Por La Prensa (Panamá)
A su vez, Tocumen contrató una firma contable que concluyó que el monto a pagar a Wisa sería de US$7,1 millones, es decir, una diferencia de US$33 millones.
De acuerdo con documentos que las partes se han enviado, a los que tuvo acceso este medio, a juicio de Waked, Tocumen, S.A. ocasionó daños económicos con la entrega tardía de dos locales comerciales que hacían parte del espacio físico que tenía derecho a explotar, a raíz de la adjudicación del contrato para operar tiendas en el duty free del aeropuerto.
Esto le otorgaba la exclusividad de comercializar varios productos en la principal terminal aérea panameña. Más de 900 metros cuadrados, segmentados en varios locales, debían estar a su disposición para tal fin. Por ello, Wisa pagó US$115 millones en concepto de "derecho de llave".
Sin embargo, en 2010, la administración del aeropuerto, en ese momento bajo el liderazgo de Juan Carlos Pino [hombre de confianza del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014)] solicitó la reubicación de dos locales, alegando razones operativas de la misma terminal.
No fue hasta principios de 2013, cuando finalmente le asignan a Wisa los espacios en mora. Pero como el contrato de los duty free vencía en 2017, Wisa solicitó una extensión de tiempo para seguir operando en los recintos comerciales cuya gestión empezó de forma tardía por causas ajenas al grupo.
En una nota enviada en junio de 2017, al entonces gerente de Tocumen, Carlos Duboy, Wisa recordó que la entrega de los dos locales se dio después de más de cinco años de la verdadera fecha pactada. Y por tanto, exigía la extensión del contrato, o una indemnización, con la devolución del derecho de llave correspondiente, más los daños y perjuicios, y lucro cesante por la pérdida en el derecho a la explotación comercial pactada.
Duboy, que antes fue secretario de Metas del actual presidente Juan Carlos Varela, respondió que Wisa debía entregar todos los espacios del duty free.
Dijo también que analizarían el alcance de la indemnización para presentarla a consideración de la junta directiva de Tocumen, S.A.
Para ese entonces, Abdul Waked ya había sido incluido en la lista Clinton, lo que complicó desde 2016 sus operaciones en el aeropuerto de Tocumen.
Según la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), las tiendas que operó el Grupo Wisa -controlado por Waked- eran consideradas "centros para blanquear las ganancias de las drogas a través del contrabando de efectivo en grandes cantidades y la facturación comercial falsa".
Waked siempre ha clamado que Estados Unidos no le ha mostrado las pruebas que supuestamente tiene en su contra.
En dicho contexto, la indemnización que reclama a Tocumen daría un respiro financiero a las complicadas finanzas del grupo a raíz de su inclusión en la lista emitida por la oficina del Departamento de Justicia.
Distancias marcadas
En este sentido, el grupo empezó a hacer sus propias gestiones, y a inicios de 2018 informó a Tocumen lo que sería su cálculo del monto de la indemnización.
Para tal fin, contrató a la firma Nexia Auditores Panamá, que sustentó que por el derecho de llave de los locales entregados tardíamente, indexando el índice de precios al consumidor, le tocaría US$13,8 millones.
Además, debían sumarse las utilidades no alcanzadas en los locales de la disputa, que de acuerdo con los cálculos de Wisa serían por $26.5 millones.
Es así como llegan a los US$40,3 millones que piden a la empresa estatal.
Este diario conoció que el tema es una prioridad para la junta directiva de Tocumen, presidida por Dulcidio De La Guardia. El organismo consideraría desproporcionado tal reclamo.
La firma BDO, contratada por Tocumen, entregó en agosto de 2018 un diagnóstico del contrato de concesión del duty free para determinar el posible monto de la compensación.
Después de considerar variantes como la inversión realizada por metro cuadrado, la amortización para efectos de derecho de llave por los 10 años de duración del contrato y la fecha de entrega de los locales, la firma contable consideró que el monto aproximado a pagar sería de US$7,1 millones.
Hay una gran diferencia de US$33 millones entre lo que estaría dispuesto a reconocer Tocumen y lo que reclama Wisa; un monto que no se ha podido justificar de acuerdo con la línea de la gerencia de la terminal.
La controversia está lejos de llegar a su fin. Tocumen estaría consultando a la Procuraduría de la Administración para saber si el reclamo fue presentado oportunamente. Es decir, sin que hayan prescrito los términos legales.
Además, y en paralelo, se examina lo que Wisa le debería a Tocumen en pagos en concepto por ventas brutas generadas en locales comerciales asignados en otras licitaciones.
El cruce de las posibles deudas podría dejar en rojo la indemnización que reclama Wisa.
A su vez, Tocumen contrató una firma contable que concluyó que el monto a pagar a Wisa sería de US$7,1 millones, es decir, una diferencia de US$33 millones.
De acuerdo con documentos que las partes se han enviado, a los que tuvo acceso este medio, a juicio de Waked, Tocumen, S.A. ocasionó daños económicos con la entrega tardía de dos locales comerciales que hacían parte del espacio físico que tenía derecho a explotar, a raíz de la adjudicación del contrato para operar tiendas en el duty free del aeropuerto.
Lastre en aeropuerto
Cuando en 2007, el gobierno de Martín Torrijos licitó la explotación de las áreas comerciales del aeropuerto de Tocumen, Wisa fue uno de los consorcios que salió victorioso para operar el negocio.Esto le otorgaba la exclusividad de comercializar varios productos en la principal terminal aérea panameña. Más de 900 metros cuadrados, segmentados en varios locales, debían estar a su disposición para tal fin. Por ello, Wisa pagó US$115 millones en concepto de "derecho de llave".
Sin embargo, en 2010, la administración del aeropuerto, en ese momento bajo el liderazgo de Juan Carlos Pino [hombre de confianza del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014)] solicitó la reubicación de dos locales, alegando razones operativas de la misma terminal.
No fue hasta principios de 2013, cuando finalmente le asignan a Wisa los espacios en mora. Pero como el contrato de los duty free vencía en 2017, Wisa solicitó una extensión de tiempo para seguir operando en los recintos comerciales cuya gestión empezó de forma tardía por causas ajenas al grupo.
En una nota enviada en junio de 2017, al entonces gerente de Tocumen, Carlos Duboy, Wisa recordó que la entrega de los dos locales se dio después de más de cinco años de la verdadera fecha pactada. Y por tanto, exigía la extensión del contrato, o una indemnización, con la devolución del derecho de llave correspondiente, más los daños y perjuicios, y lucro cesante por la pérdida en el derecho a la explotación comercial pactada.
Duboy, que antes fue secretario de Metas del actual presidente Juan Carlos Varela, respondió que Wisa debía entregar todos los espacios del duty free.
Dijo también que analizarían el alcance de la indemnización para presentarla a consideración de la junta directiva de Tocumen, S.A.
Para ese entonces, Abdul Waked ya había sido incluido en la lista Clinton, lo que complicó desde 2016 sus operaciones en el aeropuerto de Tocumen.
Según la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), las tiendas que operó el Grupo Wisa -controlado por Waked- eran consideradas "centros para blanquear las ganancias de las drogas a través del contrabando de efectivo en grandes cantidades y la facturación comercial falsa".
Waked siempre ha clamado que Estados Unidos no le ha mostrado las pruebas que supuestamente tiene en su contra.
En dicho contexto, la indemnización que reclama a Tocumen daría un respiro financiero a las complicadas finanzas del grupo a raíz de su inclusión en la lista emitida por la oficina del Departamento de Justicia.
Distancias marcadas
En este sentido, el grupo empezó a hacer sus propias gestiones, y a inicios de 2018 informó a Tocumen lo que sería su cálculo del monto de la indemnización.
Para tal fin, contrató a la firma Nexia Auditores Panamá, que sustentó que por el derecho de llave de los locales entregados tardíamente, indexando el índice de precios al consumidor, le tocaría US$13,8 millones.
Además, debían sumarse las utilidades no alcanzadas en los locales de la disputa, que de acuerdo con los cálculos de Wisa serían por $26.5 millones.
Es así como llegan a los US$40,3 millones que piden a la empresa estatal.
Este diario conoció que el tema es una prioridad para la junta directiva de Tocumen, presidida por Dulcidio De La Guardia. El organismo consideraría desproporcionado tal reclamo.
La firma BDO, contratada por Tocumen, entregó en agosto de 2018 un diagnóstico del contrato de concesión del duty free para determinar el posible monto de la compensación.
Después de considerar variantes como la inversión realizada por metro cuadrado, la amortización para efectos de derecho de llave por los 10 años de duración del contrato y la fecha de entrega de los locales, la firma contable consideró que el monto aproximado a pagar sería de US$7,1 millones.
Hay una gran diferencia de US$33 millones entre lo que estaría dispuesto a reconocer Tocumen y lo que reclama Wisa; un monto que no se ha podido justificar de acuerdo con la línea de la gerencia de la terminal.
La controversia está lejos de llegar a su fin. Tocumen estaría consultando a la Procuraduría de la Administración para saber si el reclamo fue presentado oportunamente. Es decir, sin que hayan prescrito los términos legales.
Además, y en paralelo, se examina lo que Wisa le debería a Tocumen en pagos en concepto por ventas brutas generadas en locales comerciales asignados en otras licitaciones.
El cruce de las posibles deudas podría dejar en rojo la indemnización que reclama Wisa.
