Un año ha transcurrido desde el inicio del agravamiento de la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que —entre el 28 de mayo y el 25 de junio de 2021— ejecutó 21 detenciones arbitrarias por razones políticas. En todos esos casos, los procesos judiciales siguieron el mismo patrón: comenzaron con la desaparición temporal de los reos por casi noventa días y terminaron con la imposición de condenas que van de 9 a 13 años de prisión o, como en el caso de Hugo Torres, con la muerte estando en custodia del Estado.
CONFIDENCIAL analizó los primeros 21 casos de presos políticos capturados en el contexto de las votaciones generales de 2021, en las que Ortega se reeligió sin competencia política en un proceso ilegítimo. Estos casos dejan al descubierto las razones del régimen para ejecutar las capturas, la repetición de la misma secuencia de violaciones a derechos humanos y la nula intención de liberarlos.
Luego de convocar a las elecciones generales, el 6 de mayo de 2021, el régimen de Ortega y Murillo —que aspiraba a reelegirse para un cuarto periodo consecutivo— inició una “cacería” contra partidos políticos opositores, organizaciones gremiales, medios de comunicación y movimientos políticos surgidos tras las protestas masivas de 2018.
Primero, el 20 de mayo de 2021, el régimen ejecutó el segundo allanamiento ilegal contra CONFIDENCIAL y Esta Semana, y tras el primero de decenas de interrogatorios en el Ministerio Público, ordenó el secuestro de dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Marcos Fletes y Walter Gómez, el viernes 28 de mayo.
Las detenciones continuaron el 2 de junio con Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la FVBCh y aspirante a la candidatura presidencial al momento de ser puesta en arresto domiciliario. Tres días después, el 5 de junio, fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Managua el catedrático y también aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira.
El martes 8 de junio, el régimen orteguista arrestó a cuatro opositores en menos de 12 horas. Fueron detenidos los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica, José Adán Aguerri. Al día siguiente la cacería continuó con el arresto del abogado constitucionalista y exdiputado, José Pallais.
El arresto de Tamara Dávila, del Consejo Político de la UNAB y la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS, la noche del 12 de junio, fue el preludio de otra cacería. Al día siguiente, el 13 de junio, fueron capturados: la comandante guerrillera y fundadora del MRS, Dora María Téllez; la integrante de Unamos y la UNAB, Ana Margarita Vijil; la presidenta de Unamos y miembro de la UNAB, Suyen Barahona; el exguerrillero sandinista y vicecanciller en los años ochenta, Víctor Hugo Tinoco; y el general de brigada en retiro, Hugo Torres, fallecido en prisión el 12 de febrero de 2022.
Otros presos políticos que entre finales de mayo y mediados de junio arriban a su primer año en prisión son: el expresidente ejecutivo del Banpro y CEO regional del Grupo Promérica, Luis Rivas Anduray; y el conductor personal de Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Vásquez; ambos capturados el 15 de junio de 2021. También, el precandidato presidencial y periodista, Miguel Mora, capturado el 20 de junio; el cronista deportivo Miguel Mendoza y la exdiputada y exprimera dama, María Fernanda Flores de Alemán, arrestados el 21 de junio. Además, el exdiputado liberal y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro, fue capturado el 25 de junio.
Desaparecidos por 90 días
Nadie sabía el paradero de Marcos Fletes y Walter Gómez. Ni sus familiares, ni sus compañeros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), ni sus abogados. Ambos estuvieron cerca de 90 días desaparecidos desde la noche del viernes 28 de mayo de 2021, cuando fueron secuestrados por agentes policiales.
Fletes, quien trabajaba como contador de la FVBCh, y Gómez, como financiero, supuestamente eran “investigados” por la Fiscalía por lavado de dinero, pero a sus familiares —que todos los días preguntaban por ellos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote— nunca les respondieron si estos se encontraban en ese lugar, tampoco les permitieron verlos ni hablar con ellos.
Al día siguiente de la captura, el Poder Judicial informó que la jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, había ampliado de 48 horas a 90 días el plazo para investigarlos. Durante ese periodo ambos, al igual que el resto de presos políticos, permanecieron “desaparecidos”.
Según una nota de prensa del Poder Judicial, Fletes y Gómez fueron puestos a la orden del Juzgado Décimo Penal de Audiencias el 29 de mayo de 2021 para una “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales”, de la que no dio más detalles y habría ocurrido a puerta cerrada.
María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez, relató que los primeros tres meses que su esposo estuvo desaparecido “fueron los más negros” debido a la incertidumbre que sufría por no saber nada de él. “Nosotros no tuvimos ningún contacto con él, no sabíamos cómo estaba y él tampoco tenía noticias de nosotros. La incomunicación es una tortura espantosa”, comentó.
