'Aproximadamente 30 millones de reales (unos US$8 millones) entre conferencias y donaciones fueron puestos por grandes constructoras a disposición' de Lula, dijo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba.
'Los favores son muchos y difíciles de cuantificar. Es más fácil cuantificar las obras en el tríplex y las obras en la finca', en referencia a dos propiedades que la fiscalía sospecha fueron pagadas por constructoras en beneficio de Lula, añadió.
La casa de Lula en Sao Paulo fue allanada este viernes por la policía y el expresidente fue llevado por la policía federal a declarar en su sede del aeropuerto de Congonhas en el marco de la investigación del megafraude a la petrolera. La noticia movilizó a partidarios y detractores del exmandatario hasta la terminal.
'Estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibieron ventajas para conseguir acciones dentro del gobierno. Eso aún es una hipótesis investigativa', dijo Lima.
El fiscal precisó que las grandes constructoras involucradas en el fraude a la petrolera hicieron el 60% de las donaciones recibidas por el Instituto Lula del exmandatario, por un total de 20 millones de reales entre 2011 y 2014. Seis constructoras hicieron pagos de 10 millones de reales que representan el 47% de los ingresos de la empresa LILS Palestras de Lula.
Las empresas son Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y UTC.
'No hay nadie exento de investigación en el país (...) Lula no tiene fueros privilegiados', aseguró Lima.
Instituto Lula denuncia 'violencia' contra expresidente y dice es 'una agresión al Estado de Derecho'
El allanamiento de la casa del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y su traslado a la policía a declarar en el marco del fraude a Petrobras 'es una agresión al Estado de Derecho', dijo el viernes el Instituto Lula del exmandatario.
'La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña', dijo el Instituto en un comunicado. La acción de la policía 'es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema'.
