismo alrededor del Mundo", elaborado por el Instituto de Basilea que se publica cada año, sitúa a Panamá en el lugar 29 de 110 jurisdicciones con calificación 6, con un riesgo medio.
Estas no son tan buenas noticias para Panamá que busca deshacerse de las listas de países que poco cooperan con el combate al blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo.
En los recientes esfuerzos se aprobó la ley que obliga a establecer con nombre los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, hace falta su implementación.
Aunado a esto, para dejar atrás la lista del Grupo de Acción Financiera, GAFI, hace falta 15 puntos en los que trabaja Dani Kuznieky, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La publicación de Basilea salió a la luz ayer. El reporte está diseñado para proporcionar una radiografía de las tendencias de lavado de dinero en el Mundo. La calificación más riesgosa la obtuvo Haití con 8.49 puntos, mientras que Andorra representó la jurisdicción de menor riesgo con 2.73.
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Andorra, en general, ha realizado progresos encomiables en la solución de las deficiencias de cooperación técnica y ha sido reevaluada en varias ocasiones. Este pequeño país de los Pirineos, que ha sido mencionado en varias investigaciones sobre el comportamiento de bancos en transacciones de blanqueo de capitales o corrupción, en 2018 dejó de ser considerada como paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
No obstante, se encuentra en otros listados del mismo carácter debido a su baja presión tributaria. Dentro de las vulnerabilidades del sector financiero que detalla el informe hay una creciente atención sobre los sectores no financieros que están expuestos al riesgo de blanqueo de dinero.
La mirada se posa en abogados, agencias inmobiliarias y profesiones que deben hacer las tareas de cumplimiento. Por ejemplo, cita el reporte, que los interesados en blanquear capitales compran propiedades, o metales preciosos como uno de los eslabones necesarios para perder el rastro del dinero ilegal.
Existe una preocupación en aumento de que algunos abogados y contadores públicos autorizados, "están ayudando a las organizaciones criminales a esconder el dinero, o que el contador es usado como un intermediario para evitar el escrutinio de la institución financiera", cita Basilea.
Esto se debe principalmente a tres factores, una comprensión limitada sobre los riesgos y obligaciones de cumplimiento; una implementación pobre y un monitoreo muy laxo de la actividad.
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En este sentido, insisten en la importancia de la debida diligencia de los clientes y los potenciales beneficiarios, el propósito o la naturaleza del negocio y el escrutinio empleado en las transacciones.
De acuerdo con el análisis de los datos plasmados en el informe, 12 de 112 jurisdicciones fueron calificadas como no conforme. En el otro lado de la balanza solo 8 jurisdicciones fueron calificadas como enteramente satisfactorias.
Un indicativo de que abogados, contables, casinos, metales preciosos, propiedades y otros sectores no financieros tienen más riesgos de ser empleados para el blanqueo de capitales. Lejos de ser una cuestión meramente técnica, el beneficiario final se pone bajo la lupa con más énfasis.
"Los escándalos como Papeles de Panamá y los de Bahamas han revelado la utilización de sociedades anónimas empleadas indebidamente, en muchos casos creadas intencionalmente para este fin, ayudar a criminales y lavadores de dinero profesionales para ocultar el dinero producto de la corrupción y otros delitos", añade el escrito.
Los países de mayor riesgo, después de Haití, son República del Congo; Mauritania; Myanmar; Mozambique; Islas Caimán; Madagascar. En la franja de riesgo medio, también sitúan a Pakistán (6.0); Zambia (6.03); Mongolia (6.09); Cuba (5.75); Honduras (5.52); Rusia (5.49), por ejemplo.
En Europa, a pesar de tener un riesgo generalmente menor que el promedio mundial, la región continúa decepcionando por la calidad general los sistemas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Hay grandes variaciones en ambos renglones con respecto al cumplimiento de las normas del GAFI y la eficacia en su implementación.
En la región Latinoamericana y el Caribe el puntaje de riesgo general superior al promedio se debe en parte a los altos riesgos relacionados con el secreto financiero en las Bahamas, Panamá e Islas Caimán. Este porcentaje de riesgo también aplica a la transparencia y los estándares financieros que también son altos.
En esta región del mundo, existe una variación significativa por la inestabilidad política y jurídica en Cuba y Haití que puede socavar los esfuerzos para fortalecer las medidas de control sobre los mencionados delitos.
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El 90% de las jurisdicciones evaluadas son catalogadas por Estados Unidos como sitios importantes en temas de blanqueo a excepción de Turquía, Caicos y Uruguay. Por otra parte, desde 2020 Antigua y Barbuda, Barbados, República Dominicana, Jamaica y México han superado su calificación.
Norteamérica, por ejemplo, una región significativa en el sector financiero tiene un mejor puntaje que el promedio mundial en todas las categorías. No obstante, Canadá y Estados Unidos podrían dedicar muchos más recursos humanos y tecnológicos para contrarrestar los riesgos porque han notado un aumento reciente en los informes de transacciones sospechosas.
El Instituto de Gobernanza de Basilea es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja en todo el mundo para fortalecer la gobernabilidad y combatir la corrupción y otros delitos.
