Por Bloomberg
Durante años, los países más grandes trataron de ser más listos que los evasores de impuestos para recuperar billones de dólares guardados en cuentas offshore. Muchos de estos últimos se cansaron de esperar y ahora sólo quieren hacer las paces y devolver parte del dinero.
Desde Indonesia y Turquía hasta India y Argentina, muchas de las 20 economías más grandes del mundo están ofreciendo amnistías o incentivos para que ciudadanos y empresas repatríen fondos, algunos legales, otros no. Mientras que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump quiere una moratoria impositiva para recuperar parte de los más de 2 billones de dólares en ingresos que las empresas acumularon en el exterior, Australia quiere promulgar un impuesto para impedir la fuga de ganancias.
A algunos políticos los impulsa la indignación pública ante lo que se percibe como una injusticia del sistema tributario subrayada por los Panama Papers; a otros, la perspectiva de normas impositivas más duras acordadas bajo los auspicios del G-20.
Los Panama Papers fue un amplio reportaje publicado en diversos medios del mundo, en el que se da cuenta de filtraciones de más de 11.5 millones de documentos del bufete de abogados panamelo Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales, que mostraron cómo políticos y personajes públicos han evitado el pago de impuestos.
Lo que todos tienen en común es la necesidad de reforzar las arcas públicas. Hasta ahora los resultados son dispares: los planes tomaron envión en Argentina y no tanto en países como Brasil.
"Estamos en el medio de uno de los problemas más grandes de las relaciones internacionales: la necesidad de un Estado de tener cierto control sobre lo que cree que es su base de contribuyentes", dijo Jorge Braga de Macedo, exministro de Finanzas de Portugal y miembro del Centre for International Governance Innovation, con sede en Ontario.
En vista de las promesas de los países miembros del G-20 de cooperar contra la evasión fiscal, hay "cierto grado de cinismo, por supuesto, pero a fin de cuentas sólo se trata del interés nacional".
POTENCIAL
En teoría, las posibles ganancias para los erarios públicos son enormes. Se transfirieron US$638.000 millones en ganancias a paraísos fiscales en países en vías de desarrollo en 2014, lo que equivale a US$172.000 millones en ingresos perdidos, según un estudio de Oxfam.
Australia, que lucha por mantener su calificación crediticia 'AAA', perdió unos 19 mil millones de dólares australianos (US$14.600 millones) en ganancias corporativas a manos de paraísos fiscales offshore en 2014, lo que les costó hasta US$5.000 millones a los contribuyentes, según Oxfam.
La filtración de datos de los Panama Papers este año alimentó la ira generalizada contra los individuos ricos y las empresas que evitan al fisco y llevó a los políticos a tomar medidas, dijo Macedo.
"Fue un aviso para que los Estados hagan algo. La transparencia es fundamental, si no sólo los tontos pagan impuestos".
INTENTOS
Los últimos intentos por obtener la riqueza de los individuos retenida en el exterior están arrojando resultados dispares.
En Brasil, las dudas sobre las garantías legales de una amnistía y los plazos de presentación disminuyeron el interés en repatriar.
Mientras que en México, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dijo este miércoles luego de los Panama Papers hasta el momento se han recuperado 395 millones de pesos.
Hay 34 personas físicas o morales en procedimiento amigable, que es por invitación, agregó Núñez en entrevista con Radio Fórmula.
Además, hay 40 auditorías en curso, y se está revisando si se arrancan 27 auditorías más.
Indonesia registró unos 3.7 billones de rupias (US 280 millones) declarados en las primeras dos semanas de una amnistía que se extiende hasta marzo de 2017.
El país busca recuperar 560 trillones de rupias. Muchos ignoraron un programa similar en 2008.
En Argentina, una amnistía fiscal con compras de bonos arrancó con el pie derecho y las condiciones atractivas podrían llevar a los argentinos a declarar entre 1000 mil millones y 150 mil millones de dólares, según los expertos.
"La coordinación en el G-20 es poco precisa en el mejor de los casos", dijo Guntram Wolff, director de Bruegel, un think tank económico en Bruselas.
"No es que haya instrumentos intergubernamentales fuertes que se puedan usar, en los que estén de acuerdo las autoridades chinas, europeas, brasileñas y tucas".
Durante años, los países más grandes trataron de ser más listos que los evasores de impuestos para recuperar billones de dólares guardados en cuentas offshore. Muchos de estos últimos se cansaron de esperar y ahora sólo quieren hacer las paces y devolver parte del dinero.
Desde Indonesia y Turquía hasta India y Argentina, muchas de las 20 economías más grandes del mundo están ofreciendo amnistías o incentivos para que ciudadanos y empresas repatríen fondos, algunos legales, otros no. Mientras que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump quiere una moratoria impositiva para recuperar parte de los más de 2 billones de dólares en ingresos que las empresas acumularon en el exterior, Australia quiere promulgar un impuesto para impedir la fuga de ganancias.
A algunos políticos los impulsa la indignación pública ante lo que se percibe como una injusticia del sistema tributario subrayada por los Panama Papers; a otros, la perspectiva de normas impositivas más duras acordadas bajo los auspicios del G-20.
Los Panama Papers fue un amplio reportaje publicado en diversos medios del mundo, en el que se da cuenta de filtraciones de más de 11.5 millones de documentos del bufete de abogados panamelo Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales, que mostraron cómo políticos y personajes públicos han evitado el pago de impuestos.
Lo que todos tienen en común es la necesidad de reforzar las arcas públicas. Hasta ahora los resultados son dispares: los planes tomaron envión en Argentina y no tanto en países como Brasil.
"Estamos en el medio de uno de los problemas más grandes de las relaciones internacionales: la necesidad de un Estado de tener cierto control sobre lo que cree que es su base de contribuyentes", dijo Jorge Braga de Macedo, exministro de Finanzas de Portugal y miembro del Centre for International Governance Innovation, con sede en Ontario.
En vista de las promesas de los países miembros del G-20 de cooperar contra la evasión fiscal, hay "cierto grado de cinismo, por supuesto, pero a fin de cuentas sólo se trata del interés nacional".
POTENCIAL
En teoría, las posibles ganancias para los erarios públicos son enormes. Se transfirieron US$638.000 millones en ganancias a paraísos fiscales en países en vías de desarrollo en 2014, lo que equivale a US$172.000 millones en ingresos perdidos, según un estudio de Oxfam.
Australia, que lucha por mantener su calificación crediticia 'AAA', perdió unos 19 mil millones de dólares australianos (US$14.600 millones) en ganancias corporativas a manos de paraísos fiscales offshore en 2014, lo que les costó hasta US$5.000 millones a los contribuyentes, según Oxfam.
La filtración de datos de los Panama Papers este año alimentó la ira generalizada contra los individuos ricos y las empresas que evitan al fisco y llevó a los políticos a tomar medidas, dijo Macedo.
"Fue un aviso para que los Estados hagan algo. La transparencia es fundamental, si no sólo los tontos pagan impuestos".
INTENTOS
Los últimos intentos por obtener la riqueza de los individuos retenida en el exterior están arrojando resultados dispares.
En Brasil, las dudas sobre las garantías legales de una amnistía y los plazos de presentación disminuyeron el interés en repatriar.
Mientras que en México, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dijo este miércoles luego de los Panama Papers hasta el momento se han recuperado 395 millones de pesos.
Hay 34 personas físicas o morales en procedimiento amigable, que es por invitación, agregó Núñez en entrevista con Radio Fórmula.
Además, hay 40 auditorías en curso, y se está revisando si se arrancan 27 auditorías más.
Indonesia registró unos 3.7 billones de rupias (US 280 millones) declarados en las primeras dos semanas de una amnistía que se extiende hasta marzo de 2017.
El país busca recuperar 560 trillones de rupias. Muchos ignoraron un programa similar en 2008.
En Argentina, una amnistía fiscal con compras de bonos arrancó con el pie derecho y las condiciones atractivas podrían llevar a los argentinos a declarar entre 1000 mil millones y 150 mil millones de dólares, según los expertos.
"La coordinación en el G-20 es poco precisa en el mejor de los casos", dijo Guntram Wolff, director de Bruegel, un think tank económico en Bruselas.
"No es que haya instrumentos intergubernamentales fuertes que se puedan usar, en los que estén de acuerdo las autoridades chinas, europeas, brasileñas y tucas".
