Por La Prensa (Panamá)
La falta de liquidez de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado del proyecto más importante de la ampliación del Canal de Panamá, podría convertirse en un nuevo obstáculo en la parte final de la ejecución de la obra.
En una carta que Pietro Salini, máximo representante de Salini Impregilo, dirigió el pasado 15 de abril a los presidentes de las otras tres compañías que integran el consorcio (Sacyr, Jan de Nul y Cusa) y a la que tuvo acceso este diario, advierte de que "solamente tenemos alrededor de US$45 millones en nuestra cuenta bancaria, mientras que la deuda hacia proveedores y subcontratistas ha aumentado de US$160 millones a US$200 millones".
Además, las empresas no tienen certeza "sobre una hoja de ruta que asegure los fondos suficientes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para permitir a GUPC completar el proyecto".
El ejecutivo italiano recuerda a sus socios que "en nuestra opinión es obligatorio notificar [a la ACP] de la intención de suspender/ralentizar los trabajos para evitar caer en incumplimiento". Esta situación se produciría, porque " la falta de liquidez en el corto plazo provocaría una ralentización natural y no controlada de los trabajos por la falta de recursos y, no habiendo notificado a la ACP en el debido tiempo, GUPC caería en incumplimiento material", señala la misiva.
Tampoco es Salini partidario de una solución temporal y a muy corto plazo, salida que asegura sería "estratégicamente un suicidio".
Con un 85% de avance en la ejecución del tercer juego de esclusas y todas las compuertas instaladas, una solución a corto plazo "impulsaría a GUPC hacia el fin de los trabajos, facilitando a la ACP la oportunidad de expulsarnos del proyecto sin ninguna consideración".
Salini dice que declinaría cualquier responsabilidad que pueda surgir para GUPC por el retraso en el envío de una carta de intención de suspensión o ralentización de los trabajos, e insta a sus socios a involucrar al Gobierno de Panamá y al presidente Juan Carlos Varela, quien habría mostrado su disposición a mediar en la disputa.
La Prensa contactó ayer a los otros tres integrantes de GUPC y a representantes del mismo consorcio en Panamá para conocer sus posiciones, pero no se recibió respuesta.
Lo cierto es que hasta la fecha el consorcio no ha remitido a la ACP la notificación de suspensión o ralentización de los trabajos. A consulta de este diario, desde la administración de la vía interoceánica apuntaron que "el Canal de Panamá no ha recibido ninguna carta de parte del contratista. En esta etapa estamos trabajando en el flujo de caja a fin de concluir la obra, mientras el contratista cumple su compromiso adquirido el año pasado de resolver sus reclamos dentro de las instancias establecidas en el contrato".
‘Déjà vu’
La escena que describe Salini sobre las finanzas del consorcio recuerda a la situación que atravesó a finales de 2013 y principios de 2014. En aquel momento, la crisis estalló definitivamente luego del aviso de intención de suspensión del contratista, enviado el 30 de diciembre de 2013.
La empresa reclamaba a la ACP sobrecostos en la obra por US$1.600 millones y quería encontrar una solución negociada fuera de las instancias que establecía el contrato. No obstante, la ACP mantuvo su posición de respetar los canales establecidos en el contrato, que en primera instancia remitían a la propia ACP; en segundo lugar, a la Junta de Resolución de Disputas; y, por último, a un arbitraje internacional.
En aquel momento los trabajos llegaron a paralizarse durante dos semanas, causando grandes pérdidas para las partes y el retraso de la fecha de entrega de la obra hasta diciembre de 2015.
Finalmente, ACP y GUPC llegaron a un acuerdo que incluía la conversión de la fianza de US$400 millones en un préstamo para el consorcio y la inyección de otros US$200 millones, a razón de US$100 millones por cada una de las partes.
Los trabajos recuperaron el ritmo, así como las reclamaciones de GUPC, que al 31 de marzo de 2015 ascienden a US$2.682 millones, cifra que representa un 85% sobre el contrato original y refleja la magnitud de la disputa que libran cliente y contratista.
La falta de liquidez de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado del proyecto más importante de la ampliación del Canal de Panamá, podría convertirse en un nuevo obstáculo en la parte final de la ejecución de la obra.
En una carta que Pietro Salini, máximo representante de Salini Impregilo, dirigió el pasado 15 de abril a los presidentes de las otras tres compañías que integran el consorcio (Sacyr, Jan de Nul y Cusa) y a la que tuvo acceso este diario, advierte de que "solamente tenemos alrededor de US$45 millones en nuestra cuenta bancaria, mientras que la deuda hacia proveedores y subcontratistas ha aumentado de US$160 millones a US$200 millones".
Además, las empresas no tienen certeza "sobre una hoja de ruta que asegure los fondos suficientes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para permitir a GUPC completar el proyecto".
El ejecutivo italiano recuerda a sus socios que "en nuestra opinión es obligatorio notificar [a la ACP] de la intención de suspender/ralentizar los trabajos para evitar caer en incumplimiento". Esta situación se produciría, porque " la falta de liquidez en el corto plazo provocaría una ralentización natural y no controlada de los trabajos por la falta de recursos y, no habiendo notificado a la ACP en el debido tiempo, GUPC caería en incumplimiento material", señala la misiva.
Tampoco es Salini partidario de una solución temporal y a muy corto plazo, salida que asegura sería "estratégicamente un suicidio".
Con un 85% de avance en la ejecución del tercer juego de esclusas y todas las compuertas instaladas, una solución a corto plazo "impulsaría a GUPC hacia el fin de los trabajos, facilitando a la ACP la oportunidad de expulsarnos del proyecto sin ninguna consideración".
Salini dice que declinaría cualquier responsabilidad que pueda surgir para GUPC por el retraso en el envío de una carta de intención de suspensión o ralentización de los trabajos, e insta a sus socios a involucrar al Gobierno de Panamá y al presidente Juan Carlos Varela, quien habría mostrado su disposición a mediar en la disputa.
La Prensa contactó ayer a los otros tres integrantes de GUPC y a representantes del mismo consorcio en Panamá para conocer sus posiciones, pero no se recibió respuesta.
Lo cierto es que hasta la fecha el consorcio no ha remitido a la ACP la notificación de suspensión o ralentización de los trabajos. A consulta de este diario, desde la administración de la vía interoceánica apuntaron que "el Canal de Panamá no ha recibido ninguna carta de parte del contratista. En esta etapa estamos trabajando en el flujo de caja a fin de concluir la obra, mientras el contratista cumple su compromiso adquirido el año pasado de resolver sus reclamos dentro de las instancias establecidas en el contrato".
‘Déjà vu’
La escena que describe Salini sobre las finanzas del consorcio recuerda a la situación que atravesó a finales de 2013 y principios de 2014. En aquel momento, la crisis estalló definitivamente luego del aviso de intención de suspensión del contratista, enviado el 30 de diciembre de 2013.
La empresa reclamaba a la ACP sobrecostos en la obra por US$1.600 millones y quería encontrar una solución negociada fuera de las instancias que establecía el contrato. No obstante, la ACP mantuvo su posición de respetar los canales establecidos en el contrato, que en primera instancia remitían a la propia ACP; en segundo lugar, a la Junta de Resolución de Disputas; y, por último, a un arbitraje internacional.
En aquel momento los trabajos llegaron a paralizarse durante dos semanas, causando grandes pérdidas para las partes y el retraso de la fecha de entrega de la obra hasta diciembre de 2015.
Finalmente, ACP y GUPC llegaron a un acuerdo que incluía la conversión de la fianza de US$400 millones en un préstamo para el consorcio y la inyección de otros US$200 millones, a razón de US$100 millones por cada una de las partes.
Los trabajos recuperaron el ritmo, así como las reclamaciones de GUPC, que al 31 de marzo de 2015 ascienden a US$2.682 millones, cifra que representa un 85% sobre el contrato original y refleja la magnitud de la disputa que libran cliente y contratista.
