Hasta ahora dos viceministros del gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) han sido acusados por la adjudicación del permiso, pero 'nuevas líneas de investigación establecen la supuesta intervención de otros actores', explicó en un comunicado el Ministerio Público, sin ofrecer más detalles.
Miembros de la Fiscalía de Etnias y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) 'decomisaron documentos referentes a posibles irregularidades en el licenciamiento ambiental a proyectos hidroeléctricos, como Agua Zarca', en las oficinas del Ministerio de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
El MP reconoció que hubo 'vulneración' del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el otorgamiento de la licencia para ejecutar el proyecto 'Agua Zarca' en el río Gualcarque, contra el que luchaba Cáceres.
éste convenio obliga al Estado a realizar un proceso de consulta libre a las comunidades indígenas sobre las concesiones que afecten los recursos naturales en sus territorios.
Cáceres fue asesinada la madrugada el 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), a pesar de que tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar amenazas de parte de la compañía.
Al frente de un movimiento de indígenas lencas, Cáceres organizó bloqueos de carreteras y otras protestas que lograron suspender las obras en el río Gualcarque, pero DESA no ha desistido del proyecto.
Seis personas están detenidas, incluido un empleado de DESA, por el crimen de la ambientalista, quien era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)
La familia de Cáceres exige una comisión investigadora internacional de su asesinato por desconfiar de las autoridades hondureñas.
El pasado 2 de diciembre Cáceres recibió a título póstumo el premio Campeón de la Tierra, máxima distinción que entrega Naciones Unidas a los ambientalistas.
