Claves del día

Oposición en Nicaragua reta a Ortega en las calles un año después de inicio de protestas

Un año después del inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, opositores nicaragüenses se movilizaron este miércoles en Managua para protestar contra las detenciones sufridas en los últimos 12 meses, pese al despliegue de cientos de policías para intentar impedir la marcha.

2019-04-17

Por AFP

'¡El pueblo unido jamás será vencido!' y ¡'Libertad para los presos políticos!', gritaron decenas de manifestantes en una rotonda en el sur de la capital, en medio de las sirenas de las patrullas de policías que tomaron la zona.

Las fuerzas de seguridad rodearon a los periodistas y manifestantes que se concentraron para iniciar la marcha denominada 'Todos somos abril', en un ambiente de mucha tensión.

'Tenemos que protestar, tenemos que decirle a la dictadura que tenemos derecho a manifestarnos', declaró a la AFP el politólogo José Antonio Peraza, del opositor Movimiento Por Nicaragua.

Cientos de agentes policiales y paramilitares cercaron el sitio de la manifestación, donde se concentraron cerca de un centenar de opositores.

'Hemos visto un despliegue policial desproporcionado, no nos han dejado ejercer nuestro derecho a la manifestación', dijo el dirigente estudiantil Max Jerez.

'Vamos a ir a la calle, no nos vamos a inmovilizar por el miedo porque no podemos. Hace un año fuimos protagonistas en la calle y vamos a salir nuevamente', dijo a la AFP, la universitaria Dolly Mora, de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que organizó la protesta.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que agrupa a empresarios, estudiantes y la sociedad civil, respaldó la convocatoria a marchar para conmemorar el inicio del estallido social contra Ortega.

'Nadie tiene miedo', aseguró el economista Juan Sebastián Chamorro, miembro de la ACJD, junto a otros manifestantes con la bandera de Nicaragua.

'Asesino Ortega, vamos a luchar hasta el día que te vayas', gritó un grupo de jóvenes mientras corrían por una calle huyendo de una patrulla policial.

La represión a las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 hundió a Nicaragua en una grave crisis política que erosionó la economía, con una contracción del 3,8% del PIB y la pérdida de 294.000 empleos, según el Banco Central.

Los gremios empresariales estiman por su parte que la economía se contrajo en un 4% el año pasado, con 400.000 puestos de trabajo perdidos.

La policía negó la autorización a la marcha alegando que sus organizadores 'estuvieron involucrados en graves alteraciones al orden público' en el pasado.

El gobierno mantiene una prohibición de manifestarse desde septiembre, cuando declaró ilegal las protestas y amenazó con acusar a los organizadores de alterar el orden y la seguridad ciudadana.

Ortega, un exguerrillero de 73 años, gobierna desde 2007 y es acusado por la oposición de corrupción y de instaurar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

'Hasta aquí'

'El pueblo de Nicaragua le ha puesto un hasta aquí a la dictadura, aunque aún este en el país', declaró a periodistas la abogada Azahalea Solís, integrante de la ACJD. 'Ha dejado demostrado que el régimen no está habilitado para gobernar, ha desnudado al régimen en su faceta de represor', agregó.

Organizadores de la marcha dieron recomendaciones a la población para no exponerse a la acción policial, como andar en grupos de no menos de 10 personas, detectar rutas de salida y lugares para resguardarse en caso de agresión.

En Managua, donde los empleados de las oficinas públicas se fueron de vacaciones por la Semana Santa, el ambiente estuvo calmo por la mañana, pero la presencia de las fuerzas de seguridad creció al acercarse la hora de la marcha.

La alta comisionada de la ONU para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el martes al gobierno a asegurarse de que las fuerzas de seguridad 'garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente'.

Bachelet pidió 'a las autoridades que tomen medidas con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza' tras señalar que en la represión el año pasado 'más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, 62.000 desplazadas fuera del país y varios cientos de personas han sido privadas de libertad'.

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